La Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal rechazó una apelación de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y confirmó la caducidad de la demanda civil que pretendía cobrar $ 22.300 millones a Cristina Fernández de Kirchner y a los demás condenados en la causa Vialidad.
La decisión, tomada por voto dividido, se basa en la inactividad procesal del propio denunciante, es decir, del Estado.
La Justicia confirmó que Cristina no deberá pagar más de $ 22 mil millones
La acción civil había sido iniciada el 25 de enero de 2018, durante la gestión de Mauricio Macri, con el objetivo de resarcir los perjuicios al patrimonio público causados por la adjudicación y ejecución de obras públicas en la provincia de Santa Cruz. Vialidad buscaba cobrar una indemnización por los daños ocasionados por las obras entregadas a Lázaro Báez.
La defensa de la exmandataria argumentó que se habían cumplido seis meses sin que Vialidad impulsara el procedimiento, un plazo que se compartió entre los mandatos de Alberto Fernández y Javier Milei.
El juez de primera instancia, Marcelo Bruno dos Santos, aceptó este planteo al entender que Vialidad había abandonado el caso entre el 18 de marzo de 2023 y el 7 de abril de 2025, descontando las ferias judiciales y un período de suspensión anterior.
Los jueces de la Sala III, Juan Perozziello Vizier y Eduardo Daniel Gottardi, conformaron el voto mayoritario que reafirmó la caducidad. En su fallo, determinaron que la última acción que impulsó el caso fue la orden del juez del 17 de marzo de 2023.
La Cámara consideró que los escritos presentados por la DNV después del 18 de septiembre de 2023 (fecha en que el caso ya estaba detenido), como los del 21 de septiembre de 2023, 29 de septiembre de 2023 y 25 de febrero de 2025, no tuvieron valor para impulsar el procedimiento ya que fueron actos cumplidos mientras el trámite estaba paralizado.
Además, la solicitud de Vialidad para pedir prestado el expediente el 15 de septiembre de 2023 tampoco fue considerada relevante, ya que el organismo no era el responsable de la digitalización de esos documentos y esto no afectó el proceso.
El voto en disidencia
La Dirección Nacional de Vialidad (DNV), a cargo actualmente de Marcelo Jorge Campoy, había apelado la decisión de primera instancia.
Por su parte, la jueza Florencia Nallar emitió un voto en disidencia, proponiendo aceptar la apelación de Vialidad y anular la caducidad. La magistrada recordó que dar un juicio por terminado de esta manera es una medida extrema que debe ser usada con mucha cautela. Nallar advirtió que no se debe permitir que la caducidad se convierta en “un artificio tendiente a impedir un pronunciamiento sobre el fondo del pleito”.
Ademas, Nallar sostuvo que, incluso con el caso frenado, las acciones de Vialidad (como contestar la absolución de Carlos Kirchner) no debieron declararse inválidas automáticamente. La jueza concluyó que la inactividad de Vialidad después de que el caso se reanudó (el 17 de marzo de 2025) no constituyó un abandono, ya que en ese momento la obligación de hacer avanzar el juicio le correspondía al Juzgado.
El decomiso penal sigue su curso
Es importante aclarar que este proceso civil corre en paralelo y no afecta al proceso de decomiso que tramita en el Tribunal Oral Federal N° 2.
El decomiso penal, que busca resarcir el perjuicio al Estado por la causa Vialidad, continúa activo y pretende cobrar $ 684 mil millones.
