El juicio a la cúpula del Sindicato Único de Recolectores de Residuos y Barrido de Córdoba (Surrbac), acusada de graves cargos, parece encaminarse finalmente en la Capital de la provincia, tras varios años. Es luego de que la Cámara Federal de Apelaciones local confirmó el rechazo a un planteo de uno de los imputados, con lo que despejó el camino para que el tramo del lavado sea juzgado conjuntamente con los demás delitos en un mismo debate.
La novedad se conoció por estas horas a partir de que la Cámara convalidó el fallo del entonces juez subrogante N° 1, Alejandro Sánchez Freytes, quien había rechazado el planteo de nulidad del imputado Héctor Gabriel Blanes contra la elevación a juicio del tramo del lavado.
Si bien el juez Sánchez Freytes (Carlos Ochoa ahora lo reemplazó como subrogante) había rechazado el pedido de nulidad de Blanes (amigo de Pascual Catrambone), el acusado apeló. Sin embargo, los camaristas Abel Sánchez Torres, Graciela Montesi y Eduardo Ávalos confirmaron la validez de la elevación a juicio.
Juicio por Surrbac, más cerca en Córdoba
Era el último “obstáculo” que restaba despejar para que el juicio a los históricos líderes del sindicato de recolectores, Mauricio Saillén y Pascual Catrambone, pueda realizarse tras la resolución del Tribunal Oral Federal N° 1 (TOF1) de Córdoba, en 2024.
El tribunal -por mayoría, con los votos de los jueces Julián Falcucci y Jaime Díaz Gavier- había ordenado la suspensión del juicio hasta tanto la investigación por lavado se completara (lo que ocurrió en marzo, con la elevación a juicio) y así se pudiera juzgar de forma “integral” con los “delitos precedentes” de la causa principal, es decir, las supuestas asociación ilícita, defraudación por administración fraudulenta y usura agravada.
En paralelo, en el mismo fallo pero por unanimidad, Falcucci, Díaz Gavier (ahora jubilado) y José Asís habían rechazado –a instancias del fiscal general Maximiliano Hairabedian- el pedido de los sindicalistas de abonar 751 mil dólares para reparar el daño causado con las supuestas maniobras de usura montadas desde la estructura del gremio y la mutual.
De los U$S 751 mil, Saillén y Catrambone ofrecieron abonar entre ambos U$S 30 mil al querellante Diego Venancio Ferreyra y U$S 70 mil al Surrbac. El monto restante –es decir, U$S 651 mil– Saillén y Catrambone, Juan Carlos Delgado (por entonces tesorero del gremio y apoderado de la obra social), Juan Manuel Riba (contador), Daniel René Ayerbe (Relaciones Institucionales del Surrbac), Osvaldo César Medina (contador) y Juan Manuel Krainbuhl (tesorero de la mutual) ofrecieron donarlo a instituciones públicas.
¿Puede haber una sorpresa?
El fallo reciente de la Cámara cumple el pedido del TOF1 de que el tramo del lavado se integre al proceso para juzgar todos los delitos en conjunto. Sólo resta que esta semana el Juzgado Federal N° 1, de Ochoa, eleve por oficio el expediente al TOF1.
Sin embargo, no deja de ser cierto que la Cámara Federal de Casación Penal, el máximo tribunal penal del país, debe resolver aún los recursos de casación presentados por Catrambone, Saillén y Krainbuhl contra la resolución del TOF1 que rechazó, como se dijo, el pedido de reparación integral del perjuicio.
El fiscal Hairabedian se había opuesto a la reparación del perjuicio. Argumentó su negativa en la complejidad de la causa, su trascendencia pública y en la existencia de un interés público en que hubiera una sentencia que estableciera la verdad de lo ocurrido y, si correspondiera, que se aplicaran condenas.
Además, explicó que existía un aspecto central, ya que en casos de criminalidad económica en los que se encuentran en juego sumas de gran envergadura, no se puede cerrar la causa con dinero presumiblemente proveniente de un delito.
