La crisis política que desató la sanción de una nueva ley de movilidad jubilatoria en el Congreso de la Nación tiene especial impacto en Córdoba, por muy diferentes motivos.
El principal es de caja. El gobierno de Martín Llaryora es uno de los más interesados en la aprobación de esa ley, que, además de actualizar los haberes de los jubilados nacionales, establece que Anses debe pagar en un plazo no mayor que seis meses las deudas con las cajas previsionales provinciales.
Córdoba reclama una deuda de $ 431 mil millones en ese concepto y cada mes la cifra se incrementa en $ 18 mil millones, ya que desde enero no hay envíos de la Nación.
La ley también obliga a pagar en ese plazo los juicios de reajuste de haberes, todo con fondos de la Anses, pero sin tocar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). Por ende, esas obligaciones deberían pagarse con los tributos que tienen asignación específica para el sistema de seguridad social, como el impuesto al cheque, el impuesto Pais y el IVA.
Los diputados del peronismo cordobés que integran el bloque de Hacemos Coalición Federal ratificaron que insistirán en la aprobación de la ley tras el veto ya anticipado por Milei. Lo confirmaron los legisladores Carlos Gutiérrez y Alejandra Torres.
“Insistiremos, porque lo real es que el impacto fiscal no es el que dice el Gobierno: con la mitad de lo que se destina al bono, se cubre el impacto de la movilidad”, indicó Torres, quien aseguró que defender el proyecto de movilidad de ninguna manera es ir en contra del equilibrio fiscal.
Desde la presidencia de ese bloque, Miguel Pichetto fue elocuente en las advertencias a Milei: “El Presidente tiene el derecho al veto, pero eso también tiene efectos y consecuencias”, expresó el legislador de Hacemos Coalición Federal. “El Congreso puede insistir (con la aprobación). El Senado ya mostró que tiene dos tercios y nosotros, en Diputados, en el tema hemos demostrado que estamos muy cerca”, anticipó.
También es relevante lo que ocurra con la ley para el principal opositor a Llaryora. El senador Luis Juez quedó este viernes en el centro de la escena por ser el presidente de la bancada del PRO que terminó discutiendo a través de comunicados y mensajes por las redes sociales con el expresidente Mauricio Macri, líder de ese espacio.
No obstante, Juez -que preside la bancada del PRO sin ser de ese partido- se preocupó mucho más por aclarar los tantos con el presidente Milei que por discutir con Macri, luego de que el expresidente desautorizó al bloque.
“Hicimos lo que habíamos acordado con la Jefatura de Gabinete, con la que estuvimos trabajando estos últimos 15 días. Avisamos que votábamos en general la movilidad jubilatoria y rechazábamos los artículos 2, 4 y 10 del proyecto”, indicó Juez, quien también recalcó que esa postura podría serle útil a Milei para vetar parcialmente la ley.
No obstante, Juez también ratificó por la mañana de este viernes que volverá a votar como lo hizo el jueves, y recalcó que los jubilados están entre los sectores de la población más castigados en los últimos años.
El tiroteo del bloque que conduce Juez con Macri se extendió durante buena parte de la jornada. “Somos parte de un partido político, a cuyas autoridades siempre informamos sobre nuestros pasos, pero no recibimos órdenes, porque nadie conoce como nosotros los proyectos y las circunstancias de lo que se vota”, terminó publicando anoche el bloque del PRO en respuesta a los reproches de Macri.
Detrás de la pelea, las jubilaciones: fuerte caída desde 2017, leve recuperación desde febrero
Detrás de la discusión por la nueva ley de movilidad jubilatoria sancionada por el Senado, del veto anunciado por el presidente Javier Milei y del fuerte impacto político de la pulseada entre el Congreso y el Poder Ejecutivo, están los haberes de los siete millones de adultos mayores que reciben una jubilación o una pensión en Argentina.
Según los datos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal que encabeza Nadin Argañaraz, el poder adquisitivo de las jubilaciones argentinas ha tenido una importante caída a partir del año 2017. No obstante, no es el momento actual el peor: el mínimo fue febrero de este año.
El análisis del Iaraf coincide con el argumento del equipo de Milei: desde febrero pasado, se inició una recuperación.
En el caso de los haberes mínimos, incluido el bono compensatorio, la realidad es la siguiente: entre 2017 y febrero de 2024, la caída real fue del 43% del poder de compra.
“Pero entre febrero pasado y este mes de agosto, la suba real de esos haberes mínimos fue del 29%. Con esto, entre noviembre de 2023 y agosto, la suba real es del 6%”, indica el reporte de Argañaraz.
El documento también señala que la cuestión central de los últimos meses está en la recuperación real del haber y en la caída real del bono que perciben quienes cobran sólo el haber mínimo, ya que ese adicional lleva seis meses con el mismo monto de $ 70 mil. “Esto hizo que en junio se lograra un pico y que a partir de ahí ya se haya iniciado una merma real del ingreso total”, señala el documento, que indica que entre junio y agosto el ingreso real ya cayó un 1,2%.
Haberes mayores
El perjuicio en los haberes jubilatorios es muy superior para el caso de los pasivos que no perciben la mínima y que tampoco reciben el bono.
El ejemplo del Iaraf menciona el caso de alguien que -por hacer mayores aportes en su vida laboral- se jubiló con el equivalente de tres haberes mínimos: esa persona tuvo entre 2017 y febrero de 2024 una caída real del 62% en sus haberes.
Pero, entre febrero pasado y este mes de agosto, la suba real de esas jubilaciones fue del 50%. Con esto, entre noviembre de 2023 y agosto, la suba real de esos jubilados es del 6%.
Al no haber bono, la cuestión central de los últimos meses está en la recuperación real del haber. Mientras la inflación descienda, el haber real crecerá mes a mes, dada la fórmula de movilidad vigente en la actualidad.
Los datos explican también los reproches de Milei a los diputados y senadores, en especial a los de Unión por la Patria, ya que la mayor caída de los haberes jubilatorios ocurrió durante el gobierno de Alberto Fernández, sin que existieran en aquel momento planteos en el Congreso.
Los cálculos del Iaraf hablan de una mejora real del 6% desde febrero, un punto porcentual por encima de los datos que exhibe el Gobierno.
