En el Gobierno nacional, reconocen que entraron en un compás de espera las gestiones para alcanzar un acuerdo de precios y de salarios, una de las misiones fundamentales para tratar de moderar las expectativas inflacionarias y alinear el camino futuro con el plan que diseñó el ministro de Economía, Martín Guzmán, para tranquilizar la economía.
A tan sólo un mes de haberse emprendido ese camino auspicioso, volvieron a instalarse las históricas tensiones: los empresarios del sector de los alimentos, tan señalados por los aumentos que recalentaron los números del verano, iniciaron acciones y se preparan para ir a la Justicia para rechazar el sistema de control con el que la Casa Rosada busca monitorear todo el recorrido de la cadena de valor, de punta a punta.
Ayer, para reforzar su presión, la Copal (Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios) emitió un duro comunicado en el que criticó la política de contención de precios de la Casa Rosada.
“Luego de haberse renovado en siete ocasiones y haber cumplido un año de su implementación, el sector advirtió en más de una oportunidad el riesgo que representaba para la sustentabilidad de las empresas, debido a los persistentes incrementos de costos que han dejado a los distintos sectores en una situación crítica”, aseguró la entidad sobre el congelamiento.
Además, cuestionó con fuerza la decisión de poner en funcionamiento el “Sistema Informativo para la Implementación de Políticas de Reactivación Económica” (Sipre), que obliga a las empresas a informar precios y cantidades vendidas.
La reacción del sector privado se produjo días después de que la administración de Alberto Fernández decidió prorrogar sin cambios, hasta el 15 de mayo, el programa de Precios Máximos, que se puso en marcha frente la crisis que instaló el coronavirus y que los ejecutivos cuestionan porque, dicen, impidió compensar en los productos controlados el salto inflacionario del 2020, que ascendió al 36,1 por ciento.
Las urgencias volvieron a frustrar cualquier gesto de buena voluntad entre las partes porque se confirmó que la pobreza saltó al 42 por ciento el año pasado; se presume que el Índice de Precios al Consumidor que mide el Indec arrojará otro número alto en marzo, tal vez similar al 3,6 por ciento de febrero; porque Guzmán debe mostrar resultados para que el FMI le habilite un programa más flexible para refinanciar la deuda; porque la segunda ola del coronavirus ya irrumpió, y también porque Cristina Kirchner habló y metió presión.
En ese terreno se mueve ahora el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, el encargado de resolver el escollo para que el futuro de los precios y de los salarios se defina según el 29 por ciento de inflación que se proyectó en el Presupuesto 2021. No es un desafío menor porque los datos indican que “Alimentos y Bebidas” acumuló un salto del 42,1 por ciento el año pasado, es decir, seis puntos porcentuales por encima del promedio.
Empresarios y gremios
La resistencia empresarial quedó en manos de la Copal, que representa a más de 2.200 compañías, y que conduce Daniel Funes de Rioja.
El primer paso fue la presentación de una queja administrativa en Desarrollo Productivo contra el polémico Sipre. Para Funes de Rioja, se trata de “un exceso de pedido de información” por el que también analizan recurrir a la Justicia, atentos a que el propio Kulfas indicó que ese monitoreo será la base para impedir cualquier aumento que se considere injustificado tanto en los insumos como en los productos terminados.
Pero el movimiento de los empresarios no parece ser el único que alterará las conversaciones. El secretario general de la CTA y diputado oficialista, Hugo Yasky, adelantó que iniciarán una campaña de denuncias públicas ante la “permanente suba en los precios de los alimentos”.
Por lo pronto, en el Ministerio de Desarrollo Productivo se limitan a indicar que no existen avances en las tratativas. "No hay todavía en agenda ninguna otra reunión", confirmaron a La Voz.
Pero Kulfas se encargó de enviarles una advertencia a los empresarios: “Argentina ha tenido algunos aumentos desmedidos. Eso es lo que queremos revertir y estamos trabajando. Primero, con un esquema de acuerdo, pero obviamente también con instrumentos del Estado”.
