El proyecto impulsado por Hacemos por Córdoba para crear un Ministerio Público de la Defensa amaga con “empiojar” la relación entre el Poder Judicial y la Legislatura provincial, por el rechazo de un sector importante de los magistrados (incluyendo a integrantes del Tribunal Superior de Justicia) a aspectos centrales en el funcionamiento del Poder Judicial.
Jueces y legisladores oficialistas –que por ahora tendrían el apoyo de la bancada de Juntos por el Cambio, pero no de la UCR– se verán las caras este miércoles a las 10, cuando sesionen de manera conjunta las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, en lo que sería el último debate previo a la sanción de la ley en el recinto, en las próximas semanas.
El proyecto redactado por Oscar González, que fuera adelantado por La Voz semanas atrás, propone que el nuevo organismo esté dirigido por un defensor General inamovible del cargo (“vitalicio”, salvo una inconducta) y equiparado salarialmente con un vocal del TSJ, quien estaría auxiliado en el cargo por cuatro adjuntos, también vitalicios.
Uno de los puntos centrales del cuestionamiento de los jueces (quienes mantuvieron reuniones en los últimos días en el marco de la Asociación de Magistrados) es que, de aprobarse el proyecto, este nuevo defensor General se sentará en el Consejo de la Magistratura, siendo el único de los 10 integrantes que permanecerá inamovible en el cargo.
“El gobernador Schiaretti, que es quien lo designaría en caso de que este proyecto se apruebe, habrá puesto en el Consejo de la Magistratura a un funcionario a perpetuidad”, dijo a La Voz un camarista que objeta abiertamente el proyecto de González.
El tema también se analizó en la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, con críticas similares por la ampliación del Consejo de la Magistratura y el hecho de que el nuevo integrante lo sea de por vida.
Actualmente, el Consejo de la Magistratura tiene nueve miembros: un vocal del Tribunal Superior de Justicia elegido por el cuerpo cada año, por lo que rota; el fiscal General, que dura en el cargo sólo cinco años; un legislador, con cargo de cuatro años; dos jueces; dos abogados y un integrante de la academia, todos ellos elegidos por sus pares y con mandatos de dos años.
En la previa de la reunión de las comisiones legislativas, fuentes de la Asociación de Magistrados y del Tribunal Superior de Justicia anticiparon que explicitarán sus críticas por el presunto avance del poder político sobre la Justicia. Algunos magistrados creen que el cargo de defensor General “tiene un nombre propio”, y que los adjuntos “son un esquema de reparto para garantizar votos opositores”.
Cuestiones técnicas
Además, hay otros cuestionamientos técnicos al proyecto de ley. El central: se prevé un esquema mixto de defensa, en el cual se terceriza en el Colegio de Abogados la organización e implementación un servicio de patrocinio gratuito, con los honorarios fijados por el Tribunal y a cargo del Ministerio de Justicia.
La duda en este punto –planteada por jueces, camaristas y defensores oficiales del actual sistema– es si los abogados designados “¿serán defensores con experiencia o noveles convocados para hacer sus primeras armas?”. El cuerpo de asesores letrados que presta el servicio actualmente tiene una muy buena reputación técnica.
En ese sentido, entienden que dejar en manos inexpertas la defensa (o querella, porque los asesores letrados también pueden representar a las víctimas) podría ser contraproducente para el objetivo de “jerarquizar” el instituto de la defensa pública, que es el propósito que el proyecto de ley dice perseguir.
En ese sentido, el autor del proyecto destaca que jerarquizar la defensa pública es parte de los reclamos que organismos internacionales de derechos humanos le hicieron a la Provincia. “Ellos han abordado la necesidad de dar un decisivo impulso a la esfera de la defensa pública”, dice al fundamentar la necesidad de sancionar esta ley.
Una fuente judicial con amplia experiencia y prestigio académico advirtió a sus colegas que el proyecto de ley que se debate en la Legislatura tiene “crasos errores” y “terminología vetusta”, con concepciones en desuso por las nuevas corrientes del derecho. No ve en ese punto una torpeza, sino una trampa: “Seguramente cambiarán la terminología para decir que aceptaron las sugerencias, pero no revisarán los avances sobre el Poder Judicial”.
