Dos empresas que fabrican mobiliario escolar –una de Córdoba y otra de San Luis– objetaron severamente una licitación convocada por el Ministerio de Educación de la Nación a través del sistema Compr.Ar para adquirir artículos de ese tipo y juegos infantiles por un presupuesto oficial de casi $ 12 mil millones.
El caso cobra singular relieve porque, según las presentaciones, se trata de una convocatoria que por sus especificaciones está claramente dirigida hacia un oferente en particular.
La presentación fue realizada por las empresas LM Amoblamientos SRL, de Villa del Rosario, y Educando SRL, de San Luis, dos fabricantes de sillas, escritorios, mesas y armarios de uso escolar conocidas y con extensa trayectoria en el mercado.
Si bien la firma cordobesa realizó objeciones dentro del proceso licitatorio, la empresa puntana fue más allá y directamente impugnó el acto licitatorio, que originalmente tenía plazo de apertura para el próximo miércoles 22, a las 12 horas.
La sospecha de que la licitación está teñida de irregularidades parte de la base de que los funcionarios del ministerio a cargo de Jaime Perczyk plantearon cláusulas de imposible cumplimiento para que pueda asegurarse la libre competencia entre los oferentes. Conocidas las objeciones, algunas comenzaron a flexibilizarse.
Fuentes de Educación descartaron, sin embargo, que la licitación esté dirigida y expresaron su sorpresa por la diferencia de criterios en la evaluación del presupuesto. “Ojalá sea como ellos dicen, pero todo esto se verá con las ofertas”, comentó un interlocutor del Ministerio ante la consulta de La Voz.
Denuncias repartidas
Pese a cambios aplicados en la convocatoria, las empresas fabricantes mantienen su pesimismo acerca de la posibilidad de competir. Educando SRL llevó la denuncia a la Jefatura de Gabinete de ministros, la AGN, al propio Perczyk y a la fiscalía de turno de los Tribunales Federales de Comodoro Py.
Una modificación de último momento, a la cual primero se le había respondido en forma negativa desde el Estado, cambió la exigencia de que la oferta de los bienes debía realizarse “por zona” y no “por renglón”, como es lo habitual.
De haberse mantenido el criterio inicial, un mismo fabricante de amoblamientos debería cotizar “productos que nada tienen que ver uno con el otro, ni en materiales, ni en procesos, ni en maquinarias necesarias para su elaboración y armado”, dijeron las empresas.
De esa manera, si hubieran querido participar de la licitación, estas pymes que fabrican y comercializan muebles escolares (sillas, pupitres, bancos, pizarrones, estanterías y armarios, entre otros) deberán adjuntar también “mangrullos, calesitas y toboganes”. El pliego exige que este ítem, esto es, los juegos, sean entregados y armados en distintos puntos del país. No existe en la Argentina, afirman, ninguna industria que fabrique las dos familias de productos.
Capacidad económica
Otra traba que impedía asegurar una mayor competencia pasó porque se pide que los oferentes que tengan una facturación bianual de $ 1.500 millones, una demanda “excesiva” para estructuras de nivel pyme. Esa base de facturación también fue cambiada y ahora resultará proporcional con la oferta en cada renglón, anticiparon desde Educación.
Para LMAmoblamientos, la magnitud de los montos de facturación solicitados en principio “claramente impiden la participación de pymes como la nuestra”, indicó en su presentación Jorge Luis Marchena, directivo de la empresa. “Sin embargo, nuestra trayectoria y experiencia en el rubro (comprobable) demuestran que lo requerido es irrisorio, y totalmente alejado de la realidad y de la condición de pyme que representa a la mayoría de las empresas argentinas”, argumentó.
Normas ambientales
La licitación demandaba, además, que las empresas oferentes dispusieran de certificación de calidad ISO 9001 y de Gestión Ambiental 14001. Esa exigencia elimina “la masiva participación de oferentes”, dado que la mayor parte de las empresas no cuentan con esta última y es imposible su gestión en el término de 20 días.
“Responde a una estructura empresarial en particular que, sin duda, ha interferido en la elaboración de los pliegos”, apunta la denuncia de Educando SRL, firmada por Néstor Santiago Agulleiro, en una de las presentaciones. El requisito de normas ambientales se mantiene. “Desde el Estado tenemos la obligación de ir pidiendo estas cosas, pero pueden presentarla después”, dijo la fuente consultada.
Miles de millones de diferencia
Pero el punto más controvertido de todos es el monto de la licitación y lo que las empresas denunciantes estiman que realmente cuestan los bienes por adquirir. Según la convocatoria de Compr.ar, la mercadería que compone los 10 renglones cuenta con un presupuesto oficial de $ 11.999.994.400.
Pero sobre la base de adquisiciones públicas por bienes similares realizadas en La Pampa y en Neuquén, los fabricantes estiman que puede realizarse por unos $ 3 mil millones. La diferencia entre una cifra y otra es tan significativa que podría derivar en el inicio de un proceso judicial para esclarecer si se trata de una maniobra o de un error de cálculo. “No entendemos cómo llegan a ese número”, dijeron desde el Ministerio, ámbito que ratificó para el miércoles la apertura de las ofertas.
