Las empresas del transporte urbano de la ciudad de Córdoba deberán informar sobre sus estados contables tres veces al año a las autoridades municipales y al Concejo Deliberante. Además, deberán presentar antes del 31 de mayo de cada año toda la información financiera y de los subsidios recibidos.
Todo esto es por la reglamentación de una ordenanza por parte del intendente Martín Llaryora que estaba sancionada desde agosto de 2019, pero que el exintendente Ramón Mestre nunca promulgó.
Según explicaron desde el municipio, en una revisión de documentos por parte de la Asesoría Letrada se encontraron con la ordenanza 12.933, sancionada el 29 de agosto de 2019, cuando Mestre todavía era intendente. “Lo que no sabemos es por qué no la reglamentó”, dijeron voceros del Palacio 6 de Julio.
La nueva normativa modifica dos artículos del Marco Regulatorio del Transporte y uno de los pliegos de concesión del servicio. Junto con la Secretaría de Movilidad se analizó el texto y luego se decidió promulgarlo el pasado 5 de octubre.
La ordenanza impone nuevas condiciones y obligaciones a las prestatarias. Antes, el Marco Regulatorio establecía en el artículo 92 que “las concesionarias deberán presentar anualmente” ante el municipio los estados contables “con informe del auditor, emitido por profesional de ciencias económicas, e intervenido por el Consejo Profesional pertinente”; la memoria anual de la empresa; los estados proyectados por dos años desde que cierra el ejercicio de la “situación económica, financiera y técnica”, con flujos de cajas, inversiones y mejoras.
La nueva redacción le establece una fecha límite para la presentación de esa documentación, que será el 31 de mayo; y que además deberá ser remitida al Concejo Deliberante antes del 30 de junio de cada año. Además, las concesionarias también deberán informar sobre los subsidios recibidos, ya sean nacionales, provinciales o municipales.
Otro cambio sensible tiene que ver con el artículo 93. Hasta ahora, establecía que la Municipalidad “podrá obtener de los concesionarios del servicio, en el momento que se disponga, todos los registros contables”. Ahora, esa información deberá ser girada al Ejecutivo y al Concejo de manera cuatrimestral.
Desde el gabinete de Llaryora aclararon que esa información se solicita a las concesionarias del transporte, pero que ahora quedarán obligadas a enviarla no sólo al Ejecutivo, sino también al Legislativo.
Finalmente, con la modificación del artículo 19 de los pliegos de contratación del servicio, se obliga a las empresas a poner en marcha programas de “relaciones con la comunidad”.
Eso implicará que las prestatarias deberán disponer de un presupuesto para la implementación de campañas de difusión “para que los usuarios estén informados en forma permanente y actualizada de los distintos servicios que se presten, sus modalidades y horarios, incluso para días atípicos”.
Qué se busca
El objetivo de la reglamentación de esta ordenanza es que se transparente el estado económico de cada una de las prestatarias, y que no quede a criterio del funcionario de turno el pedido de esa información.
Ahora, cada empresa deberá publicar sus estados contables tres veces al año, y no solamente al Ejecutivo, sino a los concejales. Así las cosas, se busca darle previsibilidad y capacidad de anticipación a las crisis de las prestatarias.
“Con esto hay más previsibilidad en el sistema”, comentaron en el municipio.
