La diputada nacional Gabriela Brouwer de Koning, de la UCR de Córdoba, presentó un proyecto de ley que propone derogar decretos y normas que garantizan asignaciones a favor de integrantes del clero católico en concepto de remuneraciones, jubilaciones y pensiones.
Este proyecto está en línea con otro que la diputada nacional de Río Tercero presentó en noviembre pasado, cuando propuso fijar reglas para las pensiones vitalicias que cobran los expresidentes y exvicepresidentes de la Nación.
En ese proyecto establecía que “nadie podrá cobrar doble”, que “en ningún caso podrá superar lo que cobra el Presidente en funciones”, que “nadie que haya estado menos de dos años ejerciendo la función podrá percibir la asignación”, y que “los condenados por delitos de corrupción no podrán cobrarla”. El proyecto se presentó cuando estaba en debate el cobro de la expresidenta Cristina Fernández.
Ahora, la iniciativa de la diputada tiene como objeto derogar una serie de cuerpos normativos que establecen beneficios económicos y previsionales no contributivos a favor de determinados miembros del clero católico.
Argumenta que esas leyes tuvieron su origen durante la última dictadura militar y hasta la actualidad “han quedado desfasadas respecto a la evolución social, política y económica de la Argentina y obsoletas en su operatividad”.
“La propuesta busca fortalecer la separación entre la Iglesia y el Estado y el acceso igualitario al sistema previsional”, indicó la diputada.
Qué sugiere derogar
Lo que Brouwer de Koning propone derogar son la ley 21.540 que establece una asignación mensual vitalicia equivalente al 70 % de la remuneración fijada al cargo de juez nacional de primera instancia a favor de los arzobispos y obispos que cesen en dichos cargos por razones de edad o invalidez, y otra equivalente al 60 % de la remuneración citada para los obispos auxiliares.
También el decreto ley 21.950, que establece una asignación mensual equivalente al 80% de la remuneración fijada al cargo de juez nacional de primera instancia a favor de los arzobispos y obispos hasta que cesen en dichos cargos, y otra equivalente al 70 % de la remuneración citada para los obispos auxiliares.
Otro decreto que propone derogar es el 22.162 que faculta al Poder Ejecutivo Nacional a otorgar una asignación mensual a curas párrocos o vicarios ecónomos de parroquias situadas en zonas de frontera, equivalente a la categoría 16 del escalafón del personal civil de la administración pública nacional.
También, el decreto ley 22.430 que establece una asignación mensual vitalicia a favor de los sacerdotes seculares que hayan cumplido 65 años o se hallaren incapacitados, equivalente al haber mínimo de jubilación del régimen nacional de jubilaciones y pensiones para trabajadores en relación de dependencia.
Y el decreto ley 22.950 que establece una contribución mensual a la formación del clero diocesano, por cada alumno del seminario mayor, equivalente a la categoría 10 del escalafón del personal civil de la administración pública nacional.
“Las prestaciones en cuestión pueden considerarse como privilegios injustificados debido a su carácter no contributivo”, argumentó la diputada radical.
Sostuvo también que el Estado nacional debe mantener una posición de neutralidad frente a las diversas religiones.
Citó en los fundamentos que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas manifestó su inquietud ante “el trato preferencial, incluidas subvenciones financieras, que recibe la Iglesia Católica en comparación con otras confesiones, lo que constituye discriminación por razones religiosas en virtud del artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos” .
Dijo que el mentado sostenimiento que cita la Constitución Nacional se encuentra garantizado a través de las distintas normas que han establecido exenciones impositivas, subsidios y cesiones de inmuebles fiscales a favor de la Iglesia Católica Argentina.
“A nivel previsional, en un contexto en donde el gobierno nacional manifiesta la necesidad de revisión de cualquier tipo de gasto público, es importante aportar este tipo de elementos para la discusión”, dijo Brouwer.
Agregó que “la utilización de fondos públicos debe estar orientada hacia el beneficio colectivo de la ciudadanía, que el Estado resulte obligado a desembolsar fondos para retribuir servicios religiosos no cumple ese objetivo”.
Señaló que “esos fondos podrían destinarse a servicios públicos como educación, salud o infraestructura, que beneficien a toda la población sin importar sus creencias personales”, concluyó.
