La legisladora Florencia Carignano, kirchnerista, desenchufó los micrófonos durante el debate de la reforma laboral en la Cámara de Diputados de la Nación. La escena resume con precisión quirúrgica el nivel al que ha llegado la discusión sobre el futuro del trabajo en Argentina. Antes que argumentar, silenciar.
Desde el otro lado del arco político, Miguel Pichetto (peronista de los de antes, no sospechoso de simpatías libertarias) declaró que la reforma no favorece en nada a los trabajadores. Probablemente tenga razón. Lo que no dijo, porque nadie lo dice, es a qué trabajadores se refiere.
Y, en el núcleo libertario, Gabriel Bornoroni, haciendo gala de un optimismo cándido, dijo que después de 50 años “los trabajadores que están en la informalidad podrán pasar a la formalidad”.
Todo mientras el mundo nos pasa de largo. Lo dijo hace poco Darío Amodei. El CEO de Anthropic, una de las empresas de inteligencia artificial más poderosas del mundo, advirtió que la velocidad del avance de la IA podría causar entre un 10 % y un 20 % de desempleo en cinco años.
“Tenemos la obligación de ser honestos sobre lo que se viene”, dijo. Y agregó: “No creo que esto esté en el radar de casi nadie”. En Argentina, tampoco.
El proyecto de ley de reforma laboral gira alrededor de períodos de prueba, de costos del despido y de modalidades contractuales. Ante eso, la CGT respondió con un paro nacional. La huelga, con poquísima adhesión, consumió casi toda la energía política disponible. Y, mientras tanto, nadie parece entender que lo que se busca “modernizar” es una economía del trabajo que está dejando de ser dominante.
Hoy, casi la mitad del empleo en Argentina es informal. El trabajador industrial estable con convenio sigue siendo el eje del debate. Pero ya no es el eje del mercado. El por entonces Ministerio de Trabajo lo documentó en diciembre de 2023, en un estudio de los investigadores Gerardo Breard, Victoria Castillo y Diego Schleser: más de tres millones de puestos formales privados (el 54%) están en ocupaciones donde al menos la mitad de las tareas podrían ser ejecutadas por IA generativa.
El Foro Económico Mundial agrega que el 39% de las competencias laborales actuales dejará de ser útil o perderá relevancia para 2030.
El cierre de la planta de Fate lo ilustra desde el extremo industrial. No es sólo una empresa en dificultades por la apertura de las importaciones. Es la evidencia de que, cuando una fábrica cierra en Argentina, no hay industria dinámica a la espera de absorber ese perfil de mano de obra, ni sistema de reconversión que permita la transición con ingresos asegurados. Y la reforma no cambiará eso.
¿El mundo está igual? No. Por ejemplo, en Dinamarca, en la década de 1990, el primer ministro socialdemócrata Poul Rasmussen llevó adelante un proceso conocido como flexicurity, que combinó flexibilidad para contratar y despedir con protección del trabajador desplazado, que tiene hasta dos años de cobertura y financiamiento estatal para reconvertirse.
¿Existe algo en Argentina? La reforma laboral no tiene ninguna cláusula sobre adopción tecnológica, la CGT no incluye agenda de transición digital y el Ministerio de Capital Humano no tiene política de reconversión vinculada a la transformación.
La crítica a la CGT no es por que sea demasiado combativa. Es que no lo es en el lugar que importa.
Al resistir modificaciones legales sin negociar las condiciones de incorporación tecnológica, la central obrera dejó a sus representados expuestos a decisiones empresariales, basadas en la tecnología, sin ningún contrapeso.
La consultora de recursos humanos Deel dice que el 66% de las organizaciones a nivel global ya prevé reducir la contratación de personal sin experiencia, precisamente porque la IA puede hacer esas tareas. La escalera de ingreso al mercado formal (el primer trabajo) parece se retirada silenciosamente.
En su origen, el sindicalismo nació para darles poder de negociación a trabajadores atomizados frente a empleadores concentrados. Esa lógica sigue siendo válida. Lo que ya no lo es es la forma que tomó para la fábrica fordista del siglo 20. Hay que negociar regulación tecnológica, gestionar fondos de capacitación y buscar, de alguna manera, representar a trabajadores de plataformas, pero entendiendo su lógica.
En cambio, la CGT administra el presente de sus afiliados históricos. Del resto, nada.
El Gobierno, por su parte, propone flexibilización como si el principal problema fuera jurídico. Sin una estrategia de productividad, sin un rumbo tecnológico-industrial y sin un sistema de reconversión, la reforma podría reducir costos laborales, pero no va a generar empleo formal. El Estado llega tarde a administrar la crisis de un modelo que nadie actualizó.
Así, mientras los dinosaurios repiten que la tecnología destruirá empleos, nadie pregunta cómo se organiza la transición para que la productividad generada por IA no se concentre en pocas manos. Y la salida de los trabajadores del mercado no sea definitiva.
Eso necesita política de Estado activa, no sólo regulación del pasado. Requiere sindicatos que entiendan la tecnología que enfrentan, no sólo seguir resistiéndola. Requiere empresarios que comprendan que la productividad que ganan con automatización necesitará mecanismos de distribución, si quieren evitar la conflictividad. Que ya aparece en otras economías y que crecerá en Argentina.
Nada de eso está en la reforma que está en su trámite parlamentario final, ni en el discurso de Milei ni de ninguno de los actores de la disputa. Desenchufados del mundo.
