La reforma laboral está en el centro de la agenda pública. El Gobierno está buscando impulsar cambios en las reglas laborales para modernizar las normas vigentes y mejorar la competitividad del mercado laboral.
Esta reforma se da en el contexto de un mercado de trabajo caracterizado por altos niveles de informalidad, una creciente presión sobre los ingresos de los trabajadores y reglas desiguales para las empresas. Estas señales denotan la debilidad del mercado de trabajo y la urgencia de una reforma laboral estructural.
Elevada informalidad
Según datos del Indec, la informalidad –que incluye tanto a los asalariados sin descuento jubilatorio como a los cuentapropistas que no realizan aportes previsionales– alcanzó el 43,2% en el segundo trimestre de 2025. Esto implica que casi la mitad de los trabajadores carecen de un empleo de calidad: no tienen acceso a seguridad social, prestaciones laborales ni ingresos estables.
Los asalariados representan el 72,4% de los ocupados, pero, entre ellos, el 37,7% es informal. Entre los no asalariados, la informalidad es sustancialmente más alta.
Presión por mejorar los ingresos
Otra señal de alerta es la creciente presión sobre el empleo. La combinación de desocupados, subocupados y ocupados que buscan activamente otro empleo alcanza el 30,5% de la población económicamente activa.
Dentro de este grupo, los ocupados demandantes de empleo aumentaron al 17,1%, lo que indica que, incluso quienes ya trabajan, necesitan mejorar sus ingresos debido a que su empleo actual es informal y de baja calidad. Otra situación alarmante es que solo el 58,4% de los ocupados tienen “empleo pleno”, es decir, un trabajo de 35 a 45 horas semanales.
Esto evidencia que las reglas actuales no solo no contribuyen a expandir el empleo registrado, sino que profundizan la rotación, la búsqueda simultánea de múltiples empleos y la proliferación de empleos de baja productividad.
Reglas laborales desiguales para las empresas
Otro problema radica en las reglas desiguales que enfrentan las empresas en Argentina, especialmente las pymes, que son las principales generadoras de empleo en el país.
En las firmas de uno a cinco empleados (donde trabajan un tercio de los asalariados privados), la informalidad alcanza el 75%, mientras que en las grandes empresas –de más de 200 empleados– la informalidad se reduce a alrededor del 11%. Las empresas de seis a 40 trabajadores (que agrupan al 37% de los asalariados privados) se sitúan en un punto intermedio, con tasas de informalidad que rondan el 36%.
Estas cifras muestran notables diferencias en la formalización laboral según el tamaño de la empresa, y están directamente vinculadas con las normativas laborales vigentes, pensadas para grandes compañías. Esto genera una desigualdad estructural, ya que las pymes deben afrontar los mismos costos laborales que las grandes firmas, lo que en la práctica hace que muy pocas logren cumplir con la legislación laboral vigente.
Lo que no puede faltar en la reforma laboral
La reforma laboral en debate es clave para abordar las debilidades estructurales del mercado de trabajo. Propone medidas como la flexibilización de las licencias parentales, la creación de un banco de horas, la protección de los trabajadores de plataformas y la opción de sustituir las indemnizaciones por despido con un fondo de cese laboral, entre otras.
Sin embargo, la reforma debe ir más allá y adaptar el marco normativo a la realidad actual de la estructura productiva, que sigue siendo predominantemente informal y segmentada. Por ello, debe avanzar hacia acuerdos más específicos entre empleadores y empleados, que sean flexibles y adaptados a las particularidades de cada empresa.
En este contexto, lo más urgente es la descentralización de la negociación colectiva. Los convenios sectoriales no se ajustan a las necesidades de las pequeñas empresas, lo que perpetúa la informalidad.
Otra propuesta clave consiste en reformar el esquema de las cargas sociales, estableciendo un mínimo no imponible para la masa salarial de cada empresa, y pagando luego solamente el proporcional que supere ese mínimo.
Estas medidas aliviarían a las pequeñas empresas y facilitarían la formalización de sus empleados y la generación de nuevos puestos de trabajo en blanco.
*Economista de Idesa
