Pasaron más de 20 años desde los inolvidables saqueos de diciembre de 2001. Hasta hace pocos días, la mayoría de la sociedad hubiera coincidido en que la situación actual es difícil, pero que la traumática experiencia de aquellos saqueos formaba parte del pasado. Hoy, a la luz de los intentos (cada vez menos) esporádicos de saqueos en Mendoza, Neuquén y Río Cuarto, sumados a rumores de potenciales saqueos en la ciudad de Córdoba, no queda tan claro que sean sólo un recuerdo.
Con una economía que no crece sostenidamente desde 2010 y una tasa de inflación que no hace más que subir desde 2018, los desbarajustes económicos se hacen cada vez más visibles. Ante tal situación, ¿por qué los reclamos sociales se están materializando en la forma de saqueos y no en otro tipo de manifestaciones? En principio, no queda claro que una situación de crisis derive inexorablemente en asaltos a tiendas de bienes básicos.
Todos los caminos llevan a las canastas básicas
Las dos canastas básicas definidas por Indec son la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y la Canasta Básica Total (CBT). La canasta total agrupa, además de los alimentos incluidos en la canasta alimentaria, otros bienes y servicios básicos de consumo como tarifas, prendas de vestir y gastos de transporte. La utilidad de la CBT es que puede ser utilizada como un indicador de estándar mínimo de bienes y servicios que una persona necesita para vivir.
En principio, no hay ninguna relación preestablecida entre la evolución de la inflación (que tiene en cuenta al nivel general de precios) y la de la canasta básica. Si bien suelen ir moviéndose en el mismo sentido, porque la CBT es un subconjunto de todos los precios de la economía, puede ocurrir que haya desvíos.
No obstante, en el último año no hubo mucha discrepancia entre canastas e inflación, si ampliamos el foco a la evolución desde que Indec relanzó las estadísticas de inflación, hace casi siete años, encontramos que la canasta básica alimentaria se encareció un 12% respecto a la inflación y la canasta básica total un 3%. Esto quiere decir que los bienes y servicios básicos de consumo se encarecieron respecto al promedio de todos los bienes y servicios, y particularmente lo han hecho más los alimentos y bebidas, que son los bienes a los que los sectores más vulnerables destinan la mayor proporción de sus ingresos.
En idéntico sentido, el salario se ha deteriorado con la inflación. Desde 2016, el promedio de salarios perdió un 22% contra la inflación. Distinguiendo entre tipo de trabajadores, los que están en blanco y en el sector privado perdieron un 17% mientras que los informales acumulan un 42% de pérdida de poder adquisitivo.
En otras palabras, no solo el costo de vida se encareció, sino que también cada vez se tienen menos ingresos para comprar. En definitiva, el poder adquisitivo medido en la capacidad de compra de alimentos y bebidas cayó, y particularmente lo hizo el de los más desprotegidos.
En el podio de perdedores tenemos a los trabajadores informales, que con su salario pueden comprar la mitad de alimentos y bebidas que en 2016. Le siguen los planes sociales, que se rigen por el salario mínimo, vital y móvil, y su capacidad de comprar alimentos y bebidas es un 40% menor al de 2016. Luego, los más perjudicados fueron quienes cobran la jubilación mínima, la cual cayó un 34%. Por último, los (menos) perjudicados fueron los trabajadores en blanco, cuya capacidad de compra en alimentos y bebidas disminuyó un 25%.
Las dificultades del “Plan Llegar”
El último dato de canastas básicas del mes de julio de 2023 indica que aumentaron cerca del 125% interanual. En el mismo plazo, la jubilación mínima acumula un incremento de 89% y la de los trabajadores informales 82%. En otras palabras, la pérdida de poder adquisitivo de años recientes se sostiene en la actualidad.
La reacción del gobierno –este mes– ha sido actualizar las jubilaciones y salarios mínimos, a lo que se podría sumar una suma fija salarial para complementar la negociación paritaria y un refuerzo de los controles de precios en las góndolas.
Las últimas medidas son representativas de lo que ha sido la caja de herramientas de la actual administración para contener el poder adquisitivo: evitar un plan de estabilización que sería recesivo en un año electoral y, en su lugar, paliar la situación con actualizaciones de salarios por decreto y acuerdos de precios.
Mirando de acá a diciembre, aún falta que las mediciones reflejen el impacto de la devaluación post elecciones Paso, por lo que es de esperar que el deterioro de los salarios se intensifique y aumente el nivel de pobreza.
Este escenario de aumento de precios de alimentos y canastas básicas por encima del índice general de precios y pérdida de poder adquisitivo de los salarios, sumado al impacto de la última devaluación cercana al 20% dejan un sombrío panorama para los próximos meses. Aparecen vestigios aquí de por qué el descontento social se ha manifestado en forma de incipientes saqueos sobre almacenes o supermercados en lugar de haberse canalizado a través de manifestaciones altamente politizadas o en torno a otros actores relevantes como sí ocurrió en 2001 con los bancos.
El nivel de descalabro económico que se observa es tal, que la efectividad de la estrategia del gobierno ya no depende de cuánto se pueda recomponer el salario y fijar precios con niveles de inflación tan altos. Más bien, su destino está completamente supeditado a la habilidad política para sostener el “Plan Llegar” con salarios que no llegan.
