El 31 de enero próximo vence la concesión que desde febrero de 2005 mantiene a la ex-Kolektor –hoy, Servicios y Consultoría SA– como prestataria del servicio de cobro de impuestos en la provincia de Córdoba. El Gobierno de Martín Llaryora el martes publicó el llamado a licitación y lo hizo con plazos exiguos: el 12 de enero próximo es la apertura de las ofertas.
A juzgar el por título, no se trata exactamente de la misma prestación que se licitó en 2004 y en 2017, y que en ambas ocasiones terminó en manos del mismo grupo empresario, aunque primero bajo el nombre comercial Kolektor y luego de Servicios y Consultoría. En el momento del cambio de contrato, la empresa despidió e indemnizó a todo el personal y nació una nueva UTE, con diferentes porcentajes de participación pero siempre con los mismos socios.
A fin de 2021 el exgobernador Juan Schiaretti prorrogó ese contrato vigente desde 2018, que ahora no puede volver a extenderse.
Según lo que se puede leer en el Boletín Oficial del martes 2 de diciembre, el llamado es para la “contratación de un servicio de colaboración para afianzar la política de fortalecimiento de los ingresos públicos de la Provincia de Córdoba, incorporando criterios de innovación, territorialidad ampliada y asistencia tributaria municipal”.
Al menos en su denominación, hay algunas diferencias con el servicio actual, que es para la “provisión de los servicios de asistencia y colaboración para la optimización de la gestión de los recursos a cargo de la Administración Tributaria de la Provincia de Córdoba”. En los hechos, la ex-Kolektor ya recauda impuestos municipales, además de operar en el cobro de multas de la Caminera, entre otras gestiones de cobro.
El pliego de la licitación establece que el plazo de contratación será de 48 meses, con la posibilidad de una prórroga. En eso no hay cambios respecto del contrato actual. El pliego tiene un costo de cinco millones de pesos y la oferta deberá realizarse en dos sobres diferentes, uno con la propuesta técnica y otro con la propuesta económica.
En la actualidad, la ex-Kolektor cobra una comisión del 1,8 % sobre la recaudación total –tanto tributaria como no tributaria–, más un complemento según resultados (hasta 3,3-3,5 %). Esas comisiones son menores a las que percibió con el primer contrato.
El actual llamado establece que esas comisiones vigentes en la actualidad son las máximas posibles de la futura concesión. A su vez, los requerimientos técnicos que actualemente provee la exKolektor son los mínimos exigidos para la futura prestación.
Antecedentes específicos
Además de exigir disponibilidad de recursos humanos y financieros a los oferentes, el pliego establece como condición la acreditación de antecedentes de “gestión tributaria integral”. Esto es, haber prestado ese servicio “en jurisdicciones que, en conjunto, sumen, al menos cuatro millones de habitantes, con uno de estos servicios brindados sobre una que, por si sola, cuente con un millón o más habitantes”.
Al referirse a “gestión tributaria integral”, el pliego exige: haber prestado colaboración sustancial en las tareas de registro, recaudación y fiscalización de acreencias tributarias, incluyendo específicamente las actividades de administración de padrones desujetos y obligaciones, regímenes de recaudación, retención y percepción, canales de pago y control de cumplimiento tributario. También haber realizado tareas de detección, generación, facturación y recaudación de acreencias no tributarias, conforme las leyes y normativas que se apliquen en cada jurisdicción.
Además, los oferentes deben demostrar experiencia en la implementación de sistemas informáticos de generación, administración y cuenta corriente de obligaciones en administraciones tributarias.
También tienen que demostrar que prestaron servicios de atención al ciudadano, tanto presencial como no presencial. Y de haber realizado gestión de cobro de acreencias tributarias y no tributarias del sector público.
Es tal la especificidad en la acreditación de antecedentes, que los oferentes deben presentar hasta el curriculum vitae de sus empleados. Además, sólo pueden participar en la licitación empresas que se encuentren en la actualidad prestando los servicios que se requieren a 4 millones de personas y con dos años de antiguedad en la ejecución de esas prestaciones.
Los oferentes deberán presentar un plan de inversión destinado a infraestructura física, tecnológica y de servicios que proponga ejecutar durante cada uno de los cuatro años del contrato.
