- Se pagan 11.109 sueldos, entre empleados, funcionarios y monotributistas.
- Tamse y Coys suman otros 1.678 empleados.
- Además, el plan social de Servidores Urbanos tiene casi 1.900 participantes y hay 961 becarios.
El ajuste salarial aplicado por la gestión de Martín Llaryora y el consecuente conflicto con el gremio de los municipales (Suoem) pusieron a la política de recursos humanos de la gestión peronista de la Municipalidad de Córdoba en primer plano y la cantidad de sueldos que paga el municipio es uno de los grandes temas de debate de la política local. Si se considera sólo a quienes se desempeñan en el municipio, el Concejo y el Tribunal de Cuentas, son 11.109 salarios, incluyendo a 818 monotributistas con funciones similares a las del personal estable.
Si se agregan también las empresas municipales Tamse y Coys –que cada vez asumen más servicios que antes dependían en exclusiva de los municipales–, el número se eleva a 12.787. Y si además se consideran los becarios y los servidores urbanos, el número de personas que cumplen funciones en el municipio llega a 15.648, aunque estos dos últimos grupos no se vinculan a la administración por vía laboral. Los becarios son parte de un programa de capacitación laboral; los servidores urbanos son beneficiarios de un programa social.
La respuesta sobre la cantidad de sueldos que paga el municipio no es sencilla, porque la diversificación de regímenes por fuera del costoso Estatuto del Empleado municipal es justamente la clave de la administración Llaryora. Todos los incorporados representan costos significativamente más bajos que los del salario municipal.
Municipales
Si se observa sólo la planta de municipales –efectivos, transitorios y contratados bajo el convenio del Suoem–, el número asciende a 10.291 agentes. Según los datos de la Secretaría General, esos son todos los sueldos que se pagan en el Ejecutivo, el Concejo Deliberante y el Tribunal de Cuentas, incluyendo a las autoridades. Ese número permanece estable.
Ese grupo conforma lo que tradicionalmente se consideraron “los municipales”. 9.111 de esos agentes están en planta permanente, 97 son de planta transitoria y 602 son contratados, la mitad de los cuales trabaja en la Secretaría de Salud.
Primera aclaración importante. Más de 770 empleados de planta permanente se acogieron a la pasividad anticipada voluntaria y la mayor parte de ellos ya dejó de trabajar, aunque seguirán cobrando entre el 60 y el 70 por ciento de su sueldo hasta que se jubilen. Se trata, en casi todos los casos, de personas del máximo nivel salarial, puesto que a todos ellos les faltan menos de 10 años para jubilarse. Según los datos de la Caja de Jubilaciones, el salario bruto promedio de esos agentes se acerca a los 186 mil pesos. El descuento por el retiro supone una media de 60 mil pesos por agente pasivizado.
En tanto, el salario bruto promedio de la totalidad de los empleados municipales se redujo en más de 30 mil pesos en el transcurso de 2020 y en la actualidad orilla los 105 mil pesos.
Monotributistas en alza
Pero el municipio tiene más empleados. Con la gestión Llaryora, se incrementó el número de monotributistas. Según los datos oficiales, bajo la modalidad de contratos de locación de servicios se desempeñan 818 personas que son contratadas de manera cuatrimestral o semestral, por montos que mayoritariamente oscilan entre los 40 mil y los 80 mil pesos mensuales. En septiembre del año pasado eran 539.
Según lo informado, 291 monotributistas son profesionales de la salud, algunos incorporados como refuerzos por la pandemia y otros, como reemplazo de los 253 agentes sanitarios que se encuentran sin trabajar por pertenecer a grupos de riesgo. Hay otros 401 monotributistas repartidos en el resto de las secretarías del municipio, y 126 pertenecen al cuerpo de Promotores de Convivencia, otra categoría que debutó en la Justicia de Faltas con la gestión Llaryora.
