Mutuales convertidas en financieras. Financieras convertidas en cajas negras. Sindicatos sospechados de tener un poco de financiera y otro poco de caja negra, investigados por presunto lavado de dinero.
Tres causas judiciales que se llevan adelante en tribunales cordobeses son seguidas con mucha atención desde Buenos Aires porque se considera que sus sentencias pueden modelar el perfil internacional del país en lo referente al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo.
Argentina viene de una historia reciente accidentada en lo referente a esta problemática. Hace solamente cinco años que el país consiguió el ascenso a “la primera división” de los países que cumplen con el estándar básico de contar con un régimen legal adecuado contra el lavado de dinero.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) había mandado al país al descenso hace menos de una década, en 2011, durante la primera administración de Cristina Fernández de Kirchner, cuando lo incluyó en la zona gris de naciones que no ofrecían garantías internacionales en la lucha contra el lavado.
Así, Argentina ingresó a un club de indeseables en el que hoy, por ejemplo, revistan países como Sri Lanka, Yemen, Etiopía e Irak.
Eso porque dos años antes, en 2009, en una visita oficial a Buenos Aires, los directivos del organismo comprobaron que el país incumplía con 49 de las 54 directrices fundamentales en el área de prevención e investigación de lavado de activos.
Argentino debió hacer muchos e importantes cambios, especialmente normativos, para salir de la lista de países grises, poco confiables.
Por eso, porque el país necesita reforzar su currículum de lucha contra el lavado de activos, ya que todavía no cuenta con un número importante de sentencias que muestren la continuidad de una nueva línea de acción, hay causas judiciales que son seguidas con atención especial desde los organismos nacionales.
En la provincia de Córdoba hay tres o cuatro causas judiciales cuyas sentencias son muy esperadas.
El escándalo CBI
La más visible de todas en ese momento es el caso CBI, la financiera vinculada a empresarios y políticos, cuyo caso saltó a la luz pública a partir de la extraña muerte de su vicepresidente, Jorge Suau, en 2014.
En este caso se espera que la sentencia de la Justicia Federal de Córdoba, que actualmente lleva adelante el primer juicio de CBI, confirme la figura de intermediación financiera no autorizada.
En la causa participa como querellante la Unidad de Información Financiera (UIF), así como lo hace también –por ejemplo– en el caso de los cuadernos de la corrupción K, que se tramita en los tribunales porteños de Comodoro Py. La UIF es el organismo nacional encargado de prevenir e impedir los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo.
Un alto funcionario del Gobierno nacional señaló a este medio que “CBI es uno de los casos que más interesa”. En caso de sentencia condenatoria, Argentina sumará un ejemplo más para mostrar como prueba de su decisión de combatir el movimiento ilícito de grandes sumas de dinero.
La financiera Cayfa
El segundo caso al que se le presta atención especial desde Buenos Aires es de la mutual del Club Atlético y Filodramático de la localidad de Alicia (Cayfa), autora de un default de unos 100 millones de pesos en 2008.
El Poder Judicial –provincial y federal– se ha tomado 10 largos años en la investigación y todavía no se decide si lo llevara o no a juicio, dando pie a pedidos de la defensa para que se declare la prescripción del caso.
Cayfa, con disfraz de mutual, funcionaba como una financiera alimentada con fondos en negro de productores agrícolas, municipios y particulares, que la usaban para esconder sus activos de la mirada del Banco Central y de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), al tiempo que se beneficiaban con sus generosas tasas de interés.
En la causa llama la atención que el fiscal federal no impulsó la acusación contra los directivos de la mutual, y han sido los querellantes particulares, los ahorristas estafados, quienes se han visto obligados a hacerlo. El caso se encuentra a resolución del fiscal de la Cámara de Apelaciones, para saber si llegará a juicio o se sumará a la larga lista de causas de corrupción impunes en Argentina.
La caja del sindicato
El tercer caso cordobés que es seguido minuciosamente desde el Ministerio de Seguridad y la Secretaría de Trabajo de la Nación es el que involucra a las principales autoridades del Sindicato Único de Recolección de Residuos y Barrido de Córdoba (Surrbac).
Por manejos de dinero con la mutual del sindicato, la fiscal provincial Patricia García Ramírez pidió que se investigue el caso bajo los probables delitos de intermediación financiera y lavado de activos, ambos de jurisdicción federal.
Desde diciembre, el caso está en el Juzgado Federal N°1, sin que se conozca todavía algún avance.
En la causa se sospecha que las principales autoridades del gremio –encabezado por Mauricio Saillén y Pascual Catrambone– usaron la mutual para realizar lavado de dinero, obteniendo a cambio ganancias millonarias para ellos.
Además existe un cuarto caso, que también fue mencionado a este medio por un alto funcionario nacional que conoce la investigación, aunque quedó en segundo plano luego de la muerte del exgobernador José Manuel de la Sota el 15 de septiembre del año pasado.
Tal como informó La Voz, la Asociación Civil De la Sota Liderazgo y Conducción fue investigada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), sospechada de haber sido una herramienta para el lavado de dinero que habría terminado siendo usado en la campaña electoral del dirigente peronista en 2011.
Según una profusa investigación que incluyó seguimientos y la realización de tareas de inteligencia en el entorno empresarial y familiar del exgoberanador, la asociación podría haber incurrido en el lavado de unos seis millones de pesos depositados en efectivo en cuentas abiertas en los bancos Julio y Macro, en ciudad de Buenos Aires.
