En un contexto de tensión por la distribución de fondos entre Nación y provincias, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este lunes un ambicioso proyecto de reforma impositiva que incluye la creación de un nuevo impuesto conocido como “super-IVA”.
La medida busca dividir el actual Impuesto al Valor Agregado entre el Gobierno nacional y las administraciones provinciales, en lo que el ministro definió como una forma de “competencia fiscal entre jurisdicciones”.
La propuesta forma parte de la estrategia más amplia de desregulación y simplificación fiscal impulsada por el presidente Javier Milei, y marca un punto de negociación en la relación con los gobernadores, muchos de los cuales observan con preocupación el impacto que tendría en la coparticipación y en la autonomía financiera de sus distritos.
“Vamos a dividir el IVA entre Nación y provincias. Cobraríamos 9% sobre el 21% que es el IVA y las provincias pondrán el suyo”, explicó Caputo durante una entrevista en el ciclo de streaming La Casa.
La frase encendió inmediatamente alarmas y conjeturas en los despachos provinciales, donde se interpreta que la Nación busca ceder parte de la recaudación, pero también trasladar el costo político de cobrar impuestos directamente a los gobiernos locales.
En el caso de Córdoba, desde el Gobierno provincial no se efectuaron comentarios sobre las declaraciones de Caputo. Esperan que haya definiciones más concretas o, en todo caso, un anuncio antes de emitir una opinión.
Qué propone el super-IVA
En términos técnicos, la reforma implica que el Estado nacional conservaría una alícuota del 9%, mientras que el resto -hasta completar el 21% actual- quedaría en manos de las provincias, que podrían establecer su propio porcentaje.
De prosperar, esta nueva arquitectura fiscal habilitaría un modelo de IVA dual, que abriría la puerta a diferencias impositivas entre jurisdicciones, dependiendo del criterio y de las necesidades de cada gobernador.
Caputo enmarcó esta idea en la lógica de una “revolución fiscal” que, según adelantó, eliminará hasta el 90% de los tributos nacionales existentes, en un intento por aligerar la carga impositiva, simplificar el sistema y fomentar la inversión privada.
Se recalienta
“Hoy tenemos más de 160 impuestos, pero 10 concentran casi toda la recaudación. Hay que limpiar esa estructura”, sostuvo el ministro.
El anuncio, sin embargo, puso en alerta a los gobernadores, muchos de los cuales ven en esta jugada una forma de quitarse responsabilidad por parte del Ejecutivo nacional. Varios mandatarios consultados en reserva señalaron que el super-IVA puede traducirse en una transferencia de responsabilidad sin una garantía real de recaudación.
En los hechos, la reforma implicaría que cada provincia deba cobrar y administrar su porción del IVA, lo que plantea desafíos operativos, legales y políticos.
“Esto no es federalismo fiscal, es pasarle la papa caliente a las provincias”, afirmó un funcionario del norte argentino, visiblemente molesto por el anuncio.
El cordobés Martín Llaryora, por ejemplo, deslizó su opinión sobre la relación Nación-provincias, cuando se presentó ante la Corte Suprema con el reclamo por la deuda a la Caja de Jubilaciones. “La autonomía fiscal no puede construirse sobre la fragilidad de las provincias”, subrayó.
Por su parte, economistas de distintos signos ideológicos coincidieron en que el IVA es un tributo técnicamente eficiente, pero regresivo, y alertaron que fragmentarlo podría generar distorsiones en el mercado interno si se crean alícuotas distintas entre provincias limítrofes.
“El riesgo es que terminemos con un mapa impositivo tan desigual como el que ya tenemos con Ingresos Brutos”, advirtió el tributarista César Litvin.
Con este anuncio, el Gobierno nacional introduce un nuevo eje de discusión en medio de la negociación por la ley Bases y la reestructuración del pacto fiscal con las provincias. Desde Casa Rosada dejaron trascender que el proyecto de reforma tributaria será enviado al Congreso “cuando las condiciones políticas lo permitan”, pero ya se trabaja en borradores con el equipo de Caputo y de la Secretaría de Hacienda.
En el trasfondo, el Ejecutivo busca reducir su dependencia de la coparticipación y devolverles a las provincias el poder y las obligaciones para recaudar, en línea con una visión libertaria de descentralización y autonomía. Pero, para muchos mandatarios, el temor es que esa descentralización llegue sin recursos, sin logística y sin consenso.
El super-IVA abre una discusión profunda sobre el modelo fiscal argentino: si debe seguir siendo solidario y centralizado, o si es tiempo de avanzar hacia una competencia entre provincias con impuestos propios. Lo que está claro es que, lejos de calmarse, el frente fiscal suma un nuevo foco de tensión.
Propuesta
En el contexto del 47º aniversario de la Fundación Mediterránea, el presidente del Ieral, el centro de estudios económicos de la entidad, Osvaldo Giordano, presentó una propuesta de super-IVA.
De ese evento participó el ministro de Economía y Gestión Públicas de la provincia, Guillermo Acosta, el hombre de confianza de Llaryora en ese sentido. Giordano explicó una propuesta para unificar el IVA, Ingresos Brutos y las tasas municipales en un único tributo, con el objetivo de simplificar el sistema impositivo y reducir la carga burocrática y financiera sobre los ciudadanos.
El planteo del titular del Ieral respondía a que el super-IVA tiene la lógica de que los buenos impuestos (en este caso el IVA) sustituyan a los malos impuestos (como Ingresos Brutos y tasas municipales). Pero planteaba una tasa superior, de alrededor del 29%.
