Antes de que se cumpla un mes del cierre de la paritaria que incluyó un esquema de ajuste salarial hasta el fin de la gestión del intendente Martín Llaryora, el gremio de los empleados municipales de la ciudad de Córdoba (Suoem) empezó a calentar motores para un nuevo conflicto.
Esta vez, el sindicato que conduce Rubén Daniele pretende asumir la representación gremial de los monotributistas que se vinculan con el municipio a través de contratos de locación de servicios y de quienes participan del programa de becarios.
A través de una nota, el Suoem “informa” al Ejecutivo el resultado de un censo de monotributistas y becarios que indica que en el municipio hay unos 2.300 “precarizados”. En esa categoría, el Suoem incluye a unos 800 monotributistas y a unos 1.500 becarios. De más está decir que el Ejecutivo conoce con precisión esos listados.
El gremio reclama la “regularización administrativa” de quienes se desempeñan en esos regímenes y no se encuentran bajo el beneficioso Estatuto del Empleado Municipal ni están afiliados al Suoem. El argumento es que esos regímenes están “en franca violación al régimen laboral y administrativo de orden público”.
Todo indica que, a medida que avance el calendario político, el Suoem también hará el clásico pedido de pases a planta de los contratados que sí están bajo estatuto. Son unos 40 contratados artículo 8 y unos 510 artículo 9. La inmensa mayoría de ellos vienen en esa condición de la gestión anterior, puesto que la actual administración registra muy pocas incorporaciones laborales.
El Suoem informó que, entre los “precarizados”, hay personas que están vinculadas al municipio desde el año 2011. El gremio no incluyó en su reclamo de regularización laboral a los beneficiarios del programa social Servidores Urbanos (los chalecos celestes).
La pelea que viene
Desde el Palacio 6 de Julio se limitaron a confirmar que la secretaria General, Verónica Bruera, recibió la nota del gremio.
No obstante, desde el entorno del intendente Llaryora recalcan que no está en los planes del Ejecutivo incrementar el número de empleados municipales.
Según los datos oficiales de aportantes a la Caja de Jubilaciones, la administración de Martín Llaryora comenzó con casi 10.600 empleados y en la actualidad son 10.229. El descenso se explica principalmente por las jubilaciones. No obstante, en ese número están incluidos los más de 800 municipales que adhirieron a la pasividad anticipada voluntaria y ya no trabajan aunque siguen percibiendo un sueldo reducido y aportes jubilatorios.
En la administración Llaryora, la incorporación de empleados permanentes es una prohibición casi absoluta, por razones presupuestarias -la erogación salarial que representan monotributistas y becarios es de menos de un tercio del costo promedio de un empleado de planta-, pero también por razones políticas: la reducción del gasto salarial y de la planta de afiliados al Suoem es una bandera permanente de la gestión.
Todo indica que lo será cada vez más en la medida que se acerque 2023, en especial si el exintendente y actual senador Luis Juez resulta ser el candidato a gobernador de Juntos por el Cambio: marcar la diferencia entre la política laboral de Hacemos por Córdoba y la del juecismo a su paso por el municipio es una obsesión del llaryorismo.
