La madrugada del 3 de diciembre de 2013 estalló un sistema de autogobierno policial instaurado por Alejo Paredes, un policía de elite que buscó proyección política y ocupó el Ministerio de Seguridad hasta septiembre de 2013, y por Ramón Frías, jefe de Policía que estableció un pago en negro para los efectivos: el genoma del motín.
Paredes había sido designado jefe de Policía por José Manuel de la Sota en 2007 y se mantuvo en ese puesto durante todo el gobierno de Juan Schiaretti. Cuando De la Sota recuperó la Gobernación en 2011, lo ascendió a ministro de Seguridad, pero debió nombrar a Frías como su sucesor al frente de la Policía.
Ese relevo forzado tensó una relación ya resquebrajada. Años después, ambos terminarían orbitando el negocio de la seguridad privada: Frías con la empresa RF Seguridad, encargada de los controles en Talleres, y Paredes vinculado, como asesor externo, al grupo Universo Jiménez.
En ese contexto de desconfianza, con la Policía autogobernándose y con los efectivos cobrando un plus salarial en negro, estalló en septiembre de 2013 el denominado “narcoescándalo”. El fiscal federal Enrique Senestrari detuvo a ocho policías de Drogas Peligrosas. El impacto fue devastador: la carrera política de Paredes quedó truncada y Frías salió eyectado de la conducción policial. Así llegó Alejandra Monteoliva al gabinete de De la Sota y César Almada fue designado jefe de Policía.
Las primeras declaraciones de Monteoliva a La Voz resultaron desafiantes. Afirmó que titular el caso como “narcoescándalo” era “muy perjudicial”: “Es inadecuado; hay más escándalo que narcoescándalo”, ninguneó el caso.
Entre los imputados estaba Julio “Huevo” González (hoy Lourdes Milagros González), jefe de inteligencia policial y persona de confianza de Monteoliva. Una foto los muestra del brazo, como muestra de la cercanía forjada en esos años.
En 2025, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó que esos policías conformaron una asociación ilícita que hacía incautaciones de drogas ilícitas, apoyadas en informes falsos elaborados por González.
En 2013, ese era el clima de época, mientras en paredes de la ciudad aparecían pintadas con aerosol que decían “De la Sota narco”.
“Un incendio por ‘la chispa’”
Al asumir, Monteoliva decidió desarticular el autogobierno policial, que también incluía negocios nunca esclarecidos: apagó “la chispa”, nombre con el que se conocía al plus salarial en negro percibido por los efectivos del Comando de Acción Preventiva. Ese pago representaba el 35% del salario policial.
En octubre, los policías comenzaron a tercerizar el reclamo salarial a través de sus esposas. Fueron ellas quienes exteriorizaron el malestar. El 28 de noviembre tomaron el hall de la Jefatura, ya bajo mando de Almada, y el 2 de diciembre instalaron un piquete en la puerta de la Guardia de Infantería, el otro foco de la protesta.
En el Estado Mayor de Almada estaba como jefe de la Policía Caminera Julio Suárez, excuñado y amigo leal de Frías. Su rol sería central en la madrugada del 3 de diciembre. A eso de las 3.30, Oscar González, jefe de Gabinete de De la Sota y el único político con oficio en la mesa de crisis, y Monteoliva dispusieron que una comitiva encabezada por Almada —e integrada, entre otros, por el jefe de negociadores policiales Claudio Vignetta— iniciara conversaciones con los acuartelados. Pero ya era tarde: el conflicto llevaba más de 24 horas cocinándose en las comisarías.
Excluido de la negociación, Suárez desapareció, apagó su teléfono y los móviles de la Caminera se plegaron al desbande general. Días después, sofocada la rebelión y concedida la recomposición salarial, Frías intercedió por su excuñado ante De la Sota. El gobernador terminaría nombrándolo jefe de Policía. Aunque sostuvo a Vignetta en la Plana Mayor, un año después, Suárez lo desplazó definitivamente de la fuerza.
Almada fue “reconvertido” por el Gobierno de De la Sota como secretario de Riesgo Climático, donde creó los Equipos Técnicos de Acción ante Catástrofes (Etac). Con la llegada de Daniel Passerini a la Municipalidad, pasó a conducir brevemente la Guardia Urbana, pero fue desplazado tras denuncias de un presunto sobreprecio en la compra de uniformes. El 15 de noviembre pasado, el fiscal Franco Mondino lo imputó por negociaciones incompatibles.
Volvamos a la madrugada del 3. Con el conflicto sin cauce, Oscar González convocó a Miguel Ortiz Pellegrini, el ex fiscal General de la Provincia y socio político del Gobierno. En el juicio a los 58 policías que iniciaron el motín, el propio González declaró que “personalmente intentó comunicarse con autoridades nacionales para pedir la intervención de Gendarmería, pero no le atendieron el teléfono”.
Dijo que “era clara la intención” de liberar Córdoba. No respondieron, dijo González, Jorge Capitanich, jefe de Gabinete de Cristina Fernández; Sergio Berni, secretario de Seguridad de la Nación; y Florencio Randazzo, el ministro de Interior y quien luego fuera socio de Schiaretti en los intentos nacionales del exgobernador.
La renovación
Mientras la oposición se anticipaba a un reparto de poder que daba por hecho en 2015, De la Sota escapó de la crisis con una renovación política: se deshizo de Oscar González, hombre de su mesa chica desde fines de los 90, y encomendó la Policía a Walter Saieg, cuya carrera terminaría en 2015, tras el robo de 67 pistolas de Jefatura.
Hace 12 años, además, De la Sota oxigenó el gabinete con dos jóvenes intendentes: Julián López asumió en Agricultura y Martín Llaryora quedó al frente del estratégico Ministerio de Comercio e Industria, y a cargo de reconstruir la cadena comercial saqueada.
En julio de 2015, Llaryora sería elegido vicegobernador junto a Juan Schiaretti, el paso previo a la intendencia de Córdoba y a la gobernación, mandato que concluirá en diciembre de 2027, cuando los cordobeses recuerden 14 años de la peor madrugada vivida en democracia.
