El abogado de Susana Trimarco, madre de la desaparecida Marita Verón, confirmó que la mujer permaneció algunos días en Córdoba capital, pero negó que haya sido citada a declarar por la Justicia tucumana para aclarar qué pasó con los fondos que recibió durante el kirchnerismo y que no fueron rendidos, como había trascendido el miércoles.
“No fue citada nunca. De todas maneras, hablé con Susana, que está en Córdoba. Y le dio la instrucción a una colega de Tucumán para que presentara un escrito. Se presentó sin que nadie la cite”, dijo su defensor, José Dantona, a Mitre Córdoba.
El letrado aclaró que Trimarco “no dejó de comparecer nunca” a los pedidos de la Justicia y confirmó que esta mañana estaba llegando a Tucumán. Declaraba pasado el mediodía.
“Compareció a través de su abogada para avisar dónde estaba. Nunca llegó la citación. Susana Trimarco fue víctima de un robo, todo lo que demoró su estadía en Córdoba. Todo fue explicado al juez”, aclaró.
Y, agregó: “Nunca estuvo faltando a derecho. Lo que pasa es que las cosas hay que hacerlas como marca la ley”.
En Córdoba
Trimarco tiene un vasto historial de subsidios no rendidos en Córdoba, entre otros cuestionamientos legales.
En 2012, el Gobierno de Córdoba le entregó $ 2.400.000, en varias cuotas, para que llevara adelante su lucha contra la trata. Rubricaron ese acuerdo el entonces gobernador, José Manuel de la Sota, y el exministro de Seguridad, Alejo Paredes, entre otros.
Lo curioso es que nunca se hizo público el monto de la ayuda –no apareció en el Boletín Oficial, sino que lo confirmó el Gobierno tras la consulta de La Voz– y en la Secretaría de Trata desconocían que la fundación recibiera subsidios de manera regular, y menos ese monto. Además, esas entidades no realizaron nunca una actividad en conjunto.
¿El resultado? Pasaron cuatro años hasta que en abril de 2016 –nuevamente tras otro informe crítico de La Voz– el gobierno de Juan Schiaretti decidió frenar los pagos a la fundación, ante la falta de rendiciones y nulas evidencias de la construcción de un supuesto refugio para víctimas de trata, que nunca se realizó.
Ya en diciembre de 2014, dos denuncias se sumaron a las dudas que ya habían sido difundidas.
La Voz publicó entonces un informe sobre dos demandas laborales promovidas por exempleadas de la fundación en Córdoba, que aseguraban haber sido maltratadas y luego despedidas, tras sortear una serie de irregularidades.
Entre los hechos que mencionan en sus presentaciones, figuraban:
- Inventar legajos. "(...) en muchas oportunidades acudían personas con diferentes inconvenientes que en nada tenían que ver con nuestra materia. Sin embargo, cuando eso ocurría, la directora nos solicitaba encuadrar la problemática como si se tratase de potenciales víctimas de trata para cumplir 'con los números mensuales'".
- Rendiciones irregulares. "(...) la primera rendición de cuentas fue confeccionada con varios meses de atraso a contar desde la firma del convenio que dio comienzo a la sede de Córdoba, y para ello se empezaron a aportar tickets con gastos totalmente ajenos al funcionamiento de la fundación (se presentaron tickets de supermercados con gastos de productos de consumo personal, tickets de nafta, facturas de distintos lugares, etcétera)".
- Cualquier tarea. "No estábamos cumpliendo la misión de la fundación, ya que terminábamos limpiando, cuidando niños, repartiendo remeras, atendiendo a personas con problemas de falta de trabajo, vivienda, problemas de comunicación con sus hijos, pacientes psiquiátricos (...), y otros".
Las demandantes conservaron cuadernos propios en los que asentaron día por día a quiénes se asistía y cómo.
Las denuncias fueron presentadas en el Juzgado de Conciliación de 2ª, Secretaría 4ª y 3ª, Secretaría 6ª.
Pero salvo estos dos casos laborales, en Córdoba no hay ninguna denuncia ni investigación judicial en marcha para saber en qué se usaron los dos millones de pesos recibidos.
