Carlos Wagner fue presidente de la Cámara Argentina de la Construcción en los años dorados del kirchnerismo. Detenido por orden del juez Claudio Bonadio en la llamada “causa de los cuadernos”, confesó que en 2004 el entonces ministro de Planificación, Julio De Vido, lo citó a su despacho para decirle que, por orden de Néstor Kirchner, “debía garantizar en forma personal el éxito acorde a los intereses del Gobierno en las licitaciones públicas que se llamaron a partir de ese momento, fundamentalmente en el rubro vial”.
La obra pública se repartiría entre las empresas dispuestas a entrar en el juego y sería una fuente de recaudación para financiar los gastos políticos. Llamada una licitación, los interesados compraban los pliegos y se reunían para determinar al ganador. Los propios empresarios decidían, así, qué parte de la torta les tocaba en esa vuelta, a sabiendas de los retornos que debían pagar a los funcionarios corruptos que las entregaban.
Wagner es uno más de una larga lista de emprendedores imputados que se acogieron al régimen de delación premiada del artículo 41 del Código Penal, aportando información relevante a cambio de mejores condiciones procesales y una reducción sustancial de la pena en el supuesto de ser condenados.
Quienes actuaron como él reconocieron haber realizado los pagos ilícitos, pero se escudaron en haber procedido de esa manera por presiones del Gobierno de entonces y por temor a perder las fuentes de trabajo generadas por su actividad.
Una estrategia razonable
Las declaraciones así formuladas tienen sentido. Forman parte de una estrategia razonable de los abogados defensores, que tratan de escapar del cohecho activo que se les imputaría a sus clientes, para refugiarse en la impunidad de la exacción ilegal o de la extorsión. En el primer caso, los empresarios serían tan delincuentes como los funcionarios; en el segundo, serían víctimas.
El cohecho pasivo o soborno es el delito del funcionario que acepta o recibe una dádiva para hacer, no hacer, o retardar algo relativo a su competencia. Requiere, de modo indefectible, que haya un corruptor que lo proponga, un sobornador que, a su vez, responde como autor de cohecho activo.
La doctrina penalista opina, por lo general, que no es posible un cohecho pasivo si el agente administrativo pide o exige la coima, porque el tipo penal está redactado en términos incompatibles con la solicitud.
Si tal cosa sucede, entonces su conducta –de concurrir todos los requisitos de la figura– debería calificarse como una exacción que tiene una pena inferior al soborno. El particular pasaría a ser víctima porque, frente a la exigencia del agente, pagaría por error acerca de la legalidad de lo exigido por la autoridad.
Lo que Wagner contó no es su participación en un cohecho, porque la iniciativa de la práctica corrupta –según su versión– partió de los miembros del gobierno.
Los empresarios aducen no haber sobornado, sino actuado en virtud de esta presión que viciaba su voluntad por coacción, y se vislumbra con claridad que sus defensores apuntan a victimizarlos para desbaratar las acusaciones; ya sea porque fueron destinatarios de exacciones o de una extorsión.
Fraude contra el Estado
Los empresarios aducen no haber tenido alternativa: o entraban en la trenza o no había obras para ellos. Pero perder un beneficio, no ganar dinero o dejar de enriquecerse no son razones plausibles para sucumbir impunemente a las imposiciones ilegales de los burócratas, máxime cuando se conoce el funcionamiento de una maquinaria montada por miembros del Gobierno para apropiarse de fondos públicos.
Los hombres de negocios ganaban plata con la obra pública gracias a los sobreprecios. De allí salía el dinero para pagar los retornos, con lo cual el Estado sufría cuantiosos perjuicios. No son víctimas, sino engranajes necesarios de un crimen organizado desde las más altas esferas del Estado para saquearlo sin piedad, y son partícipes necesarios de fraude contra la administración, junto con una retahíla de delitos en el camino.
Optaron, en definitiva, por someterse a un sistema perverso que al final del camino los ha dejado en las puertas de la cárcel.
Es verdad que el clima de la época no ayudaba a sacar los pies del plato sin consecuencias lamentables; pero no es menos cierto que, con su complacencia, contribuyeron a forjar ese clima, a mantenerlo y a profundizar la decadencia. Porque si en lugar de reunirse para repartirse el botín lo hubieran hecho para sacar a la luz, en forma conjunta, lo que se estaba gestando; sin dudas, otra sería la historia.