El Ejecutivo defiende esa modalidad de contratación por dos motivos: sostiene que no genera relación de dependencia y que supone un costo salarial muy inferior al de los empleados municipales, puesto que no incluye aportes ni contribuciones. Hasta ahora, todos siguen cobrando los mismos montos por los que fueron contratados: nunca tuvieron aumento. Quienes la objetan cuestionan que los monotributistas sean elegidos a dedo y consideran que a futuro podrán reclamar permanencia.
También hay que sumar a los becarios, profesionales jóvenes o pasantes universitarios que participan de este programa de capacitación laboral que el municipio implementó hace años en áreas como Deportes, Salud (médicos residentes), Género, Justicia de Faltas y Cultura. Aunque muchas becas se discontinuaron por la pandemia, en la actualidad hay 961 becarios. El número podría ampliarse todavía más cuando queden atrás las restricciones que la pandemia impone en varias de esas áreas.
Tamse y Coys
Aunque son autárquicos, la empresa municipal Tamse y el ente Córdoba Obras y Servicios (Coys, ex-Esop, ex-Crese) también tienen personal que, en última instancia, depende del municipio. Esas empresas siempre fueron otra puerta de entrada de personal sin concurso de ningún tipo y con los robustos salarios que garantizan los convenios laborales de UTA y del Surrbac. Entre ambas, hoy suman 1.678 empleados.
Los datos oficiales de Tamse indican que tiene un total de 285 empleados, que, además de prestar el servicio de troles, realizan tareas de mantenimiento urbano, de alumbrado y de espacios verdes. Hace un año, los empleados de Tamse eran 262. Su titular, Marcelo Rodio, explicó que la diferencia radica en la incorporación de los 22 empleados de la estación de servicios YPF que desde fines del año pasado explota la firma municipal y que provee de combustible a buena parte de la flota.
La planta de Crese es muy superior: en total, hoy paga 1.393 sueldos. Según el detalle informado por Victoria Flores, titular de ese ente, 1.280 empleados son los efectivos de planta, 80 son eventuales contratados como reemplazos de quienes toman vacaciones, 18 son funcionarios y también hay 15 monotributistas.
En el último año, el Coys hizo una fuerte inversión en equipamiento y hoy, además de las tareas de barrido y tratamiento de la basura, tiene en sus manos numerosas prestaciones, desde mantenimiento del alumbrado y limpieza de basurales hasta mantenimiento de espacios verdes y limpieza de canales. Esa es la otra constante de la política de personal de Llaryora: los sueldos de las empresas municipales son más productivos. Entre los municipales, esa característica no se reitera.
Reclamo y negociación con los servidores urbanos
Los servidores urbanos existen en la Municipalidad de Córdoba desde los años de Luis Juez, pero se hicieron visibles recién en la gestión de Martín Llaryora: primero, por la identificación de los beneficiarios de ese plan social con chalecos celestes, luego porque el municipio les asignó tareas que hasta el año pasado nadie hacía en la ciudad –la pintura del espacio público, en especial– y más tarde por la cantidad: hoy son casi 1.900 participantes.
En los últimos meses, además, el municipio invirtió en equipamiento para los servidores urbanos: desmalezadoras y herramienta para el cuidado de espacios verdes. También intensificó la logística para la movilidad de un gran número de personas por la ciudad.
La discusión pública sobre ese plan social se intensificó del mismo modo que la visibilidad de los chalecos celestes. Un sector de la oposición denuncia que se trata de un municipio paralelo, y, desde la propia bancada oficialista, el edil Diego Casado denunció la precariedad que supone el pago de 10 mil pesos mensuales por cuatro horas de trabajo a los servidores urbanos. El resultado fue un inmediato reclamo de aumento de la asignación que paga el municipio.
Hasta ahora ese monto no se actualizó, pero el Ejecutivo acepta que debe ser revisado y conformó una mesa de diálogo en la que intervienen las cooperativas que nuclean a los chalecos celestes.
