Entre empresarios de Córdoba genera expectativa la posibilidad de que tanto la Provincia como la Municipalidad capitalina adhieran al esquema nacional denominado “silencio positivo”, cuyo decreto fue publicado el jueves pasado en el Boletín Oficial de la Nación.
La iniciativa fue impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y promueve precisamente eso: que una cantidad específica de trámites queden aprobados automáticamente si en el tiempo pertinente no se da una respuesta concreta a quien lo inicie.
En los considerandos del Decreto 971/2024 se hace referencia a los alcances de la llamada Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos (tal su denominación oficial) y su reglamentación, y con la firma del presidente Javier Milei y del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se fijan las condiciones del “silencio positivo”.
“Cuando una norma exija una autorización administrativa para que los particulares puedan llevar a cabo una determinada conducta o acto en el marco del ejercicio de una facultad reglada de la Administración, al vencimiento del plazo previsto para resolver sin haber dictado resolución expresa, el silencio tendrá sentido positivo”, fijó la Nación.
Queda exceptuado de esta disposición, es decir, no resultará aplicable, cuando se trate de cuestiones vinculadas con la salud pública, el medio ambiente, la prestación de servicios públicos “o derechos sobre bienes de dominio público”, y se contempló la posibilidad de incluir otros supuestos específicos de excepción por vía reglamentaria, tarea que quedó a cargo de la Jefatura de Gabinete.
Otro punto importante es que a los efectos del silencio positivo, se entenderá por autorización administrativa al acto mediante el cual la administración “habilita el ejercicio de un derecho preexistente del administrado, una vez verificado el cumplimiento de las condiciones para su dictado, independientemente de su calificación como autorización”.
Asimismo, no alcanzará a los permisos, entendidos como los actos administrativos que excepcionalmente otorgan un derecho frente a una prohibición establecida por la normativa. En otras palabras, de existir una prohibición concreta –ejemplos, ocupar una calle para construir un inmueble o importar material bélico– el sentido positivo no corre.
De cualquier manera, la medida alcanza a unas 500 gestiones ante el Estado nacional. Las más comunes son las inscripciones en registros y obtención de licencias.
La temática recién está empezando a calar en el ambiente empresarial de Córdoba, pero ya hay empresarios que se preguntan si acá habrá un correlato que esté en sintonía con el Gobierno nacional.
Esgrimen en ese sentido, la adhesión de la provincia a la eliminación de ingresos brutos para los depósitos del blanqueo de capitales, y la ley impulsada para plegarse al Régimen de Incentivos a Grandes Inversiones (Rigi).
Con este último, reconocen, la apuesta de la Provincia fue “superadora” por sobre la diseñada por el propio gobierno de Milei, pero piden que también exista un correlato con el silencio positivo, tanto del Estado como de empresas y organismos que dependen de ella.
En el caso de la Municipalidad de Córdoba, la atención está puesta en aquellos trámites de menor escala cuyas demoras pueden modificar sustancialmente plazos en la finalización de, por ejemplo, una obra privada.
O gestiones “de otra época”, como permisos de carga y descarga, podar un árbol, bajar un cartel desactualizado o correr un metro una luminaria que molesta un ingreso. También simples trámites, como informes técnicos.
Ingresar algo por mesa de entradas suele complicarse: atiende martes y jueves. Pero del jueves al siguiente martes hay 6 días. Algunos de estos temas vienen siendo conversados por entidades empresariales con el Ejecutivo municipal y se menciona que hay “buena sintonía” para removerlas.
Plegarse al silencio positivo ayudaría más, consideran empresarios aunque los beneficios no derramarían solo sobre, por ejemplo, desarrollistas o constructoras, sino en cualquier vecino que decida ir adelante con una inversión y pretenda encaminarla en andariveles de legalidad.
Para la Provincia, aparecen cuestiones vinculadas con el servicio eléctrico, como sacar un medidor que ya no funciona, obtener un permiso para mover una alcantarilla en una ruta, etcétera. Son pequeñas trabas burocráticas que muchas veces cuando las respuestas se dilatan, demandan tiempo y dinero, dicen en el empresariado.
