En un acto realizado en el Aula Mayor, la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) reconoció a 38 exalumnos que, durante la última dictadura militar en Argentina, debieron interrumpir sus estudios por motivos políticos, varios de los cuales se exiliaron para salvar sus vidas.
En la ceremonia realizada a 48 años del último golpe de estado y a 41 de la restitución del sistema democrático, se entregaron copias de los “legajos reparados, con miras a la reconstrucción de una memoria colectiva que tome en cuenta a todos los damnificados y a todos quienes de una manera u otra fueron víctimas del terrorismo de estado”.
El acto, que tuvo la participación virtual de algunos exalumnos que viven en el exterior es el segundo en su tipo en la UNRC. El primero se hizo en agosto del 2024, oportunidad en la que recibieron reconocimientos familiares del no docente José Alfredo Duarte y los estudiantes Berta Clara Perassi, Alberto Pinto, José Santiago Amato, víctimas del terrorismo de Estado.
Presidió el evento la vicerrectora de la UNRC, Nora Bianconi, acompañada por la coordinadora del Observatorio de Derechos Humanos de la UNRC, Rosa Cattana.
Participaron familiares de esos universitarios que sufrieron las consecuencias del terrorismo estatal, autoridades de las facultades y del Rectorado, estudiantes, no docentes, docentes, dirigentes gremiales, ex autoridades universitarias, funcionarios municipales y concejales, entre otros.
Vía virtual el ex alumno David Andenmatten, expresó: “La UNRC desde hace muchos años trabaja por la memoria (…)El genocidio no sólo tuvo un efecto sobre las víctimas directas, sino también sobre todo el pueblo, terminó por modificar la conciencia de la gente. El pueblo se va a despertar y lograremos independencia y un país más justo”.
Entre otros, Mario Burkun, ex director del Departamento de Ciencias Sociales de la UNRC. Contó de su exilio, que incluyó un breve paso por España, siguió en Francia y terminó con tres años en México, tras lo cual volvió a la Argentina, en tiempos del Gobierno de Raúl Alfonsín; luego estuvo en el partido Intransigente y posteriormente fu embajador en Polonia, durante la presidencia de Carlos Menem.
Por su parte, María Victoria Aromataris, ex alumna que estuvo presa hasta fines de 1982 remarcó “la marca” de “la tristeza por los compañeros muertos”. En el cierre, hablaron la coordinadora del Observatorio de Derechos Humanos de la UNRC, Rosa Cattana, y la vicerrectora Nora Bianconi.
Un reconocimiento unánime a la verdad histórica
En su momento, el Consejo Superior de la UNRC aprobó por unanimidad el reconocimiento “a exalumnos cuyos estudios universitarios fueron interrumpidos por la violencia material y simbólica ejercida sobre ellos durante la época del terrorismo de estado que actuó en el país entre 1974 y 1983″.
“La persecución a estudiantes y militantes comprometidos con el sostenimiento de la democracia y con la construcción de una sociedad más justa, se inició antes del golpe de estado del 24 de marzo de 1976. Comenzó a finales de 1974, se hizo más intensa a mediados del año 1975 con los allanamientos que, en virtud del estado de sitio, dejaron como saldo los primeros presos políticos de la ciudad de Río Cuarto”, consignó su resolución. Y mencionó expresamente que, “previo al golpe de estado, a través de la denominada Misión Ivanissevich, cuando el mando de la cartera de Educación pasó a sus manos, comenzó la persecución ideológica en las universidades nacionales”.
“Tras el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, las universidades quedaron en manos de las Fuerzas Armadas. La intervención militar de la UNRC estuvo encabezada por el Vicecomodoro Eduardo Pedro Herreros, quien dictó un régimen disciplinario que reglamentaba estrictamente las conductas y el aspecto personal que debían observar tanto los alumnos como los demás miembros, dentro y fuera del ámbito de la UNRC”, se resaltó.
Con todo, la UNRC consideró “un deber ético de la universidad pública, consignar en los legajos de sus estudiantes la verdad histórica respecto de la auténtica causal de interrupción de sus carreras universitarias, de modo de producir una enmienda material de esos documentos públicos y una reparación simbólica para quienes vieron interrumpidos sus proyectos de vida por acción de la represión proveniente de quienes ejercían el poder en el país”.
De las 38 personas que debieron dejar sus estudios por razones políticas, sólo seis lograron retornar y graduarse en la UNRC. Dos se graduaron en el exterior. Los legajos de cinco de ex alumnos no se pudieron encontrar; a ellos se les reconocerán los motivos de la interrupción de sus estudios y la Universidad se comprometerá a reconstruir sus legajos.
