El postergado plan de reducción de subsidios a la energía tiene, por primera vez, un documento oficial que detalla cuál será (o sería) la estrategia del Gobierno para poder segmentar a los usuarios residenciales.
Desde que asumió Alberto Fernández, se habla de avanzar en ese sentido para bajar los aportes estatales, pero esto nunca se llevó a cabo.
El plan implica que aproximadamente el 10% de los hogares, aquellos con mayor poder adquisitivo del país, pague las tarifas de gas y de luz plenas, sin subsidios. Se trata de unos 921 mil titulares del servicio de energía eléctrica y de 760 mil del servicio de gas natural residencial.
El proyecto fue desarrollado por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Enre) en un informe que elaboró junto con el Conicet. A este documento, la Subsecretaría de Planeamiento Energético, que depende del Ministerio de Economía que lidera Martín Guzmán, le agregó algunas condiciones socioeconómicas para hacer más amplio el universo de personas que perderán los subsidios.
Esto es así porque el análisis del Enre se acota a usuarios de Edesur y de Edenor del Área Metropolitana de Buenos Aires.
El proyecto será parte del contenido de las audiencias públicas que se llevarán a cabo la semana que viene (10, 11 y 12 de mayo) para debatir la actualización de las tarifas de ambos servicios y la segmentación de los aportes estatales sobre el principio de gradualidad.
Criterios de exclusión
De acuerdo con el informe técnico, la idea es que haya seis criterios que se van a contemplar para retirar la totalidad de los subsidios a los residenciales que cumplan al menos uno de ellos.
Dos tienen que ver con la ubicación del domicilio: perderán los aportes los hogares ubicados dentro de sectores de alta capacidad de pago que ya fueron identificados por el Enre y en countries y barrios cerrados. En estos casos, en el Amba.
También pagarían tarifa plana los hogares de cuatro integrantes que tengan ingresos superiores a 3,5 canasta básicas (314 mil pesos a valores de marzo) y los titulares que posean tres o más inmuebles registrados, tres o más vehículos con antigüedad menor a los cinco años o tengan aviones o embarcaciones de lujo.
Cualquiera de estos condicionamientos será motivo para determinar la quita de los subsidios.
La segmentación no está completa, ni mucho menos.
El informe técnico advierte que “se ha logrado identificar y asignar características al 59,4% de los suministros en el caso de energía eléctrica y al 69% en el caso del gas para el total nacional”, pero que hay distritos del interior donde ese porcentaje se reduce porque “la información suministrada no permite una identificación correcta de los titulares”.
Es decir, sobre alrededor de tres de cada 10 hogares con gas y sobre cuatro de cada 10 hogares con luz, Economía no tiene detalles suficientes para segmentarlos. La idea es pedirles el apoyo a las distribuidoras, algo que aún no ha ocurrido, al menos en el caso de Epec y de Ecogas.
Lo que es casi seguro es que si en definitiva se avanza con el retiro de los subsidios en estas condiciones, se multipliquen los reclamos de los que consideran no formar parte del 10% más rico. El mismo informe advierte que tiene problemas en ese sentido.