Contra el planteo, las defensas presentaron documentación respaldatoria sobre el origen de los fondos, pero el fiscal ratificó su oposición. Sostuvo que sólo mostraron que tenían capacidad económica para afrontar lo propuesto pero que no que se conozca, fuera de toda duda, la fuente, la trazabilidad y el origen lícito de los miles de dólares.
Eso llevó a Saillén, Catrambone y Krainbuhl a interponer recursos de casación. Los dos primeros argumentaron que las víctimas habían aceptado la reparación, lo que constituía un límite a la actuación del fiscal. Krainbuhl planteó que Hairabedian no se había opuesto, por lo que el TOF1 podría haber aceptado la reparación.
La semana pasada, el fiscal general ante Casación, Javier De Luca, sostuvo el planteo de Hairabedian y solicitó al tribunal con sede en Buenos Aires que rechace las casaciones de los imputados. ¿Podría Casación resolver a favor de los imputados? Es un interrogante que se develará cuando el tribunal se pronuncie.
Si el juicio se realiza, deberá designar a un reemplazante de Díaz Gavier (jubilado) y un juez sustituto (por el artículo 359 del Código Procesal Penal de la Nación).
La misma Casación, en junio, había declarado desierto el recurso del querellante Ferreyra, quien había aceptado ser resarcido. Ferreyra no sostuvo finalmente su planteo ante Casación contra el fallo de los jueces cordobeses de rechazar la reparación.
La causa principal del Surrbac
En la causa principal (“Surrbac I”) por supuestas asociación ilícita, defraudación y usura, el fiscal N° 1, Enrique Senestrari, concluyó que Saillén y Catrambone (exdirector obrero de Crese y director en la Corporación para la Gestión Sustentable de los Residuos Sólidos Urbanos –Cormecor-) habrían formado una asociación ilícita durante seis años (2009-2015) en perjuicio de los afiliados y del sindicato, la mutual Amsurrbac y la obra social Ossurrbac, con el aparente objetivo de beneficiarse ellos y sus familiares o allegados.
Saillén y Catrambone habrían sido los “jefes indiscutidos” de las maniobras, de acuerdo con la acusación: habrían “espejado” los roles que llevaban ambas entidades, según los cuales ambos habrían abusado de su posición, las de presidente y vicepresidente, respectivamente, en la mutual y en la obra social; y de presidente y secretario de Ramas y del Interior (y, además, apoderado y autorizado a firmar cheques), respectivamente, en el sindicato.
Krainbuhl, como tesorero de la mutual, estaba autorizado a firmar cheques con los cuales se habrían consumado las maniobras. El contador Riba, ejerciendo tareas de tesorería en la mutual, habría permitido el acceso a Saillén-Catrambone.
El también contador Medina no habría tenido un rol menor. También como auditor externo, habría firmado los balances y brindado el asesoramiento tanto a la asociación como a las sociedades Krates Constructora, Higyese y Yuhme, constituidas por Agustín Catrambone, hijo de Pascual. A través de ellas, se habría desviado dinero mal habido.
Tanto Higyse como Krates tenían licitaciones públicas con Crese y las sucesoras. Por esos supuestos negocios incompatibles con la función pública, se inició una causa en la Justicia provincial contra de su padre.
Como secretario tesorero del gremio y apoderado de la obra social, Delgado habría firmado cheques que habrían posibilitado a los jefes desviarlos de su destino normal.
El fiscal Senestrari determinó que una de las maniobras habrían sido los altos intereses (“usuarios”) aplicados a los préstamos que otorgaba la mutual, que habría funcionado como “una fuente inagotable de riqueza para los jefes de la asociación ilícita y sus allegados”.
Así, Saillén, Catrambone, Krainbuhl, Riba y Medina se habrían aprovechado de forma habitual de la necesidad y/o inexperiencia de los afiliados en el otorgamiento de los préstamos informales, cuyo descuento se realizaba por planilla.
