Guillermo Kraisman está detenido desde mediados de enero pasado. Ocurrió luego de que intentó cobrar el sueldo de un millón de pesos que la Legislatura de Córdoba había depositado a nombre de una mujer que este viernes volvió a afirmar ante la Justicia que nunca supo que había sido empleada de la Unicameral.
La pregunta obvia desde entonces es cuántos casos similares existen en la Legislatura. Casi dos meses y medio tardó la vicegobernadora Myrian Prunotto en exhibir un listado de 1.054 nombres que probarían que no hay otros “empleados fantasma” en el Poder Legislativo.
En el medio hubo un sistemático ocultamiento de la información pública más elemental. Los motivos fueron variando: primero, que no había razones para decir quiénes están contratados, ni dónde, ni para qué. Luego, que un fallo del Tribunal Superior impide decir el nombre de empleados públicos. Más tarde, que esa información era estigmatizante para quienes cobran de la Legislatura. Por último, que el “feroz” gremio de los empleados legislativos se oponía.
La Voz insistió una y otra vez en el pedido de la información a través del área de prensa. Luego presentó un pedido formal de información pública que fue ignorado y a fin de febrero recurrió a la Justicia con un amparo por mora. La información que la Legislatura entregó el viernes es apenas una respuesta parcial a esa requisitoria; insistiremos en la Justicia.
Existen sospechas de que la Unicameral excluyó varias decenas de nombres de ese listado y/o los reemplazó por otros. Y hasta circulan listados que lo avalarían. Es obvio, además, el artilugio de citar cinco asesores por legislador, como si la distribución de esos sueldos a dedo fuese equitativa. También es bastante evidente el pacto de silencio casi generalizado sobre el manejo de este sistema de reparto multipartidario.
Con todas las limitaciones del caso, bienvenida esta pálida señal de transparencia que llegó con fórceps.
