El Banco Central de la República Argentina acaba de anunciar formalmente la puesta en vigencia del billete de $ 2 mil. El anterior había debutado en diciembre de 2017 y en estos casi seis años y medio la inflación acumuló 895%.
La consecuencia natural es que el sistema de precios opera en alta tensión: a todo le ponemos muchos ceros. Resulta extremadamente incómodo y caro movernos con un nivel de nominalidad similar. Una botella de aceite mezcla, por caso, quebró la barrera de los $ 1.000. Esto significa que el hasta este lunes billete más grande de la Argentina no alcanzaba para comprar un litro y medio de aceite.
Los cajeros no tienen tregua, los bancos cobran una penalidad de hasta el 5% para quien ose depositar billetes de 100 y de 200 (léase bien eso: recargo por llevarle plata al banco) y manejar caudales se ha vuelto carísimo, porque los camiones van llenos de billetes que valen cada vez menos. Y ni hablar de transportar monedas.
El billete de dos mil aliviará en algo el problema, aunque está muy lejos de acercar una solución. Desde que se anunció, el 2 de febrero, se depreció un 25%, por efecto de la inflación. Y, en dólares, pasó de alcanzar para comprar U$S 5,20 a la cotización blue a llegar apenas a 4, es decir, 23% menos de un plumazo.
El nuevo billete de $ 2.000
Invitación a endeudarse
El ministro de Economía de la Nación presentó este martes en formato de anuncio un acuerdo con los bancos para que las entidades aumenten 30% el margen disponible para comprar en cuotas y el 25% para pagar en una sola cuota.
La medida es temeraria, dado que invita a familias hoy configuradas por la plata que no alcanza a endeudarse más, empujándolas quizá al punto de no poder pagar la tarjeta.
Es incoherente, porque va a contramano de la suba de tasas dispuesta la semana pasada. Si la intención es que la gente se quede con los pesos en un plazo fijo, sin gastar ni irse al dólar, promover la compra en cuotas de bienes que siguen siendo escasos no hará más que avivar otra suba de precios. Todo es escaso en esta Argentina que pisa las importaciones y tiene cada vez menos dólares. ¿Qué hacemos, entonces: gastamos o ahorramos?
Pero el mayor pecado del anuncio es que es cínico. El margen de endeudamiento disponible para cada familia es una potestad que define cada banco en función de su propia liquidez, del historial de pago de su cliente, de la relación deuda/ingresos y del foco de negocio de la entidad financiera. Ese foco ha mutado en los últimos años, al punto que casi no hay crédito para consumo, ni prendario, ni productivo: todo lo come el Estado. El 73% de toda la plata que los particulares llevan a los bancos está en títulos públicos o Leliq.
No es negocio hoy prestarles a las familias, por dos razones: están cada vez más endeudadas, por lo que el riesgo de no pago es alto y es caro tercerizar la cobranza, y además el Central reguló la tasa que los bancos aplican a los saldos deudores. Deben cobrar 88% nominal, y a ese precio prefieren prestarle al fisco (vía Leliq), que paga 154% anual.
Massa eso lo sabe. Es más, necesita que le presten al fisco más que a las familias, por lo que los anuncios podrán parecer bonitos, pero esconden un gran cinismo.
Claro que ese no sería el problema. Al fin y al cabo, buena parte de la política vende una cosa y pretende otra.
El problema mayúsculo ha sido la emisión desmesurada e irresponsable del Banco Central con el solo objetivo de alimentar un gasto público sideral. Nunca –de 2001 a esta parte– el Central dijo basta: siempre fue obsecuente (a veces más, a veces menos), pero siempre tuvo el sí fácil para alimentar al gastador compulsivo que es hoy el Estado argentino.
Gasto imparable
Según un estudio de la consultora Eco Go, desde la salida de la convertibilidad, el Central financió al Tesoro con pesos que, a dólares de hoy, equivalen a 269.400 millones. El 35% se derivó vía adelantos al Tesoro, la forma más elocuente de prestarle a un fisco que nunca devuelve. Fueron U$S 96.100 millones: 4.500 en la gestión de Néstor Kirchner; 50.800 en las dos de Cristina; 15 mil millones en la de Macri, y 25.800 en la de Alberto Fernández.
Además, le giró utilidades al Tesoro por 81.600 millones (1,1 millones con Néstor; 35.100 con Cristina; 14.900 con Macri, y 30.600 con Alberto); emitió letras intransferibles por 60.700 millones (el 90% en las gestiones de Cristina); recompró títulos públicos por 17.300 millones y emitió Bonar por 13.700 millones. O sea, todo el arsenal creativo se desplegó en pos de financiar a un fisco voraz. ¿Cómo podemos asombrarnos, entonces, de que el peso se haya devaluado tanto?
En el ínterin, el Estado pasó de cobrar impuestos que equivalían a 20 puntos del PIB a llegar a los 41 puntos de hoy. Ya no queda nada para rascar en la olla y, así y todo, no alcanza. El 23% del gasto público hoy no tiene financiamiento: se gasta, pero no se tiene con qué pagar.
Un dato más: se calcula que el campo aportó U$S 180 mil millones (dólares verdes, físicos) en concepto de retenciones en las últimas dos décadas. Todo eso también se esfumó: se fueron en moratorias previsionales a tontas y a locas, a energía regalada para todo el mundo y a subsidios varios.
Con un billete de dos mil pesos y unos mangos más para endeudarte, ahora se hacen los buenos y generosos. Pero toda esta historia es la que no te quieren contar.
