Hay un velo que sigue lejos de correrse, y los supuestos intentos de poner luz aumentan la oscuridad.
Es la compleja trama del empleo público y su utilización con fines espurios, en una acción de apropiación ilegal de recursos que son de toda la sociedad que hacen quienes ostentan puestos de conducción en las estructuras del Estado.
En esa trama, todos los poderes del Estado en los diferentes estamentos aparecen hoy involucrados en Córdoba, en un hecho que lejos está de ser nuevo pero que se va actualizando y se aleja de estándares de transparencia.
El detonante fue casi fortuito, hace ya tres meses, cuando el dirigente peronista Guillermo Kraisman intentó cobrar el sueldo de una presunta “empleada fantasma” de la Legislatura provincial, designada por la propia vicepresidenta del cuerpo, Nadia Fernández.
Todo lo actuado desde allí por la Unicameral presidida por la vicegobernadora Myrian Prunotto fue opaco, al punto que hay elementos para sostener que la cantidad de personal informado por la Legislatura no se corresponde con las remuneraciones que se pagan en ese lugar.
Mientras se levanta polémica en otras instancias provinciales y municipales, una situación delicada impacta ahora en el Poder Judicial.
La Justicia cordobesa se ufana de designar a todo su personal por concurso, a diferencia de lo que ocurre en el fuero federal, donde se imponen otros criterios no republicanos para los nombramientos. Y, efectivamente, eso es así.
Pero esos concursos comenzaron a ponerse en tela de juicio en noviembre pasado, cuando apareció el caso de una prueba para cubrir vacantes en la defensoría pública con resultados muy sorprendentes respecto de la distancia de las cuatro primeras en relación con el resto de los concursantes.
Una serie de datos llevaron a colegir que estas personas habían accedido a las preguntas previamente a través del propio responsable del concurso, el defensor público oficial Eduardo Caeiro, sobre quien pesa un pedido de imputación.
En aquel momento, desde el Tribunal Superior de Justicia se suspendió ese concurso y se hizo hincapié en que se trataba de un caso aislado.
Sin embargo, hace unos días se conoció que a partir de la investigación que lleva adelante el fiscal Enrique Gavier sobre aquel examen surgieron datos para sospechar de otros concursos, por haber sido presuntamente amañados.
No obstante, lo que más impacto generó es que de esa pesquisa realizada por Gavier apareció que Caeiro no sólo habría intentado beneficiar a allegados o recomendados en concursos a su cargo sino que habría pedido favores similares en concursos en los que él participaba.
Se sospecha que Caeiro pidió a un magistrado provincial de alto nivel que le gestionase una reunión con Germán Garavano, exministro de Justicia de la Nación y entonces asesor del Poder Judicial cordobés, para poder acceder a un puesto de juez federal por el que había concursado.
Más allá de que no está determinado si se concretó o no esa gestión, y obviamente tampoco si hubo algún resultado concreto, aparece la sospecha de una conducta tendiente a acomodar los nombramientos en función de otras cuestiones que no sean el mérito, la idoneidad y la capacidad.
Los pases sugestivos
La nueva aparición del nombre de Garavano adquiere cada vez más dimensión en algunas líneas poco claras que unen los tribunales provinciales con los federales.
Es que Garavano renunció al cargo de asesor de la cabeza del Poder Judicial cordobés para participar de la defensa del empresario Alicio Dagatti, dueño de uno de los frigoríficos que proveían al Servicio Penitenciario provincial y acusado de ingresar carne en mal estado, celulares, alcohol y drogas a las cárceles.
Garavano intenta que ese caso, que es un desprendimiento de la megacausa por corrupción en las cárceles y en el que están mencionados importantes funcionarios provinciales, pase al fuero federal, donde tendría mejor trato para su defendido. Es un hecho que parece no ser aislado en causas que tienen personajes de mucha influencia.
En Tribunales, crece la sospecha de que hay acciones coordinadas entre las cabezas de ambos poderes para ir pasando de un fuero a otro las causas de alto impacto, para que caigan en los magistrados más benévolos.
