A menos de 24 horas de cumplirse el plazo fijado por el Tribunal Oral Federal (TOF) 2, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó un escrito para impugnar la decisión que ordena la ejecución de sus bienes y solicitó que se deje sin efecto la medida. La diligencia se llevó a cabo un día antes de la fecha límite impuesta por el tribunal para que ella y los demás condenados depositen $ 684 mil millones en concepto de decomiso por perjuicios al Estado en la causa Vialidad.
En su presentación, la exmandataria cuestionó duramente el accionar de los fiscales y puso en duda el monto del decomiso, que considera desproporcionado. Además, reafirmó la legitimidad de su patrimonio.
El Decomiso y la causa Vialidad
El TOF 2 había establecido este miércoles a las 9.30 como fecha límite para que los condenados por corrupción en la adjudicación de obras públicas en Santa Cruz depositaran la suma de 684 mil millones de pesos (equivalente a U$S 537 millones) en una cuenta judicial.
Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, quienes dictaron la condena, explicaron que el decomiso de los bienes es una “determinación fehaciente del daño producido al erario público que, como contrapartida, fue considerado como provecho de un gravísimo hecho de corrupción”.
La causa Vialidad determinó que entre 2003 y 2015, durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, hubo irregularidades en las obras viales concedidas al empresario Lázaro Báez, quien también fue condenado junto al exsecretario de Obras Públicas José López y el exdirector de Vialidad Nacional Nelson Periotti, entre otros exfuncionarios.
El monto del decomiso, originalmente fijado en $ 85 mil millones de en el veredicto de diciembre de 2022, fue actualizado por peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a los actuales $ 684 mil millones, utilizando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec.
Los argumentos de la defensa
Representada por sus abogados Carlos Alberto Beraldi y Ary Llernovoy, la exmandataria presentó el escrito ante el TOF 2 para responder a la intimación, que advertía sobre la “ejecución de los bienes que sirvan a esos fines” en caso de incumplimiento.
Simultáneamente, la defensa interpuso un recurso de casación ante los jueces Diego Barroetaveña, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, impugnando el monto del decomiso y solicitando la nulidad absoluta de la sentencia que lo calculó.
CFK sostuvo que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes elaboraron un listado de sus bienes y los de sus hijos, así como los de Báez y otros condenados para su posible ejecución, “omitieron llevar a cabo una investigación patrimonial que permita probar, con el grado de certeza necesario para imponer una sanción penal, cuáles son los bienes que son encuadrables bajo la tipología prevista en el art. 23 del Código Penal”.
En el escrito, la expresidenta afirmó categóricamente: “No tuve ni tengo en mi patrimonio cosas que hayan servido para cometer el hecho enjuiciado en autos, ni tampoco bienes o ganancias que resulten el producto o el provecho del referido episodio, y por ende sean decomisables”.
Enfatizó que “toda mi evolución patrimonial, al igual que la del resto de la familia Kirchner, resulta absolutamente legítima”. Recordó haber sido “la persona que más veces fue denunciada e investigada a lo largo de la historia argentina” y que distintas sentencias firmes ya demostraron el origen legítimo de los bienes de Néstor Kirchner y los suyos.
Además, citó sobreseimientos en investigaciones por enriquecimiento ilícito, lavado de activos y negociaciones incompatibles con la función pública para sostener que “no existió ni existe dentro de mi patrimonio ningún bien que pueda considerarse decomisable”.
Cuestionamientos a la metodología del cálculo
La expresidenta también cuestionó la metodología de cálculo utilizada por los magistrados para determinar la suma a decomisar. Señaló que el tribunal “convirtió en definitiva, sin sustanciación ni debate previo, una estimación provisoria del monto”. Denunció un “trato desigual y arbitrario” y afirmó que la decisión “carece de la más mínima fundamentación” por haber adoptado el IPC sin explicar por qué se descartaron alternativas técnicas sólidas, como la aplicación de tasas bancarias, que se usaron en casos similares.
Según Kirchner, la metodología del IPC resultó en un incremento de “cien veces el monto” del decomiso, lo que califica como un “proceso de carácter confiscatorio” y una “regresión normativa” que “nos reconduce a prácticas inquisitivas y totalitarias”.
Concluyó que se trata de un “verdadero disparate jurídico” que, de concretarse, comprometerá la “responsabilidad internacional del Estado argentino”. La exmandataria también alegó la incompetencia del tribunal para adoptar esa medida.
Ahora, los jueces del TOF 2 deberán decidir si suspenden o no la ejecución de los bienes. Paralelamente, el recurso casatorio presentado contra la actualización del monto del decomiso, que asciende a $684.990.350.139,86, será recibido por el tribunal penal más alto del país, que deberá pronunciarse sobre su procedencia.
