Con 9 personas en su plantel, la Agencia para la Competitividad es el organismo –en este caso, descentralizado– del Ejecutivo provincial con mayor proporción de contratados en su equipo: el 80% del personal trabaja bajo esa modalidad.
Es decir, 7 de los 9 empleados abocados a la tarea de “impulsar el desarrollo competitivo de las empresas cordobesas en los planos meso y microeconómicos, a través de políticas públicas” están contratados. El resto lo componen una funcionaria (su directora) y la síndica.
¿Qué hacen? Pueden desempeñar tareas administrativas o profesionales, y en ambos casos cumplen una jornada de 40 horas semanales.
Aunque en números absolutos sobresale el Ministerio de Salud, con 4.222 contratados. Pero en proporción eso representa solo el 28% de su planta, que suma 15.382 empleados.
Esos contratados son, en su mayoría (más de 3.700), cargos “operativos categoría 1”, un abanico que incluye desde camilleros, operarios de call centers o administrativos. Ninguno, o casi ninguno, es médico.
Este esquema ha generado que en los últimos años se hayan multiplicado las protestas para sumar personal estable en las diferentes dependencias de la provincia.
Los datos forman parte del informe dado a conocer por el Ejecutivo provincial, a cargo del gobernador Martín Llaryora, el pasado fin de semana. El documento incluye información sobre ministerios, secretarías, agencias y organismos autárquicos.
La publicación se difundió días después de la polémica que protagonizó la Legislatura de Córdoba, que en un primer momento se negó a dar a conocer información similar.
Y también tras la decisión del Tribunal de Cuentas de la Provincia –y luego del Concejo Deliberante de la Capital– de publicar sus propias nóminas de personal, aunque con distinto grado de detalle.
En total, el Poder Ejecutivo de la Provincia tiene 6.687 contratados “puros” en sus diferentes organismos: ministerios, agencias, Apross, Ceprocor, Caja de Jubilaciones y Servicio Penitenciario.
Eso representa el 6% del total de agentes que perciben una remuneración del Panal.
Aunque ese porcentaje no incluye otras formas de trabajo sin estabilidad, como los cargos transitorios, que en su mayoría ocupan docentes interinos y suplentes, y en menor proporción, la planta política.
La información, con nombre, apellido, número de legajo, escalafón y cargo puede ser consultada por cualquier ciudadano.
¿Y los monotributistas y becarios? La Voz consultó a la Provincia, que destacó que son números pequeños, y que serán detallado . “A nosotros nos cuesta saber cuántos son”, respondió Sergio Castro, secretario general del Sindicato de Empleados Públicos de la Provincia (SEP).
Tamaños
En total, la Provincia informó que el Ejecutivo tenía a su cargo, hasta marzo, 112.454 personas.
De ese total, 26.840 trabajan en las fuerzas de seguridad (24%), 57.622 son docentes (51,2%) y 14.599 son profesionales, técnicos y auxiliares que prestan servicio en hospitales y centros asistenciales (13%).
Es decir que estas tres áreas –Educación, Seguridad y Salud– reúnen al 88% del personal que depende del Poder Ejecutivo. Es decir, 9 de cada 10 empleados estatales se desempeñan en estas estructuras, lo que muestra su peso determinante dentro del aparato público provincial.
Desagregados, el ministerio más grande es el de Educación, con 95.164 personas a cargo. Aquí, los contratados son pocos (61), pero abundan los famosos “suplentes”, que suman 14.313.
¿Qué hacen? En muchísimos casos, se trata de maestras de jardín de infantes y de grado. La suma alcanza a 4.580 personas.
También, como se dijo, hay mucho “interino”: son quienes ejercen funciones jerárquicas sin haber ganado el cargo por concurso, sin estabilidad, y que pueden ser removidos cuando regresa el titular. En Educación, también son muchos: 25.466.
Entre suplentes e interinos, representan el 31% de quienes trabajan en la educación provincial.
El segundo ministerio en tamaño es el de Seguridad, con 22.883 integrantes. Pero su situación es completamente distinta: aquí, el personal es casi en su totalidad de planta permanente, ya que incluye a la fuerza policial –desde la cúpula hasta los agentes–, que suman 22.235 personas.
En esta cartera hay 560 contratados, un 3%, en su mayoría “operadores” (civiles a cargo de las cámaras de seguridad).
Según se informó, no se contrató a ninguno en la actual gestión, aclararon desde la cartera.
En tercer lugar está el Ministerio de Salud, con 15.382 empleados en total. Como se dijo, es el que más contratados tiene en números absolutos.
Agencias
En la lista también se detallan las agencias, con Cultura al frente, con una planta de 1.048 personas.
En segundo lugar aparece la de Turismo, con 113, y luego la Córdoba Joven, con 71.
Después siguen ProCórdoba (32), la Agencia de Inversión (28), la de Conectividad (23) y la Innovar (15).
El Ersep, con 165 empleados para controlar
El Ente Regulador de los Servicios Públicos (Ersep) es uno de los organismos más cuestionados por diversos sectores de la oposición y de la sociedad. Fue creado en 2001 con el objetivo de regular y controlar la prestación de los servicios de energía eléctrica, agua potable y saneamiento, transporte interurbano de pasajeros, concesiones edilicias y la red de accesos a Córdoba.
Para esa tarea, el Ersep cuenta actualmente con 185 empleados, de los cuales 60 son administrativos con diferentes categorías, que van desde tareas simples de oficina hasta la coordinación de equipos.
Todos pertenecen a la planta permanente y tienen una antigüedad equivalente a la del organismo.
Además, el Ersep tiene 96 contratados que prestan servicios técnicos, de asesoría letrada y también ocupan cargos en atención al cliente, entre otros trabajos.
Lo curioso es que, más allá de las críticas a su funcionamiento —con una mayoría peronista que históricamente avaló los incrementos tarifarios—, y pese a la cantidad de empleados con la que cuenta, hubo intentos de limitar sus funciones.
Por ejemplo, el año pasado el organismo había aprobado un sistema “exprés” para el análisis y la autorización de incrementos tarifarios.
Ese esquema prescindía de las audiencias públicas y buscaba agilizar los pedidos de las empresas. Finalmente, en abril del mismo año, la medida quedó en suspenso
