Las reformas laborales que se intentaron desde el regreso a la democracia para acá han tenido tres cosas en común: fueron controvertidas, dejaron cuestiones centrales afuera y no tuvieron continuidad en el tiempo.
Javier Milei no va a poder considerar un éxito político la sanción por sí sola de esa norma si alguna vez no se revierte la tendencia actual y, en cambio, la mayoría del poco empleo que se genera en Argentina pasa a ser formal.
De Carlos Menem para acá, las reformas laborales persiguen ese objetivo. Con un dato: quienes impulsan los cambios y quienes ahora se oponen y prefieren mantener las normas del trabajo sin tocarlas llegan a la misma meta cuando gobiernan: un aumento de la informalidad.
La reforma mileísta quedó atrapada en la lógica que ha dominado a la política argentina: la picardía de vuelo corto se impone a la discusión sensata.
El famoso artículo de las licencias por enfermedad es el caso más palmario. De un absurdo inaplicable de dejar a los trabajadores casi sin salario por cualquier patología a mantener el esquema actual, que rige en pocos lugares del mundo.
Por el medio, había opciones de países vecinos, como tener fondos de seguridad social o sistemas de seguros para garantizar ingresos a los empleados y no generar cargas insostenibles para los empleadores, en especial los más pequeños.
Las razones
El enredado tratamiento en el Congreso trajo a la política de Córdoba la corroboración del estrecho margen del oficialismo local para jugar como opositor a la gestión libertaria.
Alejandra Vigo acompañó en el Senado, y en Diputados hubo una maniobra para ausentar a Juan Schiaretti, a Alejandra Torres y a Ignacio García Aresca, que, además de objetar el ya caído artículo de las licencias, médicas querían cambiar el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), para cubrir montos de indemnizaciones.
La triple ausencia le abría las puertas al oficialismo a no tener que tocar esa parte de la ley. Martín Llaryora carece de espacios de maniobra para plantarse ante Milei.
Puede plantear modelos diferentes, más presencia estatal, alertar sobre los costos del plan, pero a la hora de los votos en el Congreso en las leyes importantes debe comportarse casi como aliado. Las razones son varias.
La primera es que Llaryora gobierna una de las provincias donde Milei conserva alta aceptación.
La segunda es más práctica: el gobernador se puede quejar de algunas cuestiones vinculadas con fondos o efectos sociales del plan nacional, pero sabe que ha sido un gran beneficiado por un presidente que le firmó en persona avales para sacar créditos millonarios en dólares.
Son los fondos con los que está sosteniendo la obra pública y otros programas provinciales y que la oposición mileísta en Córdoba objeta judicialmente.
Otra cuestión pasa por una especulación electoral de laboratorio, sobre la cual no hay nada en concreto.
En el llaryorismo, imaginan una especie de pacto similar al que alguna vez hicieron Mauricio Macri y Juan Schiaretti.
El peronismo de Córdoba hace lo que el oficialismo nacional necesite para no obstaculizar el camino a la reelección, a cambio de que no haya nada serio en estas tierras que complique la continuidad en el poder. Hay funcionarios que hacen dibujos concretos de algo por ahora por demás abstracto.
Mientras ellos insisten en que ese pacto tácito es posible, funcionarios nacionales que siguen bien de cerca la realidad cordobesa repiten que La Libertad Avanza quiere jugar fuerte en Córdoba en 2027.
Es más, hablan de dos provincias en la mira: la nuestra y Santa Fe.
Pero para todo eso falta tanto... Tanto como para ver los frutos, si los hay, de la reforma laboral.

























