Un grupo de vecinos de barrio Residencial América y sectores próximos a Diagonal Ica, de Córdoba capital, expresaron en la Legislatura provincial el rechazo a la instalación de un centro de procedimiento de detenidos en los terrenos donde funciona la comisaría 13°. El planteo derivó también en un enfrentamiento en el recinto entre legisladores oficialistas y opositores.
El miércoles de la semana pasada, los vecinos habían ocupado a lo largo de la sesión las primeras gradas de la Unicameral para expresar en el recinto su preocupación. Al advertir que los legisladores pasaron la sesión a un cuarto intermedio hasta este lunes, volvieron a reclamar en la asamblea de este lunes.
Desde el interbloque de Juntos por el Cambio exigieron que se los escuche, pero el oficialismo aseguró que la oposición hacía “politiquería”.
“No queremos una cárcel, no queremos una UCA”, gritaron los vecinos desde las gradas, desde donde colocaron carteles en el momento que el tema fue tratado en la sesión.
El tema lo llevó al recinto el radical Miguel Nicolás, al intentar conseguir el apoyo para el tratamiento de un pedido de informe sobre hechos de violencia cometidos por las fuerzas de seguridad de la provincia, incluida la Unidad de Contención del Aprehendido (UCA).
El oficialismo no dio los votos para su tratamiento, por lo que Nicolás expresó en los cinco minutos de reconsideración sobre el tema: “Hay vecinos de distintos partidos, les digo que mienten en el oficialismo cuando dicen que queremos politizar el tema. No quieren hablar del tema, vienen desde hace varios días ya los vecinos y no pueden ser escuchados”.
La situación no terminó ahí porque los vecinos que llevan adelante la protesta comenzar a gritar para plantear su preocupación. Miguel Siciliano, presidente del bloque de Hacemos Unidos por Córdoba, fue quien responsabilizó al radicalismo de fomentar la protesta.
Aunque desde las gradas se escucharon a los vecinos. “Yo los voté, pero no queremos una cárcel. Yo soy justicialista, pero no queremos esto”, lanzó una mujer.
Siciliano respondió que no es el Poder Legislativo el que lleva adelante la obra, pero que ante la consulta les aseguraba a los vecinos que no se tratará de una cárcel ni una UCA.
“No es esta obra tampoco del Poder Ejecutivo, es del Ministerio Público Fiscal que la lleva adelante, pero realmente dudo de alguna intencionalidad política. Esto no es una UCA ni es una cárcel es un lugar de procedimientos, no una cárcel para que los vecinos sepan”, dijo el jefe del bloque oficialista en medio de gritos de los vecinos y de la bancada radical que rechazó la acusación.
“Es un centro de entrega de procedimientos, acá están politizando el proyecto”, insistió. Mientras que por detrás los vecinos gritaron: “Escuchen al pueblo”.
Algunos legisladores de Hacemos Unidos por Córdoba de la Capital se mostraron molestos con las críticas que recibieron y aseguraron que justicialistas disidentes de este sector de la ciudad son los que se pusieron al frente del reclamo. “Están enojados, pero que se queden tranquilos que en esos terrenos no habrá una cárcel”, confió un legislador.
Finalmente, el PJ con los votos de sus aliados logró imponerse y evitó que se abriera el debate en el recinto. Debido a que se vivió un momento de tensión por los cruces entre los legisladores y la protesta de vecinos se observó en ese momento mayor presencia policial que la habitual.
En enero pasado, el Ministerio Público Fiscal (MPF) anunció la instalación de un Centro de Recepción de Procedimientos con Personas Aprehendidas (CRPPA) para centralizar el ingreso de detenidos en flagrancia en la actual comisaría 13, en Diagonal Ica al 1000, de barrio Residencial América.
Este anuncio fue lo que sorprendió a los frentistas, los que ahora denunciaron que debido a las obras la comisaría funciona “en contenedores”.
En su momento, los vecinos fueron recibidos en la Jefatura policial por el subjefe Marcelo Marín; el director general de Seguridad Capital; el comisario General, Iván Rey; el secretario de Seguridad, Ángel Bevilacqua y el fiscal Raúl Garzón, quienes habían informado que la comisaría continuaría funcionando y que se reestructurará el trabajo para la instalación del centro de recepción transitoria de detenidos.
En esa instancia de diálogo se explicó que en el lugar se radicará el centro de aprehendidos, una instancia de tránsito y no de alojamiento que es una respuesta a ineficiencias e inconvenientes que produce la centralización de los detenidos en Tribunales II.
