Cuando todo parecía encaminado a un nuevo paro nacional de transporte urbano, el Gobierno nacional convocó a una mesa de trabajo de la que participarán el gremio de choferes UTA, los empresarios enrolados en Fatap y los representantes de las jurisdicciones provinciales. El objetivo será encontrarle la vía de financiamiento al aumento del 42 por ciento que piden los choferes.
Así las cosas, se extendió la tregua hasta el jueves de la semana que viene, lo que garantizaría la prestación del servicio en todas las provincias y municipios con los trabajadores del volante afiliados a la UTA, entre ellas la ciudad de Córdoba.
Este martes a las 14.30 fue la audiencia vía la plataforma virtual Zoom en el Ministerio de Trabajo nacional. En la previa, todos se mostraban descreídos de la posibilidad de una oferta que desactivara el inminente paro, que tenía incluso la amenaza de tener repercusión directa en la ciudad de Buenos Aires, con choferes viajando hasta allí para protestar.
Aunque la presencia del titular de UTA Nacional, Roberto Fernández, fue el primer indicio de que algo podría suceder.
La audiencia comenzó con al menos una hora de discusiones y planteos entre los representantes de las provincias, los empresarios y el gremio. Hasta que el riocuartense Alejandro Storello, director de Gestión de Transporte del Ministerio de Transporte nacional, “invitó” a la conformación de una mesa de trabajo.
Rápidamente, todos (UTA, Fatap y funcionarios provinciales) aceptaron el convite y se estableció un nuevo encuentro el jueves 17 de junio a las 14.30.
Así, se abrió una puerta a la posible solución del conflicto. La tarde del lunes y la mañana de ayer fueron claves en la negociación. “Se están buscando los fondos para pagar el aumento, se necesitan unos 9 mil millones de pesos extra para calzar el incremento salarial hasta fin de año”, confió a La Voz una fuente vinculada a la negociación.
Eso implicaría un aumento en la partida presupuestaria destinada a las compensaciones al transporte del interior del país de casi un 50 por ciento: de los 20 mil millones de pesos actuales, pasar a 29 mil millones.
La semana pasada, el ministro de Transporte, Alexis Guerrera, ya había tirado ante los gobernadores una primera oferta: incrementar un 30 por ciento los subsidios desde julio. Eran 500 millones de pesos mensuales a los poco más de 1.500 millones que se giran al interior.
Esa cifra fue bien recibida por los gobernadores, aunque causó desagrado en la UTA. “No alcanza para nada”, afirmaron desde la conducción nacional, al tiempo que amenazaban con sacar los ómnibus a las rutas nacionales.
Pero más allá del enojo, el diálogo no se cortó. El veterano titular del gremio de choferes mantiene una buena relación con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, a quien responde el ministro Guerrera.
La salida
Las jurisdicciones del interior pretenden que sea el Gobierno nacional el que cubra con sus fondos el aumento a los choferes, tal como lo hizo con los trabajadores que prestan servicio en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
El lunes, el intendente de Córdoba, Martín Llaryora, se expresó en ese sentido después de una reunión con sus pares de Rosario, Santa Fe, Bahía Blanca y Mar del Plata.
“El marco de estos encuentros no gira entorno a una pelea entre el interior y el Amba, sino que queremos que todos los usuarios de transporte del país puedan tener un servicio moderno y sustentable, pero que el valor no perjudique a los vecinos del interior del país”, había dicho Llaryora. En esa misma línea, insistió ayer el secretario de Movilidad municipal, Marcelo Mansilla.
Sin embargo, la salida sería un “esfuerzo compartido”. Como ya anticipó La Voz, la Nación incrementaría los subsidios pero quiere que las provincias y los municipios también suban sus aportes.
En Córdoba, la Provincia aporta desde 2019 91 millones de pesos mensuales y la Municipalidad otros 60 millones. Y el pedido nacional será que también hagan un esfuerzo y pongan más dinero.