Luego, el dinero conseguido a través de los préstamos a los afiliados habría sido puesto en circulación para “darle apariencia lícita”. De ese modo, se habrían realizado contratos de mutuo presuntamente firmados entre terceros y la mutual. La entidad se habría comprometido a devolver las sumas prestadas a tasas de interés altas, muy por encima del sistema financiero formal.
El dato llamativo es que los “mutuantes” eran conocidos o familiares de los imputados, “cuando no ellos mismos” para presuntamente “blanquear las excesivas ganancias” de los préstamos a los afiliados. Se cree que Saillén, Miguel y Pascual Catrambone, Krainbuhl, Medina, Riba, Salomé Alfazak (secretaria privada de Saillén), Héctor y Jorge Blanes y José Luis Yacanto participaron de las maniobras.
Asimismo, Saillén y Catrambone habrían perjudicado al sindicato al rendir gastos personales por vacaciones familiares al Caribe, viajes de estudios de sus hijos y gastos exorbitantes en hoteles, como si los hubieran realizado mientras ejercían sus funciones dentro del gremio, “desviándolos” así “de su legítimo destino”.
Además de Saillén y Catrambone fueron enviados a juicio Krainbuhl; Medina; Riba; Delgado; Franco Gabriel Catrambone; Alfazak; Héctor y Jorge Blanes; Miguel Catrambone; Yacanto; Juan Carlos Saillén; Micaela del Valle Saillén; Verónica Anabel Quevedo (exesposa de Saillén –p-); Adriana Cecilia Oviedo (exesposa de Catrambone –p-); Yamila Gisel Monjes (expareja de Saillén -p-), y Darío Mauricio Saillén.
El tramo del lavado
Las sospechas por lavado (“Surrbac II”) se dispararon por una denuncia anónima contra el mencionado Ayerbe como presunto testaferro de los gremialistas. Ayerbe aparecía como integrante de la Comisión Directiva del Surrbac, secretario de Relaciones Institucionales de la mutual y secretario de Cormecor.
Entre 2012 y 2019, Saillén (p) y Catrambone (p) habrían lavado al menos parte del dinero proveniente de la asociación ilícita mediante la compraventa de lotes y/o inmuebles en Mendiolaza, Casonas de Manantiales, Fincas del Sur II, Casonas del Sur II, Altos de Manantiales y otros barrios de la capital cordobesa, por sumas millonarias no sólo a través de desarrollistas y fideicomisos –para, supuestamente, permanecer afuera de los registros oficiales- sino también a través de testaferros.
Tanto los hijos como familiares de ambos habrían sido sus testaferros: Franco y Juan Carlos Saillén, Agustín Catrambone y Oviedo. Pero también allegados y/o amigos, como Blanes, Delgado y Ayerbe.
El fiscal detectó que Ayerbe tenía sospechosamente a su nombre costosos vehículos y una fracción de terreno en Villa Cura Brochero, donde fue emplazado el Castillo Euzkadi, un fastuoso multiespacio que emula una antiquísima fortificación del Medioevo.
Delgado aparece como dueño de Faro il Bolo Sierras Apart, en Cura Brochero y de otro inmueble en Córdoba, aunque sólo sería otro prestanombre. El lujoso complejo serrano tiene una suerte de faro con balcones que desentona con el paisaje.
De este modo, surgen adquisiciones de vehículos, desde motos, autos BMW, Mercedes-Benz y Beetle TSI (la ex de Saillén, Monjes, figuraba como propietaria de uno, sin capacidad suficiente para justificarlo) y camionetas RAM y Amarok a nombre de familiares de Saillén y Catrambone, y de Krates y Higyse.
Deberán responder en el juicio Saillén; Catrambone; Franco; Juan y Darío Saillén; Agustín Catrambone; Héctor Blanes; Delgado; Krainbuhl; Medina; Riba; Héctor Blanes; Oviedo; Monjes; Alfazak, y Ayerbe. En tanto, fueron sobreseídos por prescripción Quevedo, Miguel Catrambone, Jorge Blanes, Yacanto y Micaela del Valle Saillén.
