El proyecto de ley del oficialismo provincial que establece nuevas pautas de control por parte del Tribunal de Cuentas abrió un escenario de confrontación que se recrudecerá esta semana entre el PJ y Juntos por el Cambio, cuando el tema sea tratado en la Legislatura de Córdoba. Ese organismo que realiza el control de legalidad del gasto desde el 10 de diciembre tendrá mayoría juecista.
Esta semana, cuando tomó estado parlamentario el proyecto presentado por los legisladores de Hacemos por Córdoba, Nadia Fernández, Victoria Busso, Matías Chamorro y Ramón Giraldi, comenzaron a escucharse durísimos cuestionamientos.
Por un lado, los tribunos electos, los juecistas Beltrán Corvalán y María Fernanda Leiva, denunciaron que el proyecto se trata de un “golpe institucional”, y advirtieron que se recortaron controles ya establecidos. Por otro lado, el oficialismo defendió avanzar en la modernización en la norma que permita la digitalización del tribunal, ya que se recordó ya que se trata de una ley de 1987, que con una resolución de 2021 que debe plasmarse en una normativa. ¿Qué dice el proyecto y cuáles son los artículos que más cuestiona la oposición?
La ley vigente tiene 86 artículos, de los cuales hay 24 que fueron modificados en el nuevo proyecto. Uno de los artículos (19) que hace a las atribuciones del Tribunal de Cuentas respecto de las intervenciones de los vocales reduce los plazos de acción.
Las áreas que dependan de la Secretaria de Fiscalización Legal deberán expedirse bajo su responsabilidad en seis días hábiles. Cumplido este tiempo, se remitirán las actuaciones a las vocalías, quienes tendrán un plazo máximo de cuatro días hábiles cada una para su pronunciamiento. Con esto, el oficialismo procura que la oposición no ralentice el funcionamiento de la administración con demoras en los expedientes.
Este es uno de los puntos que fue cuestionado por los vocales de la oposición, ya que interpretan que vencidos los plazos y sin intervención, se dará el visado del acto administrativo. El oficialismo considera que esto es una ventaja.
Por otra parte, el proyecto elimina el control previo de gastos tales como la retribución de los servicios personales prestados en relación de dependencia, a institutos privados de enseñanza, y al Fondo Nacional de Incentivo Docente y convenios de pasantías. Tampoco serán alcanzados “las contrataciones directas hasta 10 veces en suministro, y hasta 20 veces en obra pública”, según el presupuesto; y los subsidios o ayudas económicas cuando el importe autorizado sea de hasta cinco veces el índice 1 por la Ley de Presupuesto General.
Tampoco habrá controles preventivos sobre las contrataciones con organismos del Estado, Sociedades de Economía Mixta en las que tenga participación el Estado nacional, provinciales y municipales; además de los gastos de funcionarios del Ministerio de Salud en la medida en que se mantenga vigente la Emergencia Sanitaria Nacional.
Otros de los puntos que sumó cuestionamientos por parte de la oposición, fue la eliminación de controles preventivos sobre los gastos en combustible en vehículos de flotas oficiales, la compra de pasajes aéreos para viajes oficiales al exterior y las erogaciones en tasas a la importación de repuestos para las aeronaves provinciales.
En el artículo 50 se agregan, por ejemplo, otros elementos probatorios en lo que hace a la rendición de los gastos. De esta manera, se establece en el proyecto que “el Tribunal de Cuentas podrá aceptar como comprobantes respaldatorios del gasto pruebas indirectas, evidencia fotográfica, certificaciones de personal idóneo, evidencia testimonial, entre otros, cuando la naturaleza del gasto o las circunstancias específicas lo puedan justificar”. Esto fue visto por el oficialismo como un forma más viable y ágil de rendición, mientras que desde la oposición atenta incluso contra las exigencias de la Afip.
En cuanto a las sesiones extraordinarias del tribunal, se habilita la posibilidad de que se realicen en forma presencial por parte de los tribunos como remota por parte de los tres vocales que tiene este cuerpo, algo similar a las reuniones de comisión en la Legislatura, que pueden ser con asistencia mixta.
Fernández, una de las firmantes del proyecto, se refirió a por qué deben darse los cambios tras una ley que lleva más de 30 años. “Es un proyecto que plasma una resolución de 2021, que ya viene trabajando el Tribunal de Cuentas, por lo cual no hay nada raro. Hay que desdramatizar en relación con las críticas de la oposición, en primer lugar, advierto un enorme desconocimiento. Los que tienen que controlar desconocen la normativa y el funcionamiento y, además, no se tomaron ni siquiera el trabajo de leer detenidamente el proyecto, tampoco de participar en la comisión”.
“La digitalización y la modernización es necesaria justamente para controlar... sospechan que hay algo raro en esta normativa, la verdad que no, lo hacemos ajustándonos a los principios constitucionales... querían montar un show para transmitirle a la comunidad algo que no es real, que no hay transparencia y no hay organismo que sea efectivo sin modernización y sin digitalización, esa es la realidad”, aseguró la vicepresidenta de la Legislatura.
Leonardo Limia, presidente del bloque de legisladores de Hacemos por Córdoba, también habló de la necesidad de actualizar la normativa. “La idea del proyecto de ley es fortalecer todo el proceso de modernización que viene realizando el Tribunal de Cuentas, sobre todo en un plan estratégico de 2020 al 2023, donde se fueron haciendo mejoras en los procedimientos, en lo que tiene que ver con la capacitación del personal, en la digitalización de todos los procesos, de la firma electrónica, de los expedientes electrónicos”. “Tiene que ver también con los principios reactores de la ley 10.068, que es la que implementó la gestión electrónica -agregó-. Es imperioso, imprescindible llevar al rango de ley para dar más certidumbre, seguridad jurídica y certezas a este proyecto”.
“Se van a mantener exactamente todos los controles, tanto el control preventivo como el control posterior, de absolutamente todos los actos administrativos del Estado, y que inclusive vamos a mejorar a través de esta ley dejando plasmado todo lo que significa los avances tecnológicos de modernización. Es un salto de calidad”, insistió.
Para el tribuno electo Beltrán Corvalán, en cambio, se trata de una posibilidad de menos control. “Se quieren llevar puesto el Tribunal de Cuenta y los irresponsables dicen que somos nosotros por no ser cómplices de este proyecto. No queremos ser cómplices. En el artículo 50, por ejemplo, lo que quieren aprobar es que no exista más la factura tradicional como rendición, sino con un simple registro fotográfico. Le quieren sacar una foto a una silla, por ejemplo, y presentarla como comprobante del gasto”, se quejó el vocal Corvalán que integrará la mayoría, junto con Leiva. La minoría quedará en manos de la oficialista Silvina Rivero.
