La Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) adhirió al paro nacional convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) en contra de la “represión al pueblo jujeño” tras las protestas por la reforma constitucional en esa provincia norteña.
“Desde UEPC adherimos al Paro Nacional Docente convocado por CTERA para el jueves 22 de junio. ¡Basta de represión al pueblo jujeño! Aumento salarial a las y los docentes. Rechazo a la Reforma Constitucional”, señaló el mensaje en redes de la UEPC.
Qué puede pasar con las clases en Córdoba
UEPC es gremio base de CTERA, por lo que la adhesión a la medida de fuerza fue casi automática. Fuentes del gremio docente provincial confirmaron que la junta ejecutiva decidirá finalmente la modalidad de adhesión y lo informará a través de un comunicado. Sin embargo, el secretario general de la UEPC Juan Monserrat adelantó a La Voz que el acatamiento “será dispar”, por lo que cada docente decidirá si se adhiere o no.
En la mayoría de los paros nacionales lanzados por CTERA, y a los que se ha sumado la UEPC, la adhesión ha sido muy baja, más si se tiene en cuenta que se trata de un conflicto ajeno a Córdoba. Además, cabe recordar que la Provincia descuenta los días a los docentes que adhieren a esta medida de fuerza.
La recomendación es hablar, ya sea si existe un grupo de WhatsApp o un teléfono directo de la escuela, con las autoridades de los establecimientos o los docentes para saber si van o no a adherir a este paro.
En otras ocasiones, y ante medidas similares, suelen acatar la medida sólo los delegados de colegios, pero no los docentes en su mayoría.
El caso más reciente fue la medida de fuerza que se realizó el 10 de agosto del año pasado, en rechazo a la resolución de la justicia contra Santiago Goodman, exsecretario general de Atech (Chubut), enjuiciado por “incendio estragoso” durante una protesta sindical.
Los docentes comenzaron las protestas en Jujuy
La reforma de la Constitución en Jujuy generó una ola de protestas este fin de semana en esa provincia. Fueron encabezadas por comunidades originarias, gremios y partidos políticos que rechazaron tanto el contenido como el tratamiento brindado por los convencionales constituyentes jujeños.
Sin embargo, los primeros reclamos contra el gobierno de Gerardo Morales comenzaron a principios de mes cuando los sindicatos de la educación pública provincial iniciaron una medida de fuerza en reclamo de un aumento salarial.
Incluso los docentes fueron uno de los colectivos que mayor participación tuvo en los cortes en San Salvador de Jujuy y Purmamarca este fin de semana.
“Tienen que convocarnos a una nueva mesa paritaria”, sostuvo Sonia Alesso, secretaria general de CTERA, en C5N, en referencia al conflicto en la provincia norteña. “El gobierno debe ofrecer un aumento salarial y mejorar las condiciones laborales de los docentes jujeños. Creemos que este paro nacional tendrá un gran acatamiento”, agregó la delegada gremial que además confirmó que la junta ejecutiva sesionará el jueves en la capital jujeña.
Liberaron a los detenidos pero siguen los reclamos
Las 21 personas que se encontraban detenidas, entre ellas 8 mujeres, fueron liberadas en las últimas horas por lo que ya no hay aprehendidos tras los incidentes del sábado pasado en la localidad de Purmamarca.
Sin embargo el reclamo y las medidas de fuerza persisten, afectando principalmente a los caminos hacia el interior.
La aprobación del nuevo texto constitucional, impulsado por el gobernador Morales, ocurrió en la madrugada del viernes 16 de junio, luego de una semana de tratamiento en comisiones.
En ese periodo, cuestionado por su brevedad, se abordaron puntos críticos para la vida institucional de la provincia como la regulación del derecho a la protesta, la propiedad de las tierras de las comunidades originarias en donde se hallan recursos naturales como el litio, nuevos mecanismos para la selección de jueces y la modificación de los organismos de control, entre otros puntos.
Tras las protestas del fin de semana, el gobierno provincial emitió un comunicado en el que invita a los representantes de las comunidades a una ronda de diálogo para poner en discusión los puntos controvertidos de la reforma.
