Jaqueado por la crisis económica y política, y envuelto en numerosas acusaciones de corrupción, en 1995 cae el gobierno provincial de Eduardo Angeloz (UCR) en el mes de julio. En agosto, se presentan las primeras denuncias por enriquecimiento ilícito ante el fiscal Carlos Ferrer.
En 1996, Angeloz pidió que le fueran sacados los fueros (en ese momento, el presidente de la Cámara era Carlos Ruckauf) luego de que sus colegas ya habían llegado a un acuerdo para hacerlo. Así, regresó a Córdoba y esgrimió aquella medida como propia.
En rigor de verdad, fue el juez cordobés Manuel Medina quien pidió la medida durante el proceso en una causa. El Código Penal de la provincia exigía, por aquel entonces, el desafuero previo para iniciar la investigación sobre el legislador.
Angeloz fue acusado de enriquecimiento ilícito y otras 14 personas fueron imputadas como presuntos testaferros de diversas propiedades.
El juicio se realizó en el año 1998 y tuvo cobertura periodística y repercusión nacional.
El tribunal que juzgó a Angeloz por supuesto enriquecimiento ilícito fundamentó su absolución en el beneficio de la duda por falta de pruebas y de certezas para condenarlo.
Los jueces sostuvieron en ese entonces que la duda y la probabilidad excluyen la certeza sobre la culpabilidad, y eso ocurrió en este proceso.
Los argumentos aludieron, también, a que Angeloz tuvo conductas reñidas con la ética y la transparencia, que en el ejercicio de la función pública debe observar todo funcionario.
Los fiscales cuestionaron el fallo, que fue confirmado por el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia.
