En medio de los cuestionamientos y pedido de apartamiento de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a uno de los fiscales y a un integrante del tribunal que la juzga, continuaron este lunes los alegatos de la parte acusadora.
Los fiscales Diego Luciani -uno de los apuntados por la vicepresidenta- y Sergio Mola señalaron que el empresario Lázaro Báez, socio comercial de la familia Kirchner, se quedó con todas las licitaciones para “remediación de canteras” por unos 220 millones de dólares, llevadas adelante antes de las elecciones presidenciales de 2007.
Hace una semana, al iniciar su trabajo, Luciani y Mola afirmaron contar con “pruebas contundentes” sobre los beneficios obtenidos por Austral Construcciones -la empresa de Báez- de parte de los tres gobiernos nacionales kirchneristas, entre 2003 y 2015, en la obra pública llevada adelante en Santa Cruz. El juicio se sigue por los posibles delitos de defraudación a la administración pública y asociación ilícita.
La jornada empezó con un eco de informaciones publicadas el fin de semana: la defensa de Cristina Kirchner recusó al fiscal Luciani y a uno de los jueces del Tribunal Oral Federal 2, Rodrigo Giménez Uriburu. Los abogados defensores Carlos Beraldi y Ary Llernovoy argumentaron que el fiscal y el juez tienen una relación de amistad, integran un mismo equipo de fútbol e incluso, según publicó el domingo el diario Página 12, jugaron un partido en la quinta Los Abrojos, de Mauricio Macri, cuando Este era presidente.
Al inicio de la audiencia, el fiscal Luciani anticipó al tribunal su intención de responder de manera oral a los cuestionamientos de la defensa de Cristina Kirchner para “dar máxima transparencia” a su trabajo y al juicio. Los otros dos jueces del tribunal, Jorge Gorini y Andrés Basso, resolvieron que la recusación se tramitara por “incidente”, es decir, de manera paralela a la continuidad del debate.
Tanto el fiscal como el juez recusado podrán hacer un descargo escrito u oral.
Lázaro Báez, sin competencia real
Al retomar su alegato, el fiscal Luciani afirmó que, en las licitaciones referidas a las canteras, “Lázaro Báez compitió contra Lázaro Báez”. El fiscal expuso distintas licitaciones en las que competían Austral Construcciones, Kank y Costilla, y Gotti (ligadas a a Báez) y Petersen, que siempre quedaba descalificada.
“Fue la caja clandestina de Lázaro Báez. Detrás de estas aparentes licitaciones, se cometieron actos graves de corrupción y las irregularidades se cometían a la vista de todos los funcionarios”, dijo.
“Fue sorprendente ver que la maniobra era tan burda” porque esas obras “fueron una excusa para transferir fondos del Estado nacional a Lázaro Báez. Es imposible llegar a otra conclusión”, dijo Luciani.
El fiscal Sergio Mola le apuntó a la publicidad obligatoria que debían tener las licitaciones. “Se publicaban en secciones ajenas al tema y en medio de avisos”, indicó.
Vialidad: la recusación
Consultado por La Voz sobre la recusación al fiscal y al juez, Andrés Gil Domínguez, abogado y profesor de Derecho Constitucional, dijo: “Las fotos dan argumentos para un planteo porque hablan de una relación de amistad (entre juez y fiscal) por fuera del vínculo institucional, lo que no quiere decir que el juicio deba detenerse. Se sigue mientras se resuelven los recursos”.
Gil Domínguez opinó que “todos los códigos prevén el instituto de la recusación o excusación. Las defensas deberán probar si en la relación entre el juez y el fiscal existió algún consejo o estrategia y tienen una amistad íntima prohibida por el Código. Los jueces y los fiscales no deberían compartir un equipo sea del juego que sea, y me parece desprolijo desde lo institucional ir a jugar a la quinta de quien era presidente en ese momento”, agregó.
En la recusación presentada por los abogados de Cristina Fernández de Kirchner, se lee: “Llevaban a cabo sus actividades sociales y futbolísticas no en cualquier lugar, sino nada más ni nada menos que en la quinta Los Abrojos, la cual, como es de dominio público, es de propiedad del expresidente de la Nación Mauricio Macri”.
Los abogados piden que se declare “la nulidad de todos los actos procesales desarrollados por los nombrados magistrados” en la causa.
