Un grupo de autoridades de centros vecinales y comerciantes participó este miércoles en una reunión de comisión de la Legislatura de Córdoba en la que respaldó el proyecto del legislador opositor Gregorio Hernández Maqueda, el que busca poner un límite al trabajo de los cuicacoches en la provincia de Córdoba.
En esta reunión conjunta de las comisiones de Legislación General y Seguridad, presidida por las oficialistas Nadia Fernández y Victoria Busso, Hernández Maqueda expresó que su proyecto cuenta con unas 7 mil firmas de vecinos que apoyan la propuesta de limitar la tarea de los “naranjitas”. Si bien insistió que “no se busca estigmatizar ni discriminar”, alentó que es necesaria una modificación del Código de Convivencia Provincial.
En el artículo 60 de esta normativa (10.326) se establece que sólo puede darse un pago voluntario, no así un cobro extorsivo por parte del naranjita.
Lo que propone el legislador Hernández Maqueda es prohibir el servicio de cuidadores de vehículos en la vía pública a quienes no sean designados para dicha tarea. En definitiva, limitar el servicio de cuidacoches y contemplar objetivos de reinserción laboral a través de capacitaciones en oficios para quienes ejerzan esta actividad.
Hernández Maqueda precisó que suman unas 6 mil las adhesiones en el sitio change.org a poner un límite a los “naranjitas”, además de otras mil que fueron recolectadas en la vía pública.
“Hay que tener en cuenta el interés de los vecinos en este tema. Hay que hablar del descontrol en la calle, por eso decimos que la ley debe ser lo más clara posible, dónde están los derechos y obligaciones. Una ley que no sirva para el curro, que no perjudique, sino que todos se beneficien y haga al bien común”, expresó el legislador, que en este proyecto contará con el apoyo de las bancadas del radicalismo y del juecismo para su tratamiento.
Entre los asistentes que fueron invitados, participó Marcela Falappa, presidenta del centro vecinal Nueva Córdoba, quien contó los problemas que a diario reportan los vecinos en los grupos de seguridad de barrio, y pidió que se trabaje en el tema.
“Las calles están ocupadas por los naranjitas, no son cooperativas autorizadas, se adueñan de la calle, se pelean en la calle, se camina con miedo en algunos lugares, algunos de ellos tienen antecedentes policiales”, aseguró en la reunión.
Eugenia Gordillo, del centro vecinal de barrio Güemes, relató los problemas de inseguridad que tienen en este sector de la ciudad, próximo al Centro. Y advirtió que en el día tienen calles controladas por las cooperativas, con una situación con los cuidacoches más controladas, pero advirtió que por la noche trabajan de manera ilegal otros grupos de “naranjitas”, los que aseguró que complican la convivencia en el sector.
Alertó a los legisladores que se dan situaciones de vandalismo y robo de contenedores de la basura con el objeto de ganar espacio en la vía pública para el cobro del cuidado de los autos, así como el consumo y venta de droga. “Hay cocinas de drogas, nos lamentamos porque nunca tuvimos apoyo ni respuesta para combatir este tema”, aseguró la presidenta del centro vecinal.
También hubo exposiciones de personas que dijeron verse afectadas por la tarea de los cuidadores. Por ejemplo, Leandro Alberione, uno de los comerciantes del Cerro de las Rosas, contó que sus clientes tienen inconvenientes con los cuidacohes ilegales. “Lo que estamos contando es lo que sabe todo el mundo. Hay delincuencia, cuidan los autos personas que tienen antecedentes o vienen drogadas”, afirmó.
El tema también fue analizado en la comisión por algunos legisladores respecto de si el proyecto debía enmarcarse en un escenario provincial, cuando se apuntó que es una problemática principalmente de grandes ciudades.
En esta comisión se acordó continuar el desarrollo del proyecto en otras reuniones. En la primer había participado en representación del Ministerio Público Fiscal (MPF) el fiscal de cámara, Marcelo Fenoll; y la fiscal de instrucción, Lourdes Rafaela Quaglatti, quienes explicaron a los legisladores el protocolo que se aplica para abordar la problemática del cobro indebido de estacionamiento.
Asimismo, habían señalado que este protocolo se desarrolla en tres pasos: la prevención, la disuasión y, por último, la intervención de la Policía.
