El Ministerio de Seguridad de la Nación, liderado por Patricia Bullrich, presentó una denuncia penal ante la Justicia Federal por el delito de traición a la Patria contra el ex embajador argentino en Venezuela, Oscar Laborde al sostener que actuó en detrimento de los intereses nacionales al intervenir de manera no autorizada en el caso de Nahuel Agustín Gallo, el gendarme argentino secuestrado en Venezuela.
Según el comunicado oficial del Gobierno, tanto el Ministerio de Seguridad como la Cancillería desplegaron todos los recursos disponibles para localizar a Gallo y asegurar el respeto de sus derechos fundamentales. Gallo, cabo primero de Gendarmería, viajó a Venezuela con la autorización y los permisos correspondientes para visitar a su pareja, María Alexandra Gómez García, y a su hijo de dos años.
Sin embargo, tras cruzar la frontera el 8 de diciembre de 2024, fue detenido, incomunicado y acusado de espionaje por las autoridades venezolanas, sin que hasta el momento se haya proporcionado información oficial sobre su situación procesal.
Por qué denunciaron a Laborde
En este contexto, el ex embajador Laborde, quien fue designado durante la presidencia de Alberto Fernández, inició gestiones no autorizadas ante el régimen de Nicolás Maduro.
Según la denuncia, Laborde contactó a la familia de Gallo en Argentina para entregarle una carta al gendarme detenido, en colaboración con los jerarcas chavistas.
El Ministerio de Seguridad acusa a Laborde de haber validado las acusaciones del régimen venezolano y de haber intentado justificar la detención de Gallo, argumentando que el gendarme ingresó de manera irregular al país.
La denuncia sostiene que la actuación de Laborde no solo careció de autorización oficial, sino que también menoscabó los esfuerzos diplomáticos del gobierno argentino para lograr la liberación de Gallo.
Se argumenta que Laborde actuó con deslealtad hacia el Estado argentino, violando su deber de defender los intereses nacionales.
El Gobierno considera que su conducta benefició al régimen de Nicolás Maduro al tiempo que perjudicó la posición de Argentina en la defensa de un ciudadano argentino, configurando así el delito de traición a la patria.
La acusación se basa en el artículo 214 del Código Penal, que tipifica este delito protegiendo los intereses generales de la nación como entidad soberana, sin requerir un estado de guerra declarado.
El Ministerio de Seguridad rechaza que la intervención de Laborde pueda considerarse una acción humanitaria, como él ha intentado presentarla ante los medios de comunicación y, por el contrario, sostiene que buscó justificar las acciones del régimen venezolano y desacreditar al gobierno argentino.
Mientras tanto, la Justicia argentina avanza con una acción de hábeas corpus presentada por Gendarmería, argumentando que la detención de Gallo constituye una desaparición forzada de persona, en violación de tratados internacionales.
La Cámara Federal de Mendoza invocó el principio de jurisdicción universal para investigar el caso, destacando la gravedad de la situación y el riesgo que corren los derechos fundamentales de Gallo.
La Cancillería argentina, por su parte, relanzó gestiones a través de la Embajada de Brasil en Caracas y organismos internacionales como la ONU y la OEA, debido a la expulsión del personal diplomático argentino de Venezuela.
