Villa Allende avanza en la implementación de un sistema de estacionamiento medido. Ocurre luego de que el municipio del Gran Córdoba prohibiera por ordenanza la actividad informal de los cuidadores de autos conocidos como “naranjitas”.
La novedad es la licitación de un sistema tecnológico que contempla control, infracciones, mantenimiento y señalización. No habrá parquímetros ni las tradicionales máquinas tickeadoras de antaño.
El contrato podrá alcanzar un máximo de nueve años y mover una recaudación estimada en cientos de millones de pesos.
La licitación fue oficializada por el Decreto 151/25, con apertura de sobres prevista para la semana que viene, el 4 de septiembre.
El nuevo sistema forma parte de un plan más amplio de modernización urbana, bajo el modelo de “ciudad inteligente”. La Municipalidad seguirá a cargo de la recaudación y el control general del servicio, y la empresa adjudicataria recibirá un porcentaje de lo recaudado por la gestión del sistema. ¿De cuánto será? Es uno de los puntos que deben proponer los oferentes.
Aplicación, infracciones y tarifas segmentadas
El sistema prevé una aplicación para celulares que permitirá a los usuarios pagar el estacionamiento, consultar zonas, recibir alertas antes del vencimiento del tiempo reservado y pagar infracciones. También la implementación de aplicaciones para inspectores y auxiliares urbanos.
Habrá diferentes tarifas: sencilla (valor fijo por hora), progresiva (aumentará según el tiempo de uso), especial (para eventos), nocturna, para residentes y zonas exentas.
Hoy, el valor por hora en la zona central es de 900 pesos, con 1.900 dársenas operativas entre las 8 y las 18.
En caso de infracción, el sistema permitirá registrar la falta con geolocalización y fotografías, y ofrecerá un descuento por pronto pago durante las primeras 72 horas.
Contrato millonario y obras de señalización
El contrato tiene una duración inicial de 84 meses (7 años), prorrogables por 24 más. Se divide en dos renglones: el primero contempla el sistema de gestión, que se pagará con un porcentaje sobre la recaudación; el segundo, las obras de señalización, con un monto fijo que el municipio abonará en tres cuotas una vez que estén terminados los trabajos.
Según los pliegos, la empresa que gane la licitación debería instalar la señalización horizontal y vertical, que incluirá la pintura de los boxes, los cordones, los espacios especiales y la cartelería.
El proyecto también contempla el mantenimiento correctivo del sistema, asistencia técnica y capacitación al personal municipal.
Naranjitas cancelados
La ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante prohíbe de manera explícita la presencia de cuidadores informales en las zonas reguladas, lo que supone la salida de los conocidos “naranjitas” de las calles del centro.
La norma, identificada como Ordenanza número 27/25, define como “actividad prohibida” el cuidado, vigilancia, limpieza o lavado de vehículos, así como la reserva de espacios de estacionamiento en la vía pública, ya sea de forma onerosa o gratuita, si se realiza sin autorización municipal expresa.
La concejala del PRO, María Soledad Vázquez, una de las impulsoras de la iniciativa, explicó que la ordenanza incluye un “artículo específico que establece que solo podrán llevar a cabo estas tareas de colaboración en estacionamiento quienes cuenten con la autorización del municipio, de forma expresa”. Vázquez destacó la “sensibilidad” de la ordenanza hacia quienes han realizado esta actividad tradicionalmente, permitiendo una “autorización excepcional” para casos puntuales.
Fundamentos y críticas
Los considerandos de la ordenanza justifican la medida en la “necesidad de regular el uso del espacio público y garantizar la seguridad, el orden y la libre circulación” de vecinos y visitantes. Además, se menciona que la actividad de los “naranjitas” ha generado “numerosos y repetidos reclamos de vecinos”, quienes reportan “demandas de dinero, acompañadas de coacciones, amenazas, ya sean explícitas o implícitas”, lo cual se considera “inaceptable en un estado de derecho”.
La medida no fue aprobada por unanimidad y generó fuertes críticas por parte de la oposición. La concejala Marta Banegas, de Elegí Villa Allende, quien votó en contra, dijo que la prohibición buscaba “dar paso a la entrada de una empresa de estacionamiento medido”. Desde su perspectiva, la ordenanza fue calificada como un acto de “insensibilidad” por parte del gobierno, ya que “prohíbe esta tarea de muchas personas que muchos de ellos son vecinos honestos de nuestra ciudad y que hace muchos años trabajan o realizan esta tarea que les ayuda en su economía familiar”.
Los críticos de la ordenanza pidieron distinguir entre los cuidacoches habituales y algunas personas en situación de calle que ocasionalmente realizan esta tarea, aclarando que “no es lo mismo que ser un cuidacoches”.
La ordenanza fue sancionada con los votos afirmativos de los concejales del PRO: María Teresa Riu Cazaux de Vélez, María Soledad Vázquez, María Alejandra Rodríguez, Máximo Mansilla Yofre, María Eugenia Agostini y Carlos Arias. También votaron a favor Martín Miguel Gómez y Patricia Hamity, de Hacemos Unidos por Villa Allende, aunque estos últimos dos emitieron un voto particular negativo sobre el artículo 6, que refiere a la autorización excepcional. El proyecto fue rechazado por los ediles Marta Liliana Benegas y Julio Loza, de Elegí Villa Allende.
