Hay tres cosas que siguen escalando por encima de los valores habituales en el verano cordobés: la temperatura, los impuestos y las secuelas de los empleados fantasma en el Estado.
El debate ciudadano y la discusión política coincidieron, cosa que no es frecuente que ocurra, en el punto de las actualizaciones de los impuestos Inmobiliario y Automotor que cobran la Provincia y los municipios.
Una polémica que tiene muchas aristas pero que parte de una premisa concreta: el incremento impositivo está por encima de la inflación y de las actualizaciones de los ingresos de buena parte de los cordobeses.
Hay argumentos para todos los gustos. Desde el oficialismo provincial y municipal de la Capital, apuntan a que no pueden prestar de manera adecuada los servicios con los recortes que impuso la gestión de Javier Milei; que en el global de todos los componentes impositivos la incidencia mayor es la nacional; que son muy específicos los casos de sumas desmesuradas, y que hay canales para resolver esas situaciones.
En cambio, la oposición plantea que han sido generalizados los incrementos muy por encima de la inflación; que hay una necesidad de recaudar para sostener una estructura estatal con lógica partidaria; que no se produjo el ajuste que cuentan el Gobierno provincial y algún instituto económico como el Iaraf.
Entidades empresarias y sectores de la pequeña y mediana empresa aportan el dato sobre los criterios arbitrarios y poco equitativos con los que se hizo la actualización impositiva. Grandes emprendimientos con incrementos que rondan el 150 por ciento y pequeños locales ubicados a pocos metros con ajustes superiores al 450 por ciento.
Un intríngulis de cálculos e índices rodea la discusión.
El criterio de aumentar en función de la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (Ripte) desconoce que eso es un promedio del empleo formal (muchos están por debajo) y que más de un tercio de los asalariados son informales y están muy por debajo.
El extraño coeficiente de equidad inmobiliaria (CEI) parece tener muy poco de equidad, por la enorme cantidad de casos de propiedades en la misma zona con aumentos más que diferenciados.
El Gobierno argumenta que las quejas son sólo una espuma, y que debajo hay miles de contribuyentes cumplidores que están pagando sin chistar, con las fuertes subas incluidas.
El camino de patear el reclamo hacia la Nación, más allá de la razonabilidad o no del planteo, tiene las limitaciones que impone la adhesión que mantiene Milei entre los cordobeses.
El fuerte reclamo que hizo el sábado en Deán Funes Martín Llaryora contra un presidente al que acusó de “desentenderse” de Córdoba es muy parecido al que hacían José Manuel de la Sota y Juan Schiaretti contra Cristina y Alberto Fernández. Lo que no es parecido es la valoración de los cordobeses respecto del ocupante de la Casa Rosada.
Fiscal experimentado
El otro asunto del verano es la llamada “ruta del dinero Kraisman”, que desembocó en la corroboración de empleados fantasmas en la Legislatura provincial.
A casi un mes de la detención del dirigente peronista Guillermo Kraisman cuando este intentaba cobrar el sueldo de una empleada legislativa, las autoridades de la Unicameral no logran explicar por qué le pagaron a alguien que no tenía contrato firmado, y no responden si existen otros casos en ese cuerpo.
La vicegobernadora y titular del cuerpo, Myrian Prunotto, aportó un poco más de confusión cuando en declaraciones a El Doce dijo desconocer el número exacto de empleados a su cargo y habló de una cifra de “alrededor de 1.500 empleados”, cuando en realidad en los registros oficiales son casi 1.800, sin contar monotributistas y otras modalidades de contratación.
El escándalo cobró más dimensión cuando se metió de lleno en la interna peronista, con cruces públicos sobre responsabilidades en los favores hacia el dirigente que milita históricamente en el sector de Alejandra Vigo.
Mientras, desde Bouwer, Kraisman mandó a decir que quiere declarar como “arrepentido”, una manera de apurar los tiempos políticos-judiciales y asustar con otro tipo de fantasmas.
El caso está en manos del fiscal Anticorrupción Franco Mondino, quien antes de ocupar ese cargo fue asesor del bloque de legisladores del PJ cordobés y cobraba como monotributista, lo cual –más allá de que debería ser motivo de apartamiento– le aporta conocimientos sobre los movimientos de personal en la Unicameral.
