Ante la polémica generada por la contratación directa para la adquisición de uniformes para la Guardia Urbana Municipal por 100 millones de pesos, el intendente Daniel Passerini ordenó cancelar la compra a la empresa Yche SA, dispuso que se haga una nueva licitación y le pidió la renuncia al subsecretario de Seguridad y Prevención Comunitaria de la Municipalidad, Walter Luján, excomisario que había sido pasado a retiro en 2021.
El revuelo que causó la denuncia pública de la concejala opositora Elisa Caffaratti, quien expuso que la empresa contratada de manera directa no tenía antecedentes en la confección de uniformes, derivó en un “exhaustivo análisis” del proceso de compra, según se informó desde el Palacio 6 de Julio.
“Aunque no se detectaron irregularidades administrativas, sí hubo una demora en la entrega en la totalidad de los uniformes comprados, por lo que se decidió cancelar la compra sin que la Municipalidad haya desembolsado un peso”, informó oficialmente la comuna capitalina.
Por las desprolijidad, fue expulsado de la Municipalidad el funcionario responsable de la logística de la Guardia Urbana, el comisario retirado Walter Luján, quien aún no tiene reemplazante. Es un golpe para Claudio Vignetta a pocas horas de poner en marcha su principal desafío: el cuerpo de prevención que inició sus actividades con 400 efectivos y 70 vehículos, pero que tiene previsto duplicar los agentes preventivos.
La empresa Yche SA tiene sede en La Calera y pertenece al expolicía Sebastián Aguilera, quien dejó la fuerza en enero último, y a Fernando Alejandro Vich. Es el hijo de Alejandro Osvaldo Vich, un militante peronista que hizo campaña por Martín Llaryora y tiene una ONG en La Calera.
Compra directa en la mira
Aunque la Guardia Urbana fue uno de los ejes de campaña, la Secretaría de Seguridad y Prevención Comunitaria inició el expediente de compra directa el 26 de febrero. A las 24 horas se autorizó la el gasto por 99,2 millones de pesos, 60.500.000 para al adquisición de chombas, pantalones y accesorios de vestir y 38.720.000 para las botas.
El lunes, en coincidencia con la puesta en marcha de la Guardia Urbana, la concejala Caffaratti advirtió que no se había producido una licitación para la adquisición de los uniformes. Otros opositores se sumaron a la embestida: Martín Juez, edil del Frente Cívico, mostró en sus redes sociales una derruida fachada, domicilio de la cuestionada empresa.
Tras los cuestionamientos, la Municipalidad volvió sobre sus pasos, aunque defendió el procedimiento administrativo realizado por Vignetta, pese a haberle solicitado a su segundo al mando que renuncie.
“No hay ninguna irregularidad en el trámite, y tampoco se pagó un peso, por lo cual, al cancelarse la compra por el incumplimiento del proveedor en los plazos establecidos en el expediente, cualquier polémica es política, pero los vecinos tienen que saber que no se malgastó el dinero público”, indicaron desde la Municipalidad.
Passerini ordenó a uno de sus funcionarios de máxima confianza, Sergio Lorenzatti, secretario de Administración Pública y Capital Humano de la Municipalidad, que revisara el expediente que generó la polémica. Lo hizo junto a Claudio Vignetta, el responsable de la Guardia Urbana Municipal. Al detectar esta demora informada, se encontró la salida a los cuestionamientos de la oposición.
Ahora, el Palacio 6 de Julio realizará una licitación para comprar los nuevos uniformes. Los que ya recibieron los guardias que comenzaron a patrullar el lunes serían reintegrados a la empresa Yche SA.
