El Gobierno de Juan Schiaretti aceleró el trabajo sobre un proyecto que modifique el Código de Convivencia Provincial (ley 10.326) a los fines de reforzar y profundizar las sanciones a quienes intenten violentar la propiedad privada o la vía pública. La iniciativa ingresaría en las próximas horas para ser tratada a la brevedad en la Legislatura.
De acuerdo con lo que confirmaron fuentes legislativas a La Voz, se trata de una reforma del Código de Convivencia Provincial que incorporará nuevos artículos para profundizar las sanciones para aquellos grupos (desde tres personas) que pongan en riesgo la propiedad pública o privada.
Se trata de un ítem específico, que apunta a sancionar a quienes cometan desmanes o saqueos.
En diciembre de 2015, la Unicameral cordobesa había aprobado por mayoría –a excepción de la izquierda– el nuevo Código de Convivencia, que reemplazó al polémico Código de Faltas que había sido cuestionado por facilitar casos de abuso policial.
Esta nueva normativa le permitió en este momento a Córdoba atenuar la figura del merodeo y le quitó potestad a la Policía. En el artículo 70° se fijó como “una conducta sospechosa”, con arrestos de hasta tres días y multas pecuniarias, para aquellos que evidencien una actitud sospechosa en la vía pública como, por ejemplo, “encontrarse en inmediaciones de edificios o vehículos, escalando cercas, verjas, tapias o techos... manipulando o violentando picaportes o ventanillas... portando herramientas o elementos capaces de ser utilizados para violentar cerraduras...”.
Borrador para el consenso
El Gobierno busca dejar vigente el artículo 70° y aprobar por consenso el 70 Bis, que establecería que “ante acciones atemorizantes para la ciudadanía u amenazantes para la propiedad pública y privada, en caso de más de tres personas” actuantes serán consideradas infractoras con penas económicas, arrestos desde 15 días o tareas comunitarias.
La figura parece apuntar a los saqueos, los ataques “piraña” y los episodios de vandalismo contra el patrimonio público.
No ingresó un nuevo proyecto de ley, sino que la propuesta circula a modo de documento de búsqueda de consenso. Varios de los elementos que se discuten provienen de proyectos de ley ya presentados con anterioridad por legisladores de diferentes bancadas.
Este artículo, junto con otras modificaciones, son los que la administración de Schiaretti pretende aprobar en la Legislatura con el apoyo de los bloques opositores. Sólo entre los oficialistas más optimistas se espera que el tema tenga pronto tratamiento, y algunos especulaban que podría darse en la sesión de este miércoles.
De hecho, se convocó a una reunión extraodinaria a las 9. El oficialismo exige apoyo opositor para avanzar, pese a que tiene los votos.
Gestión contrarreloj
Aunque los más cautos advirtieron: “Estamos trabajado en eso, pero es muy importante el consenso”. Desde el PJ insistieron en que todo estará sujeto a la respuesta de la oposición, por lo que en las últimas horas avanzaron algunas conversaciones entre autoridades de la Unicameral y legisladores en las que se dio a conocer la decisión política de profundizar las sanciones.
Hasta este martes, el borrador del proyecto sólo estaba en manos de las principales autoridades y de unos pocos legisladores. “Hay un acuerdo de no hablar del tema hasta que se reúnan para tratarlo”, confió un parlamentario con llegada al gobernador.
Sobre todo, el oficialismo esperaba la respuesta de Juntos UCR y de Juntos por el Cambio, la primera y segunda minorías legislativa.
Dentro del oficialismo, quien más avanzó en pedir un cambio en el código fue el diputado nacional Carlos Gutiérrez, quien tras los saqueos ocurridos en su ciudad, Río Cuarto, precisó: “Modifiquemos el Código de Convivencia para que ciertas conductas estén tipificadas. Si no, la Policía dice que no puede actuar ante las hordas, la Justicia tampoco puede y el poder político señala que denuncia, pero las causas no avanzan”.
Desde el bloque de Juntos UCR acordaron este martes llevar adelante una reunión para analizar los últimos hechos de saqueos y robos, aunque no hubo acuerdo respecto del proyecto de Hacemos.
Algunos legisladores radicales ya se adelantaron con fuertes críticas. “Tal como es su costumbre el Gobierno frente a un problema ensaya una solución marketinera. Que en vez de tres días de arresto lo eleven a 15, no modifica sustancialmente el problema”, explicó el radical Dante Rossi.
En sus redes sociales, también se expresó el legislador Marcelo Cossar con críticas. “Tarde y mal. Si la respuesta a la inseguridad y los saqueos es encerrarnos, el Gobierno de Córdoba se entregó a los delincuentes. Este Gobierno no sólo llega tarde, además es corresponsable”.
