“Trabajo en una carpintería de aluminio y en las restricciones fuimos igual a la fábrica. Porque si no trabajo, nos echan o nos descuentan. Es todo muy difícil para el laburante si la economía se para”, dice Pedro. Con matices, el universo de 5,9 millones de trabajadores privados atraviesa algún grado de zozobra. Ni siquiera actividades esencialísimas, como la salud o la alimentación, están al margen de la crisis.
No hay crédito, las empresas están muy golpeadas y la segunda ola de Covid-19 encuentra a todo el mundo más frágil. Pero hay excepciones. ¿Adivine? Claro que sí, el Estado. Por caso, el Gobierno de Córdoba dispuso receso administrativo desde el 22 al 30 de mayo. Y luego, mediante resolución N° 292, la Secretaría General de la Gobernación estiró el receso hasta el viernes 11 de junio: 10 días más. Lo mismo hizo la Municipalidad de Córdoba, mediante la resolución 5.751.
El argumento explícito es que hay que bajar la circulación y que por eso se dispone que todos los agentes públicos, con excepción de los abocados a tareas esenciales más la Secretaría de Niñez, estén en receso. Eventualmente, pueden ser llamados quienes ya hayan sido vacunados.
El receso supone que no corren los plazos administrativos; es decir, es una especie de pausa colectiva donde poco importa si el Estado trabaja o no trabaja. Son vacaciones disimuladas, donde trabajan unos pocos, y siempre los mismos. Lo peor de todo es que, con 14 meses de cuarentena, los ciudadanos se habituaron a que la productividad del Estado haya descendido a niveles insólitos.
En todo hay atraso: no se cobran las cuotas del programa Vida Digna; no se resuelven los pedidos de partidas de nacimiento en el Registro Civil de la Ciudad de Córdoba; cuesta conseguir que se tramiten los boletos educativos; los carnet de conducir se prorrogan automáticamente porque no hay capacidad de atender los vencimientos; nadie responde los reclamos de problemas de alumbrado, y la aprobación de un informe técnico para construir un inmueble lleva, por lo menos, seis meses. Las sentencias judiciales demoran en promedio ocho años, y nadie ya se escandaliza. Entre 2017 y 2019, Anses otorgaba en promedio 21 mil jubilaciones al mes. En la pandemia, bajó a sólo 11 mil por mes: 155 mil personas esperan su jubilación, que no llega por la desidia que hay en la administración pública. Hay cientos de ejemplos en los tres niveles del Estado.
Está tan naturalizado que en el Estado todo es lento, sujeto a decenas de firmas (y lo que muchas veces eso supone), sin penalidades cuando se incumplen objetivos (si es que los tienen) y con recesos eternos, que ya nadie se inmuta. Todos asimilamos que se trata de una estructura gigantesca, con pocas chances de agilizar, que está ahí, hibernando. El problema es que no hiberna: necesita cada vez más recursos fiscales para sostenerse. Y necesita más porque cada vez es más grande. Nada le alcanza.
En números
En el año 2000, Córdoba tenía 105.423 empleados en sus tres poderes del Estado. Hoy son 145.390: 38% más en dos décadas, cuando se desarrolló internet y múltiples procesos se agilizaron. La Municipalidad de Córdoba tenía en el 2000 7.784 agentes y hoy tiene 10.317: 30% más sin contar los chalecos que son becarios ni los monotributistas. Los 426 municipios cordobeses no se quedaron atrás: de 20.122 pasaron a 28.750, 43% más. Lo peor es que en esas dos décadas el Estado jubiló anticipadamente a 24.889 dependientes de todas las esferas de la Provincia. Esos puestos se repusieron y se agregaron más.
Eso explica, en buena medida, que hoy existan en el país 167 impuestos y tasas diferentes y es por eso que la única área donde sí trabajan, presencial o en teletrabajo, es la de recaudación: son miles las personas con cuentas embargadas en plenas restricciones. Muchos son comercios no habilitados a trabajar. Es un mazazo más en la malaria general.
El Estado es un gran administrador de plata ajena: no genera recursos. Existe para regular: toma y distribuye, con el afán de corregir las inequidades que el mercado no corrige; y existe para prestar servicios comunes a todos, que en la democracia nos hemos puesto de acuerdo que deben ser prestados por ese ente que es el Estado. Ahí está la Justicia, la educación, la seguridad y la salud. Muchos ciudadanos optan por pagar servicios privados de educación, de salud y hasta de seguridad. Pero hay facultades que son indelegables del Estado.
Un Estado que tiene el gran privilegio de declararse en receso. Total, los Pedro siguen en las fábricas, y en las oficinas continúan trabajando.
