Aunque la Legislatura de Córdoba está enfocada en definir otros temas, como el proyecto de ficha limpia y los pliegos para ocupar la vocalía en el Tribunal Superior de Justicia enviado por Martín Llaryora, se conoció una iniciativa de magnitud que sorprende a la política local: una propuesta de reforma de la Constitución.
El proyecto es del radical Carlos Briner, exintendente de Bell Ville, quien envió la iniciativa el martes luego de un trabajo que, le dijo a La Voz, comenzó en marzo de este año y contó con el asesoramiento del constitucionalistas Diego Frossasco.
El médico belvillense aclaró que lo hizo por fuera de su bloque.
Entre otras cuestiones, el proyecto plantea modificaciones profundas en la organización política y administrativa del Estado provincial, a partir del Dictamen de la Comisión Consultiva de Expertos para la Reforma Político-Electoral, creada por el Poder Ejecutivo de la Provincia a cargo de Juan Schiaretti en diciembre de 2007.
“Pero sin meterse en cuestiones de derechos, solo tocaría la parte orgánica”, aclaró Briner.
Aquel dictamen se denominó Así no va más: diagnóstico y propuesta de reforma político- electoral de la Provincia de Córdoba y tenía, en el punto cuarto, una “propuesta de reforma político electoral” en el que aconsejó 21 modificaciones, de las cuales seis podrían realizarse mediante proyectos de ley, y las 15 restantes mediante reforma constitucional.
Briner retomó aquella iniciativa y formuló un proyecto - de 59 páginas- que busca abrir la discusión, sobre todo en el radicalismo.
Por ejemplo, entre lo más significativo que expone el radical está reinstaurar un sistema legislativo bicameral, la limitación de reelecciones para el gobernador, la implementación de una segunda vuelta electoral y el fortalecimiento de los mecanismos de control institucional.
No solo son ideas. También tiene fechas. Propone elegir a 70 convencionales constituyentes, encargados de la reforma, el próximo 26 de octubre de 2025 “en forma simultánea con la elección de renovación parcial de la Cámara de Diputados de la Nación”.
Con una aclaración: los convencionales no percibirán remuneración o emolumento alguno por su tarea.
“Nada teníamos nosotros, nada”, dijeron en el Panal sobre si conocían la iniciativa, aunque reconocieron que habían tomado contacto.
El regreso al viejo sistema bicameral
Una de las propuestas centrales de Briner es terminar con la Unicameral, que data de 2001, y volver a las dos cámaras.
Bajo el nuevo esquema, existiría Diputados, compuesta por 44 representantes (de distrito único electos proporcionalmente), y Senadores, con 26 representantes (uno por cada departamento).
En el proyecto, Briner explica que su reforma busca fortalecer la representación territorial y política, además de mejorar la calidad técnica de las leyes. Según los fundamentos, el sistema bicameral permitiría “un debate más profundo y diverso”, otorgando mayor capacidad de revisión a las decisiones legislativas.
“Desde nuestro punto de vista el balance del funcionamiento de nuestra legislatura unicameral es negativo”, dice en una de las conclusiones.
Limitación de mandatos y segunda vuelta
Briner también quiere que la Constitución limite a dos los mandatos consecutivos para un gobernador, incluyendo restricciones a quienes hayan ejercido el poder por más de dos años en un periodo no propio.
El radical justifica la idea con el objetivo de “fortalecer el principio republicano de alternancia en el poder”.
Además, el legislador propone que, para gobernador, se vote con el sistema de doble vuelta lo que aseguraría que - en caso de ser necesario- el vencedor cuente con al menos el 50% de los votos. Eso, se explica, aumentaría la legitimidad democrática de aquel que llegue al Panal.
El proyecto establece que las dos fórmulas más votadas vayan a un balotaje, que hacerse dentro de los 30 días después de la primera.
Aclaración: para ganar en primera vuelta, los candidatos deben obtener el 50% de los votos afirmativos válidamente emitidos, más uno. No dice nada de la diferencia con el segundo.
Fortalecimiento del control legislativo
Otra de las propuestas de Briner es sumar herramientas que fortelezcan el control legislativo sobre el Poder Ejecutivo. Por ejemplo, abre la posibilidad de que ambas cámaras puedan “censurar” a un ministro.
