El comunicado oficial del Gobierno provincial tiene una hora inédita: 23.59 del jueves último. El horario de difusión es lo de menos cuando se repasa el texto de 463 palabras. El gobernador Martín Llaryora dejó en claro que va “a fondo” en la pulseada con los gremios estatales.
En medio del conflicto por la suba de los aportes personales de los empleados provinciales y por dejar sin efecto la paritaria que en septiembre pasado firmó el anterior gobernador Juan Schiaretti, el nuevo mandatario provincial planteó un mecanismo de “evaluación de desempeño” en los 44 hospitales provinciales.
“Vamos a eficientizar los recursos humanos, para que con menos personal se presten los mismos o mejores servicios”, les planteó Llaryora a los directores de los hospitales, junto al ministro de Salud, Ricardo Pieckenstainer, que viene de dirigir a uno de los centros de salud privados más emblemáticos de Córdoba: el hospital Privado.
Ya en la campaña para gobernador, Llaryora hablaba de una “coordinación” entre el sector público y el privado para mejor la atención en salud.
“Es impresionante la cantidad de fondos que el Estado destina a la salud, pero eso no se refleja en una mejor atención de la gente”, deslizaba el entonces candidato oficialista, en charlas privadas, en aquellos días agitados de campaña.
En aquel momento, Llaryora ya pensaba en gestionar a los nosocomios estatales con la lógica y “la exigencia” del sector privado.
Por eso, no sorprendió que pensara en Pieckenstainer, un histórico referente del sector privado. Dicen que tuvo que hablar mucho para convencer al médico y empresario para que aceptara el reto de hacerse cargo del Ministerio de Salud.
Lo que Llaryora no pensó es que su reforma en la salud pública se diera en un contexto tan adverso: fuerte puja por los aumentos salariales, por una inflación desbocada, y una caída pronunciada (7% mensual en los últimos tres meses) de la recaudación. El combo más temido para cualquier gobernante.
A fondo
El nuevo gobernador decidió ir contra todos los frentes de conflicto al mismo tiempo: reformas en la salud, también lo intentará en educación, dinamitar el acuerdo salarial que firmó su antecesor, y como si fuera poco, ajustar la cantidad de personal. Estos significa que más de un millar de contratados pierdan sus puestos.
Para los gremios son muchos más. Hablan de 2.500, sumando a monotributistas y becarios que dejarán de prestar servicios.
En esta columna ya se dijo que Llaryora siempre amaga a ir por todo, para luego negociar para quedarse con algo.
Los referentes de los estatales están convencidos de esta estrategia. Pero los gremios no quieren perder nada. Ahí se concentra el foco de un conflicto, que parece que será de “largo aliento”, como pronosticó el impulsivo líder municipal Rubén Daniele.
Llaryora no se refiere a lo poco o mucho que puede conseguir en esta pulseada con los estatales. Cada vez que habla con sus ministros les remarca que deben ajustar gastos, para prestar los mismos servicios, pero con menos recursos.
El gobernador es hijo de un sindicalista (su padre fue líder del gremio bancario en San Francisco), y es peronista desde la cuna. Pero rompe el molde de los gobernantes peronistas tradicionales, de tener una buena relación con los gremios.
Cuando fue intendente de su ciudad, luego en Córdoba capital, tuvo una relación conflictiva con los gremios en los arranques de sus gestiones. Este inicio como gobernador no es la excepción.
Sus antecesores peronistas en el Centro Cívico José Manuel de la Sota y Schiaretti tuvieron el apoyo de los referentes de los principales gremios estatales.
Walter Grahovac, exlíder de la UEPC, fue 16 años ministro de Educación. Mientras que José “Pepe” Pihen fue titular del SEP y de la CGT Córdoba, además de ser legislador oficialista durante dos períodos.
Llaryora, en cambio, no tiene afinidad ni cercanía con ninguno de los actuales líderes estatales. Aunque ya hay algunos dirigentes peronistas que están dialogando con los sindicalistas para acercar posiciones.
Los estatales esperaban días complicados, pero no de esta magnitud. Ante la sorpresa de la embestida, que arrancó con el aumento de los aportes, hubo una reacción inmediata con un “paro activo” el 28 de diciembre, cuando la gestión llaryorista llevaba sólo 18 días.
Fue la medida de fuerza más rápida de los estatales a un gobernador. También es inédito el contexto económico y social.
Parece fuera de contexto aquella definición del entonces gobernador Schiaretti, quien en el escenario de la Unión Industrial de Córdoba (UIC), el 4 de diciembre pasado, afirmó que le dejaba “en caja” 932 millones de dólares a su sucesor para “afrontar lo que viene”.
En los encendidos discursos de los dirigentes estatales se preguntaron dónde están esos dólares. Además de Llaryora, también le apuntan a Schiaretti.
En el fondo, hay una cuestión política: Llaryora está convencido de que en esta provincia, donde se votó masivamente a Javier Milei, le brinda réditos enfrentarse con los estatales y hablar de “eficientizar” el gasto del Estado.
Por eso va a fondo contra los estatales. No se sabe hasta cuándo pisará el acelerador.
