La Corte Suprema de Justicia decidió hoy rechazar la recusación que la expresidenta Cristina Kirchner presentó contra el juez Ricardo Lorenzetti. Esta determinación es crucial porque permite al tribunal avanzar en la llamada causa “Vialidad”, un expediente que ya cuenta con un fallo de un tribunal oral, confirmado por la Cámara de Casación Penal, que condena a Cristina Kirchner a la pena de seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos.
La condena inicial fue dictada en diciembre de 2022 por el Tribunal Oral Federal 2 por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, relacionada con la adjudicación de obras públicas en la provincia de Santa Cruz. La Cámara de Casación Penal ratificó este fallo en 2024.
La defensa de la expresidenta había argumentado que Lorenzetti habría mostrado su postura en el caso, mencionando, entre otros hechos, que aseguró públicamente que la causa Vialidad debía resolverse antes de las elecciones. En respuesta, el juez Lorenzetti había solicitado a sus colegas Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz que rechacen la recusación sin más análisis, calificándola de improcedente y carente de sustento normativo.
Los argumentos de la Corte para desestimar el planteo de la defensa fueron variados. Entre ellos, el tribunal señaló que, de acuerdo con su doctrina, las recusaciones manifiestamente inadmisibles deben ser desestimadas de plano. Asimismo, indicaron que las circunstancias esgrimidas por la defensa no fueron denunciadas de manera oportuna y carecen de la fundamentación necesaria exigida por las normas y los antecedentes del tribunal.
Muchos de los hechos denunciados eran anteriores a la presentación del recurso y de conocimiento público, por lo que debieron haber sido planteados cuando el caso llegó a la Corte. Los hechos posteriores fueron denunciados en el escrito de recusación del 5 de mayo pasado, excediendo el plazo legal. Respecto a los hechos dentro del plazo, los jueces consideraron que el planteo se limitó a invocar en forma genérica una supuesta falta de imparcialidad de Lorenzetti, sin fundarse en causales específicas previstas.
Ahora, los tres jueces que deben definir el caso Vialidad —Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti— enfrentan una decisión clave: pueden rechazar las apelaciones sin analizarlas, lo que confirmaría las condenas previas y las dejaría firmes, o abrir el caso para un análisis más profundo, lo que podría extender el proceso.
La decisión del máximo tribunal no solo definirá el futuro judicial de Fernández de Kirchner, sino que también podría tener un impacto significativo en el escenario político argentino. El calendario electoral es un punto clave. Esta semana, Cristina Kirchner confirmó que competirá por la Tercera Sección Electoral del Conurbano bonaerense en las elecciones del 7 de septiembre.
Dado que su condena aún no está firme, puede ser candidata a cargos provinciales y nacionales. La fecha límite para presentar listas para las elecciones provinciales es el 19 de julio, y las elecciones son el 7 de septiembre. Si Cristina Kirchner inscribe su candidatura, contará con inmunidad de arresto y tampoco se haría efectiva la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La fecha límite para las candidaturas nacionales es el 17 de agosto.
Ante la Corte se encuentran diversas posturas. El 15 de mayo, el Procurador General Eduardo Casal pidió que Cristina Kirchner sea condenada a 12 años de prisión por asociación ilícita en la causa Vialidad, respaldando la postura del fiscal Mario Villar. También solicitó que el monto a decomisar a todos los condenados sea de $ 5.321.049.272,42. El dictamen de Casal no es vinculante para la Corte. Por otro lado, la defensa de Cristina Kirchner solicitó su absolución, al igual que el resto de los condenados en el juicio, entre ellos el empresario Lázaro Báez, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex titular de Vialidad José Periotti y cinco ex funcionarios de Vialidad de Santa Cruz.
La causa Vialidad cuenta con lo que se denomina “doble conforme”: una condena del tribunal oral confirmada por la Cámara de Casación. En muchos casos, la Corte rechaza estos planteos sin analizarlos, dejando la condena firme. Un antecedente citado es el caso Ciccone, donde fue condenado el ex vicepresidente Amado Boudou. Tres de los jueces actuales de la Corte (Rosatti, Lorenzetti y Rosenkrantz) firmaron esa decisión.
Existe una tercera opción para la Corte, además de rechazar o demorar: “abrir el recurso”, entender que hay aspectos a revisar y devolver el expediente a tribunales inferiores para una nueva sentencia. Un caso diferente fue el del ex presidente Carlos Menem, que no contaba con “doble conforme” y cuyas causas fueron remitidas a tribunales inferiores en 2017, lo que le permitió competir en elecciones porque su condena no quedó firme.
Las próximas semanas podrían ser decisivas para conocer qué camino tomará la Corte Suprema en este caso de alto impacto político y judicial.