Este mecanismo (que requeriría mayoría absoluta) permitiría remover a un ministro por cuestiones de dirección política del gobierno; una situación diferente a la del juicio político, donde se exige causales específicas.
Aclaración: esta censura, similar a la que el artículo 101 de la Constitución Nacional prevé para el Jefe de Gabinete, no debe confundirse con el juicio político contemplado en los artículos 112 a 123 de la Constitución Provincial.
Cambios en la Defensoría del Pueblo
La Defensoría del Pueblo también tiene un capítulo. Briner propone nuevos requisitos para elegir al titular del organismo, en el que pesen la experiencia comprobable en Derechos Humanos, la ausencia de filiación política o sindical y no haber desempeñado cargos públicos electivos en un periodo mínimo anterior a cinco años, a contar desde la fecha de su designación.
Además, se propone reducir la mayoría necesaria para su designación y habilitar al Defensor del Pueblo a realizar acciones judiciales en defensa de derechos colectivos.
La Comisión Consultiva de Expertos había recomendado atribuirle al Defensor del Pueblo legitimación procesal activa para demandar. ”Ello con el objetivo de fortalecer sus atribuciones, esenciales para el control de la administración pública y la defensa de los derechos ciudadanos”, decían.
Vale aclarar que actualmente la Constitución no establece requisitos de elegibilidad.
Modernización del Consejo de la Magistratura y del Ministerio Público Fiscal
El radical explica que sería necesaria una reestructuración del Consejo de la Magistratura. De aprobarse el cambio, allí se incluiría una representación equilibrada entre actores políticos, judiciales, académicos y sociales.
“Promovemos que la Convención incorpore que un Consejo de la Magistratura, regulado por una ley especial. Tendrá a su cargo asistir al Poder Ejecutivo en la selección de los magistrados de los tribunales inferiores de la Provincia, integrantes del Ministerio Público Fiscal, y asesores letrados con excepción del Fiscal General, fiscales adjuntos y de los jueces de paz legos”, se argumenta.
Además, Briner promueve la independencia del Ministerio Público Fiscal del Poder Judicial, siguiendo el modelo nacional.
Otras propuestas: de la gobernabilidad a la ficha limpia
Hay otros puntos que podrían, por ejemplo, impactar en las municipalidades, como la de Córdoba capital. Es el caso de la “cláusula de gobernabilidad”, que Briner propone eliminar.
- Eliminar la cláusula de gobernabilidad en los concejos deliberantes, permitiendo una representación proporcional más justa.
“La eliminación del sistema uniforme permitirá la consagración de diversos sistemas de elección de intendentes y concejales en las cartas orgánicas municipales y en la Ley Orgánica Municipal, como otro de los contenidos de la autonomía local”, expresa Briner.
- Incorporar la prohibición de que quienes se desempeñaron como funcionarios del Poder Ejecutivo sean propuestos para integrar el Tribunal Superior de Justicia por un gobernador del mismo partido.
En ese punto, Briner detalla que la actual composición del TSJ tiene tres de sus miembros que han sido funcionarios del Gobierno del Partido Justicialista.
A saber: Luis Angulo (fue secretario de Trabajo entre 1999 y 2004; ministro de Justicia entre 2007 y 2011; y ministro de Justicia y Derechos Humanos, entre 2015 y 2018); María Cáceres de Bollati (fue directora de Inspección de Personas Jurídicas, de 2002 a 2005; y secretaria de Asuntos Registrales del Ministerio de Justicia, en 2005; y Sebastián López Peña (se desempeñó como director de Política Judicial y Reforma Procesal del Ministerio de Justicia entre 2007 y 2011, y director General de Asuntos Judiciales de la Procuración del Tesoro entre 2011 y 2015).
- Briner quiere llevar a la Constitución cordobesa el principio de ficha limpia (a punto de ser convertida en ley), que impide que sean candidatos y ser funcionarios a personas condenadas por corrupción con doble conforme (una condena en doble instancia).
- Sobre el Tribunal de Cuentas, propone modificar su integración, el número de miembros, sistema de elección y período de permanencia de sus miembros en los cargos; o sustituir el Tribunal de Cuentas por una Contraloría General. Y que el control sea previo al gasto.
