Luego de que el Poder Ejecutivo se negara a aplicar las leyes de presupuesto universitario y del hospital Garrahan, que se suman al incumplimiento de la emergencia en discapacidad, un diputado por Córdoba quiere tomar cartas en el asunto. Se trata del democristiano Juan Brügge, integrante del bloque Encuentro Federal y alineado al gobierno de Martín Llaryora.
Brügge presentó este martes un proyecto de resolución para que la Cámara de Diputados promueva ante la Corte Suprema de Justicia una acción declarativa de inconstitucionalidad de los decretos que promulgaron a medias las tres leyes y, de esa manera, “atentaron contra la soberanía popular expresada en el Parlamento”.
El proyecto pretende ser una alternativa a la moción de censura contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que ya tiene dictamen de mayoría y está lista para ser votada en la próxima sesión. Brügge no acordó ir por esa vía y propuso avanzar solamente en la interpelación al funcionario. Ahora, sumó una iniciativa complementaria.
El planteo apunta contra los decretos 681/2025, 759/2025 y 760/2025, firmados por el Poder Ejecutivo, que difieren o condicionan la entrada en vigencia de las leyes 27.793 (emergencia nacional en discapacidad), 27.795 (financiamiento universitario y recomposición docente) y 27.796 (emergencia sanitaria pediátrica).
Brügge sostuvo que esas normas fueron aprobadas por amplias mayorías y que “no pueden quedar a merced de decisiones administrativas que desconocen la voluntad del Congreso”. En los fundamentos del proyecto, el diputado de la Democracia Cristiana calificó la situación como de “gravedad institucional inusitada”, al considerar que el Ejecutivo “se arrogó facultades que la Constitución no le reconoce”.
“El Gobierno pretende invocar una ley presupuestaria (la 24.629) para no cumplir otras leyes votadas por el Congreso. Eso viola el principio republicano de división de poderes consagrado en el artículo 1° de la Constitución”, argumentó.
El texto instruye al presidente de la Cámara (o a los vicepresidentes y jefes de bloque, en su defecto) a iniciar la acción judicial dentro de los siete días de aprobada la resolución. Además, autoriza la contratación de asistencia legal para la redacción y presentación de la demanda.
Brügge advirtió que el incumplimiento de las tres leyes afecta a sectores “particularmente vulnerables”, como las personas con discapacidad, los niños y niñas en edad pediátrica y los docentes y estudiantes del sistema universitario público. “La vida, la salud y la educación no pueden quedar subordinadas a fórmulas matemáticas o criterios economicistas que desconocen la realidad social”, sostuvo.
El legislador citó además doctrina constitucional y fallos recientes de la Corte Suprema para respaldar su posición, recordando que el máximo tribunal ha reiterado que “ninguno de los poderes del Estado puede actuar por fuera de las atribuciones que la Constitución le confiere”.
“La Cámara de Diputados no puede permanecer pasiva ante un acto que desconoce su autoridad institucional. Corresponde acudir a la Corte Suprema para restablecer el orden republicano vulnerado”, concluyó Brügge, quien pidió a sus pares acompañar la iniciativa “en defensa de la legalidad, la democracia y la soberanía popular”.
