Argentina conmemoró el aniversario 49° del último golpe de Estado con el contexto de un debate que sigue sin saldarse, sobre los hechos previos y posteriores al comienzo de la dictadura y sus heridas sin cicatrizar.
En Córdoba se dieron, además, algunos hechos que constituyeron una singular manera de evocar la funesta efemérides.
En la madrugada del 24 de marzo, efectivos policiales realizaron un procedimiento en una estación de servicio en el que, en circunstancias aún no esclarecidas pero que podrían constituir abuso de funciones y encubrimiento agravado, murió Guillermo Bustamante.
No es la primera vez que ocurre este tipo de actuaciones y tampoco es la primera vez que se investiga una presunta cadena de complicidades y encubrimientos, de lo que ya la Justicia provincial definió como “violencia institucional”.
Casi un calco de lo que ocurrió con Valentino Blas Correas, según se ocupó de resaltar la propia madre del joven asesinado, Soledad Laciar. “Blas murió en vano”, evocó, al marcar unos cuantos paralelismos entre ambos casos.
Los efectivos que estaban y los que llegaron al lugar habrían intentado cubrir los hechos; el cuerpo fue levantado en tiempo récord por Policía Judicial; no hubo comunicación oficial de lo ocurrido en el parte matinal del lunes; a primera hora, el comisario Cristian Barrios (que sigue en funciones y sin reprimenda pública alguna) dio una conferencia de prensa en la que justificó el accionar de los policías, y segundas líneas del Ministerio de Seguridad se encargaron de distribuir por canales informales supuestos antecedentes de la víctima.
Lo cierto es que Bustamante ya no está y las cárceles se siguen llenando de efectivos policiales, sin que el Gobierno provincial se ufane ya de que no hubo encubrimiento, como si eso fuese mérito alguno.
Ni ellos se creerán
Dos días después, la Legislatura provincial decidió hacer una sesión especial para evocar el 24 de marzo de 1976, en el histórico recinto de Deán Funes y Rivera Indarte, en el Centro de la capital provincial. El día exacto, por ser feriado, estaba al parecer vedado para una sesión especial de representantes con horarios más bien acotados.
La sesión fue bastante tensa, no sólo porque llegó al recinto aquel debate que intenta instalar el Gobierno nacional, sino por el episodio de fantasmas y contratados que envuelve a la Legislatura.
El viejo edificio legislativo fue vallado de manera grosera, en un gesto muy alejado de las prácticas democráticas que deberían exhibirse en una conmemoración de esta naturaleza.
La vicegobernadora y titular del cuerpo, Myrian Prunotto, estuvo rodeada de un cuerpo especial de una decena de efectivos policiales, para evitar que los periodistas se acercasen a preguntarle por las situaciones que la involucran.
Sorprendió en la custodia de la vicegobernadora la presencia de uniformados que fueron sancionados hace poco por inconductas.
Representantes políticos blindados por uniformados, sin ninguna protesta a la vista, no lucieron como la imagen de mayor exaltación democrática.
Nadia Fernández, vicepresidenta de la Legislatura y responsable de contratar a la presunta “empleada fantasma” por pedido del detenido Guillermo Kraisman, decidió dejar su banca vacía para no someterse a explicar lo que lleva dos meses y medio sin explicar.
En las próximas horas, y con el caso de la “fantasma” Virginia Martínez sin aclarar, la Legislatura difundirá la lista de quienes ahora dicen tener como contratados.
Ha sido solicitada esa nómina de la más variadas formas posibles. Está más que claro que, después de tantas semanas, tendrá nula credibilidad.
En los pasillos de la Unicameral se repetían por estas horas nombres de contratados a los que se les había dado de baja en una larga maniobra por depurar un listado que nadie podrá tomar en serio.
