El juez de Control Anticorrupción Gustavo Hidalgo confirmó que debe ir a juicio oral y público un grupo de siete exfuncionarios de La Calera involucrados en una causa de “usina de facturas” que los sindica como presuntos autores de “defraudación en perjuicio de la administración pública”.
La investigación realizada por el fiscal Anticorrupción N° 1 Matías Bornancini respondió a una denuncia de las diputadas nacionales Elisa Carrió y Leonor Martínez Villada, quienes pusieron de manifiesto casos de facturaciones indebidas utilizando particulares (que en muchos casos ignoraban la situación) para prestar servicios que no se hicieron.
Entre los denunciados figuraban, por aquel entonces, el exintendente Rodrigo Miguel Rufeil y otros funcionarios, algunos de los cuales lo reemplazaron cuando ingresó como ministro al Ejecutivo provincial o lo secundaban en su gestión municipal: Pablo Gustavo Facta (56, secretario de Finanzas), Claudio Gastón Morán (50, Gobierno), Gabriel Germán Da Silva Pagot (37, Obras Públicas), Diego Francisco Beguier (44, empleado de Finanzas), María Esther Figueroa (72, intendenta), Darío Alejandro Gómez (55, subsecretario de Contables) y Juan Aparicio Sandoval (56, intendente).
En la investigación judicial Rufeil fue desplazado de toda responsabilidad, pero los restantes miembros de ese equipo que siguieron desempeñándose en el equipo terminaron imputados y enviados a juicio por Bornancini a fines de 2022. Previamente, la causa había transitado por la Justicia Federal, pero el fiscal Carlos María Casas Nóblega la giró a la Justicia provincial.
Para Bornancini, entre 2014 y 2016 se facturaron a la municipalidad numerosos servicios de terceros que no se habían realizado. El fiscal Anticorrupción indagó en los autores de esas facturas y se trataba de personas que además de desconocer que habían “facturado” a La Calera, vivían en otros lugares del país y carecían de capacidad para prestar esos servicios.
Entre los proveedores mencionados figuran nombres como Daniel Ramón Trombetti, Miguel Ángel Gómez, Romina Vanesa Garobi y firmas como Vial Suárez Constructora SRL, ARG Publicidad Contemporánea SRL y Compañía del Sur SA, entre otros.
Pero en una primera instancia el juez de control Hidalgo rechazó esa elevación a juicio y le pidió a Bornancini que profundice la investigación. El instructor avanzó en las pruebas sobre los “contratistas” y brindó más detalles de los porqués de esas personas (algunos indigentes) no tenían capacidad para hacer trabajos como “venta de materiales de construcción” o “realización de tareas con una bobcat”, entre otros.
Según la fiscalía, el contador Gómez firmaba los cheques que luego eran retirados y cobrados por el empleado Beguier en el Banco de la Provincia de Córdoba, cerrando así el circuito de desvío de fondos.
El perjuicio estimado para las arcas municipales alcanzaría los 22.848.397 pesos de la época de los hechos analizados, equivalentes a aproximadamente 1,5 millón de dólares o a más de 1.650 millones de pesos, a valores actuales.
Ahora, el pasado martes, en su Auto 46/25, el juez Hidalgo confirma la elevación a juicio y dispone que el expediente sea girado a la Cámara 10ª del Crimen de Córdoba, encargada de este tipo de causas de Delitos Complejos o los del fuero Anticorrupción. La decisión aún no está firme.
El delito de “defraudación en perjuicio de la administración pública” está incluido en el inciso 5 del artículo 174 del Código Penal argentino y prevé una escala penal de dos años a seis años de prisión.
Por todo esto, en la acusación del fiscal Bornancini se reprocha a los exintendentes Sandoval y Figueroa y a los exfuncionarios municipales Beguier, Da Silva Pagot, Facta, Gómez y Morán, estar incursos en 15 hechos de irregularidades con facturas truchas por contrataciones de servicios que no se habrían realizado.
En julio de 2024, el actual intendente de La Calera Fernando Rambaldi solicitó formalmente que el municipio se constituya como querellante particular. Además, se presentó como actor civil para reclamar la restitución de los fondos y solicitó el embargo preventivo de los bienes de cuatro imputados.
Según fuentes judiciales, entre los inmuebles embargados figuran propiedades en los barrios La Cuesta, La Estanzuela e Industrial, pertenecientes a los imputados Gabriel Da Silva Pagot, Claudio Morán, Darío Gómez y Pablo Facta.
