Lo hizo a su estilo, entre amenazas destempladas y luego de recitar una larguísima lista de descalificaciones y agravios a los legisladores y gobernadores que lo escuchaban. Pero tras 50 minutos de degradación a su auditorio, el presidente Javier Milei finalmente ofreció una tregua al Congreso y a las provincias a cambio de que acepten resucitar la “ley ómnibus”.
La propuesta de Milei es un abierto llamado a negociar. Como detesta la palabra consenso, el Presidente lo llama acuerdo.
Lo que propuso implica el reconocimiento de que los cambios refundacionales que él pretende concretar necesitan los votos que no tiene y que –al menos por dos años– no conseguirá sin el aval de esos gobernadores a los que desde el 10 de diciembre se dedicó a apretar a través del corte de recursos y a descalificar en términos insultantes. Antes de invitarlos a refundar el país en Córdoba, les volvió a decir “degenerados fiscales” y los llamó ladrones de varias maneras diferentes.
La propuesta presidencial supone la inmediata rediscusión de la “ley ómnibus” que antes Milei mandó a retirar del Congreso. Promete “alivio fiscal” a las provincias a cambio de esa aprobación: claro que no se trata de un acuerdo sencillo. Semanas atrás, el fracaso en Diputados ocurrió casi exclusivamente por los desacuerdos fiscales con las provincias más productivas del país, comenzando por Córdoba y Santa Fe.
En el caso de que logren pulirse esas grandes diferencias que varias provincias ya llevaron a la Justicia –esto fue fundamental para el cambio de estrategia de la Casa Rosada–, Milei promete para el 25 de mayo un pacto refundacional que difícilmente pueda concretarse en menos de tres meses. El Presidente pretende que eso ocurra en Córdoba, la provincia donde más ciudadanos lo apoyaron y donde nació su perro Conan.
Entre los 10 puntos que el Presidente pretende establecer como políticas de Estado, hay cuestiones como la inviolabilidad de la propiedad privada y el equilibrio fiscal. Pero también está la reducción del gasto público al 25% del PIB, una reforma tributaria, una rediscusión de la coparticipación, la liberación de la explotación de los recursos naturales de las provincias, una reforma laboral, una reforma previsional, una reforma política estructural y la apertura del comercio internacional. Pretender llegar a acuerdos sobre esos puntos en menos de 90 días parece una apuesta de un voluntarismo extremo, pero iniciar el diálogo sobre esos ejes fundantes es absolutamente necesario.
Lo real es que el 25 de mayo queda muy lejos en un país al borde del incendio, que antes de los grandes acuerdos tendrá el desafío de que sus gobernadores y el Presidente logren sentarse en una misma mesa sin insultarse. Eso será el lunes 11, cuando comience la negociación con los gobernadores en la Casa Rosada.
