Los sindicatos que nuclean a los trabajadores estatales de la Provincia y los municipios de Córdoba realizan una masiva movilización hasta la sede de la Legislatura y el Centro Cívico para rechazar el incremento de los aportes personales a la Caja de Jubilaciones.
El Presupuesto 2026, que ya se votó en primera lectura y está siendo tratado en audiencia pública, otorga en su artículo 63 facultades para que el Ejecutivo pueda aplicar un descuento adicional de hasta cuatro puntos porcentuales en concepto de aportes previsionales. Con esto, varios sectores aportantes a la Caja podrían tener descuentos de hasta 26 por ciento sobre sus salarios.
La protesta fue numerosa y generó cortes que complicaron en extremo el tránsito en el Centro, ya que los diferentes gremios marcharon hasta al Unicameral. La protesta fue pacífica y se destacaron las columnas de municipales de la ciudad de Córdoba, Luz y Fuerza, bancarios, judiciales y UEPC.
Los secretarios generales de varios de los sindicatos en medio de esa protesta fueron recibidios en la Legislatura por el jefe de la bancada de Provincias Unidas, Facundo Torres; el secretario General de la Gobernación, David Consalvi y el presidente de la Caja de Jubilaciones, Adrián Daniele. Pese al total desacuerdo existente respecto de las medidas que la Provincia aplica para achicar el déficit del sistema previsional, todas las partes aceptaron integrar una mesa permanente de trabajo sobre el sistema jubilatorio.
Según lo informado por Torres, el objetivo de esa mesa es dialogar “con seriedad y responsabilidad sobre la profunda crisis que atraviesa nuestra Caja, agravada por el incumplimiento del Gobierno nacional en el envío de los fondos que legítimamente le corresponden a Córdoba”.
En ese encuentro, los funcionarios plantearon que el Gobierno no resolvió la aplicación de una nueva suba de aportes, sino que prorrogó artículo 63 de la Ley 8024, una facultad que ya existe desde hace años y que nunca se aplicó. “Lo que hoy se propone es prorrogar esta herramienta en un contexto de creciente incertidumbre financiera”, dice el comunicado oficial de Torres, que no aclara que esa prerrogativa –que el Ejecutivo hasta ahora no usó– era para una suba de dos puntos en los aportes y que en el Presupuesto 2026 la cifra eleva a cuatro puntos.
“Con ingresos en baja desde hace casi un semestre, un déficit proyectado de 750 mil millones de pesos en 2026 y la posibilidad de que en abril dejen de llegar los cinco mil millones mensuales que envía la Nación tras la mediación de la Corte, es un acto de responsabilidad que la Provincia genere herramientas para una situación de emergencia”, indicó Torres en diálogo con La Voz.
El legislador recalcó que fueron escuchados los representantes de los gremios y que se receptaron los reclamos. “Lo real es que los gremios representan a jubilados que quieren cobrar más y a activos que quieren aportar menos, mientras la Nación retiene los recursos que son de las Cajas provinciales y el déficit se hace insostenible para las provincias”, indicó Torres, quien aseguró que se mantendrá ese canal de diálogo.
Los gremialistas plantearon sus demandas, que no son iguales en todos los agrupamientos. Por ejemplo, hubo cuestionamientos al regímen jubilatorio de los policías, que se jubilan a edad temprana, y cuestionamientos por el nivel de los haberes de los magistrados y funcionarios del Poder Judicial. Fue transversal el pedido de reducción de aportes jubilatorios, y el rechazo a la posibilidad de que se incrementen.
Nada indica que el oficialismo vaya a modificar la cláusula que permite incrementar hasta cuatro puntos extra los aportes de los activos. No obstante, el Ejecutivo niega de plano que esa suba se vaya a aplicar a todos los sectores y algo de eso también les explicó ayer Torres a los dirigentes gremiales: lo que se analiza es que esos puntos extra se apliquen de manera diferencial, y que algunos sectores queden al margen de cualquier suba.
Iniciativa de sentido inverso
Mientras los gremios estatales están movilizados contra la posible suba de los aportes previsionales de los activos, mañana miércoles ingresará a la Unicameral una iniciativa popular motorizada por jubilados provinciales que reclaman la restitución del 82 por ciento móvil y la normalización de la Caja, intervenida desde hace décadas.
Mañana a las 11 esa iniciativa ingresará formalmente en la Legislatura. La propuesta –respaldada por 36 mil firmas– busca que la Unicameral trate proyectos concretos relacionados con demandas históricas del sector tales como el restablecimiento del 82% móvil; la eliminación del diferimiento y del descuento del aporte solidario establecido en el artículo 58; así como también medidas para garantizar el correcto funcionamiento de la Caja de Jubilaciones y de la obra social provincial (Apross).
Esa iniciativa popular cuenta con el respaldo de legisladores de la bancada de la UCR, en especial, de Brenda Austin. También podría ser acompañada por el juecismo. Según los cálculos del oficialismo, si prosperaran la restitución del 82% móvil y la eliminación de todas las restricciones vigentes, se elevaría el déficit de la Caja de Jubilaciones de 750 mil millones de pesos a más de dos billones de pesos anuales para 2026.
La iniciativa supondría el regreso a las prestaciones previsionales de la primera mitad de la década de 1990. Esto es, la eliminación de las tres reformas previsionales que recortaron el cálculo jubilatorio, y también la anulación de medidas como los diferimientos o los descuentos para quienes tienen doble haber.
Otra propuesta, del oficialismo
El legislador socialista aliado al oficialismo Matías Chamorro presentó otro proyecto, que apunta a declarar la Emergencia de la Caja de Jubilaciones de Córdoba, en virtud de los incumplientos de la Anses. Plantea que la Provincia enfrenta un déficit operativo del 31% del gasto previsional total y propone “medidas excepcionales y transitorias” para mejorar los ingresos del 85% de los jubilados provinciales –también menciona la posibilidad de que ellos recuperen el 82% móvil– pero a costa de los jubilados que reciben las jubilaciones más altas.
Todo indica que la propuesta de Chamorro es parte de la estrategia del Gobierno, que está evaluando diversas maedidas y antes testea las reacciones. Lo que impulsa ese proyecto es un esfuerzo solidario aplicado a quienes perciben haberes superiores a $ 2,5 millones.
El proyecto plantea que, mientras dure la Emergencia, los beneficios previsionales se pagarán en efectivo hasta los $ 2,5 millones, y el excedente se completará con Títulos de Cancelación Previsional Transferibles. Estos instrumentos, con tasas equivalentes a la pasiva promedio del BCRA, garantizarían que el haber total se perciba sin pérdidas por la tasa de interés compensatoria.
De manera complementaria, Chamorro propone que quienes cobran hasta $ 2,5 millones recibirían un adicional mensual no remunerativo, que compense la deducción del aporte personal y asegure que alcancen el 82% móvil.
