Alberto Fernández volvió a coquetear con la idea de estatizar Vicentín, la empresa santafesina que a fines del 2019 cayó en default, con 1.600 millones de dólares adeudados, y atraviesa una crisis de la que todavía no puede salir.
“En materia alimenticia, tenemos que hacer algo que nos permita de algún modo intervenir para ordenar estas cosas. No se trata de la Junta Nacional de Granos, sino de buscar más herramientas. En su momento, la alternativa Vicentín la descarté”, dijo el Presidente en Página 12.
Ahora, a su entender, hay chances de reflotar la idea, porque el “escenario es más favorable”, dado que la Corte Suprema santafesina frenó el acuerdo que la empresa estaba a punto de alcanzar con los acreedores, con lo cual la propuesta de los dueños de la empresa quedó en stand by.
Empresa testigo
Surgen interrogantes a borbotones. La primera pregunta es para qué querría el Estado una molinera que tiene el 15% del mercado de granos en el país y que está lejos de ostentar una posición de envergadura para que funcione como “testigo”.
Empresa testigo es aquella que tiene una porción dominante en el mercado, posición que, aun tratándose de “precios libres”, obliga a la competencia a pivotear en torno de ella: estar más caros implica no vender; más baratos, perder plata.
Es lo que pasa con YPF, que tiene el 60% de las ventas.
Los precios de los combustibles en Argentina no están regulados, pero las petroleras siempre van detrás de YPF, que mueve sus precios en función de lo que le dictan desde Casa Rosada y no en función de su cuadro de resultados.
Paréntesis ahí: en el penúltimo aumento del diésel, de mayo pasado, Axxion y Shell hicieron punta con el 11% de suba y luego se sumó YPF. Es que cuando el recurso es escaso, ni siquiera la posición dominante alcanza.
¿Qué querría hacer el Estado con una empresa testigo? ¿Fijar un precio interno al trigo, por caso, más bajo de lo que paga el mercado? Perdería el productor, que obviamente buscaría venderle a otra empresa que le pague mejor. Hay casi 200 molinos en la Argentina.
Otra alternativa sería “forzar” al productor a venderle a pérdida y que el Estado subsidie la diferencia. Más allá del costo fiscal, eso anularía el efecto de “empresa testigo”, porque al fin y al cabo le pagaría al productor como una del montón.
Podría esperar Alberto Fernández que Vicentín, con ese trigo ficticiamente barato, hiciera fideos y galletas a bajo precio, con lo que lograría bajar la inflación en góndola. Es difícil suponer que una sola industria traccione el IPC a la baja.
Pero imaginemos que los fideos y galletas de Vicentín se vuelven muy apetecibles por su bajo precio. Crecería la demanda de los consumidores, lo que implicaría subsidiar más trigo barato y, por ende, incrementar el gasto público.
Como no hay quién financie el déficit, el Estado seguirá emitiendo moneda y alimentando la inflación a la que dice querer combatir estatizando Vicentín.
Un punto más en contra: el fuerte de Vicentín es la soja, que tiene un consumo local reducido. Menos margen para intervenir, entonces, en la mesa de los argentinos.
¿Cómo se haría la intervención?
La otra pregunta es cómo haría semejante intervención un Estado que ni siquiera supo llevar adelante la licitación de 560 kilómetros de gasoducto que le podrían ahorrar un mínimo de 10 mil millones de dólares en importación de GNL.
No se supo hacer una cosa que tenía un beneficio tangible, ¿cómo se podría hacer algo más complejo como administrar un holding agroindustrial que comercializa girasol, aceite, harina de soja, aceite de soja, fibra de algodón, pollos, cerdos y carne vacuna?
En 2021, las 33 empresas que maneja el Estado argentino registraron un saldo operativo negativo (o pérdidas operativas) por 3.767 millones de dólares, cifra equivalente a cerca de 0,7 puntos del producto bruto interno. Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino, Yacimientos Carboníferos Río Turbio, Fadea, Trenes Argentinos y Corredores Viales están entre las que más pierden. ¿Por qué Vicentín estaría al resguardo? ¿Con qué capital de trabajo arrancaría? ¿Qué pasaría con los acreedores que no arreglen?
La re-embestida de Alberto provocó, en cuestión de horas, una cadena de alertas en los sectores productivos, que leen ahí un avance sobre la propiedad privada. Si la empresa estuvo mal administrada o fue vaciada por sus dueños, en la Justicia están los resortes para liquidarla, que cobren los acreedores y que paguen los responsables.
Así sucede en los países con economías de mercado sólidas, donde los estados se abocan a hacer bien las funciones que nadie más que el Estado puede cubrir: administrar justicia, cuidar la seguridad interior y exterior, proveer de educación y salud, y resguardar la paz interior.
Vicentín: conclusiones obvias
Lo cierto es que hay algunas conclusiones obvias luego del dislate de Alberto.
Primero, eso: se trata de un dislate. Ante la ineficacia absoluta en contener la inflación, aparecen estas ideas disparatadas que seducen al electorado que sigue a Cristina y que hoy se manifiesta abiertamente desencantado con la gestión de Alberto.
Vendría a ser un intento más del Presidente para congraciarse con la audiencia camporista, que ama la intervención estatal; más todavía si apunta a la agroindustria. Música para esos oídos.
Lo segundo es que se trate de un intento de sacudir la agenda, dominada hace 10 días por la todavía inexplicable presencia de un avión iraní-venezolano en suelo argentino y la casi segura vía libre que la Corte Suprema de Justicia le dará al juicio contra Cristina por la causa de la obra pública asignada por Vialidad a Lázaro Báez.
Es tan incómodo hablar de esos temas que el Presidente prefiere que le tomen el pelo y asegura que con Vicentín dominará los precios en la Argentina.
